Los niños esperan en promedio seis años para obtener justicia: Esteban Reyes

Cifras de Fiscalía y Medicina Legal estiman que, alrededor de dos menores de edad son asesinados cada día en Colombia. Mientras que, el ICBF reporta más de 70.000 procesos de restablecimiento de derechos para menores vulnerables desde el año pasado. El pasado 27 de octubre, por ejemplo, Alexis Delgado, un bebé de seis meses fue abusado, torturado y asesinado en San Cayetano (Cundinamarca) presuntamente por un familiar. Al igual que Alexis, Sofía Delgado, de 12 años, desapareció el pasado 29 de septiembre en Candelaria (Valle del Cauca). Días después encontraron su cuerpo, víctima de feminicidio, en un cañaduzal.

En el caso de la niña Sofía, Brayan Campo, un vecino de su familia, confesó haber sido el culpable del crimen contra la menor. En cuanto a Alexis, las autoridades señalan como culpable a Carlos Steven Herrán Rodríguez, esposo de una tía que tenía la custodia del niño. Por ahora, en medio del cubrimiento en medios de comunicación de sus muertes, los procesos judiciales por las graves agresiones contra los menores también avanzan, aunque la historia ha demostrado que la impunidad es constante en la administración de justicia para estos casos, tanto que la Fiscalía archiva 120.000 casos al mes.

Pero la justicia para los niños, según Esteban Reyes, director de la oenegé Aldeas Infantiles, va más allá de la sanción y requiere una reforma profunda del sistema de justicia, garantizando que los operadores tengan las competencias y actitudes adecuadas para garantizar la efectiva protección de los derechos de los niños y las niñas. En El Espectador hablamos con él sobre el panorama actual de la violencia y el significado de justicia para la niñez en el país.

¿Cuál es actualmente el panorama de las violencias contra la niñez en Colombia?

Desde Aldeas Infantiles llevamos ya 53 años trabajando en el cuidado de los niños que han perdido el cuidado parental, los que entran en el sistema de protección. La principal causa por la cual se da esto es por situaciones de violencia intrafamiliar. Desafortunadamente, en Colombia, la principal causa de separación de niños de sus padres es la violencia sexual; es el número más alto, e ingresan al sistema anualmente alrededor de 50.000 niños a los que se les inicia una medida de protección.

Pero estos son apenas los casos más graves y los más visibles, porque lo que vemos permanentemente en el país es que hay un sistema que tiene una capacidad limitada de atención y de respuesta. Hay casos muy sonoros, como los casos recientes que hemos escuchado, que por sus implicaciones mediáticas generan una respuesta estatal, pero la mayoría de los casos quedan ocultos. Estimamos, por las cifras de Fiscalía y Medicina Legal, que alrededor de dos menores de edad son asesinados cada día. El año pasado llegaron a ser cerca de 540 y este año la cifra también sigue teniendo esos números parecidos; cada cinco días, un menor de siete años es asesinado en Colombia.

Ya que comienza a hablar de estas violencias más visibles, ¿cuáles son esas violencias que pasan más desapercibidas y que son más invisibles contra de los niños?

Las más invisibles, porque en gran medida están en algunos casos normalizadas o hay un gran umbral de tolerancia hacia ellas, son las violencias que se dan en los entornos domésticos, en las familias, y que están un poquito bajo la figura de negligencias parentales, en algunos casos, o maltratos físicos o psicológicos que se entienden como formas de educación o de crianza para los hijos. Pero en Colombia, desde hace poco están prohibidos. Una de las conquistas que tuvimos en el trabajo de incidencia fue la ley que prohibió el castigo físico en Colombia, la Ley 2089 del 2021.

¿Cuáles son esos factores que en el caso colombiano, incrementan más la violencia contra niños y niñas?

Son varios factores, pero el cultural tiene una gran implicación. Muchas veces las creencias o actitudes que están a la base de estos comportamientos se transmiten de generación en generación. Está la vieja creencia de que si a mí me criaron de esta manera, esa es la mejor forma y yo debo replicarla. Hay una causa cultural muy arraigada que requiere un cambio cultural. Además, no basta con que hagamos leyes prohibiendo ciertas conductas; es necesario también incidir en el cambio de esas conductas a nivel legislativo, inversión pública y fortalecer y articular todas las agencias que tienen que dar respuesta a los temas de vulneración de derechos.

¿Qué representan entonces los asuntos de niñez a nivel político?

Desde nuestro entender, los asuntos de la niñez son, a nivel político, asuntos de segundo orden para los gobiernos, porque la destinación de recursos es insuficiente, muy por debajo de lo que se necesita. Quizás, porque los menores de 18 años no votan. Esto en términos culturales, sumado a un Estado que no hace nada al respecto porque no lo ve como una prioridad y, por ende, no invierte recursos ni genera estructuras sólidas para la garantía de los derechos.

Todo eso es la fórmula perfecta para que las situaciones no cambien y para que sigamos viendo en el país, año tras año, noticias que nos escandalizan cuando son dramáticas, pero que están pasando de forma permanente. Somos un poco ajenos e insensibles a ellas y estamos acostumbrados, creemos los colombianos, a ver situaciones donde niños y niñas están en situaciones de calle o abandono, como resultado del conflicto armado, de la migración. Vemos muchos menores no acompañados y los aceptamos casi como si fuera normal. Cuando tal vez lo más importante es que desde la inversión del Estado se generaran las bases para que la cultura misma empiece a ser intolerante frente a toda forma de maltrato, explotación o vulneración de derechos de cualquier niño o niña en Colombia.

¿Cómo considera que debería responder el Estado y sus instituciones a esta situación?

Por un lado, con inversión de recursos, eso es fundamental. Que haya una destinación de recursos y leyes es una respuesta y Colombia es un país que tiene mucha legislación, mucha normatividad; la garantía de los derechos de los niños y niñas está más que reconocida en distintos instrumentos nacionales e internacionales. Sin embargo, el problema es más de implementación y aplicación, no se cumplen como debería. El Estado debería responder con una acción decidida en ese sentido, que se traduzca en ver cómo se están implementando las leyes y trabajar con los funcionarios y operadores que tienen a su cargo la garantía de estos derechos, además de una mayor inversión de recursos.

Un ejemplo de ello puede ser la Ley que obligó a la Fiscalía a crear una Unidad especializada en delitos contra menores, en 2022. ¿Qué decir de lo que dice la ley y la implementación en realidad?

La ley obligó a la creación de una unidad especial dedicada a investigar delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, pero la Fiscalía no la creó a pesar de que estaba el mandato legal. Tuvimos que poner una acción de cumplimiento, y con esta acción se logró el Consejo de Estado obligara a la Fiscalía a crear la unidad, y la crearon recientemente. Uno pensaría que esto es una conquista, pero cuando uno mira en detalle lo que está pasando, se da cuenta de que no cambió nada.

Crearon la unidad para cumplir con el mandato legal, pero en la medida en que no la doten de herramientas y personal especializado, no basta con poner un letrero en una oficina de la Fiscalía diciendo que es la unidad de investigación. Es necesario que realmente se haga una destinación adicional de recursos para que esto se convierta en un mecanismo generador de justicia. Y si eso no pasa, ¿qué vemos? Pues que nada funciona. Entonces, no basta con crear la ley, también se requiere la decisión de operativizarla en los espacios donde se implementa y generar los recursos necesarios para ello. Otro de los grandes problemas que hay en estos temas es la impunidad, que tiene que ver con todo lo que estoy hablando.

¿Cómo podríamos comprender el acceso a la justicia para los niños que sufren violencias sexuales y que, además son víctimas de homicidios y feminicidios en Colombia?

Justicia sería que los niños no tuvieran que esperar más de seis años, como ocurre hoy, para poder ver una sanción penal. Justicia es que los indicadores de impunidad no sean del 94 %, y justicia también es que los operadores judiciales traten con respeto y dignidad tanto a las víctimas como a sus representantes, que muchas veces son sus madres. Muchas veces ellas y los mismos niños son revictimizados por un sistema en el cual los operadores no tienen la especialidad para tratarlos de una forma amorosa y cuidadosa, entendiendo las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los niños y niñas que han sido víctimas.

Justicia sería que, en el caso en que una niña sea agredida en su familia, la respuesta del Estado no sea llevarse a la niña a una institución, sino sacar al agresor y poner una protección para que no se acerque a la víctima. Justicia implicaría reformar muchas prácticas del sistema, que ya sea por su diseño o implementación hacen que el incentivo para que un niño, una niña o su madre busquen justicia sea bajo, y en algunos casos los lleve a buscar justicia por mano propia. Vemos cómo, en hechos recientes, comunidades indignadas salen a linchar a un presunto agresor por la sensación de que, si no lo hacen ellos, el Estado no va a hacer nada. Se requiere una reforma profunda del sistema de justicia, garantizando que los operadores tengan las competencias y actitudes adecuadas para garantizar la efectiva protección de los derechos de los niños y las niñas.

¿Cómo vislumbra este panorama para los niños en el país?

Debemos ser optimistas. Ahora tenemos una oportunidad importante, ya que el 6 y 7 de noviembre Colombia será anfitrión de la primera conferencia Interministerial para la eliminación de la violencia contra niños y niñas, donde vendrán ministros de más de 100 países para conversar sobre cómo trabajar para alcanzar la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca erradicar la violencia contra niños y niñas. Esto es difícil, pero creemos que es posible.

Algunas sociedades han puesto esto en el centro de la conversación. Por ejemplo, el caso de España, que tiene una legislación muy sólida y unas instituciones sensibles a las necesidades de los niños. Creemos que si hay un esfuerzo conjunto y esta conferencia en Colombia ayuda a crear conciencia, podríamos avanzar. Esto no es solo un problema de unos gobernantes; es un problema de la sociedad en su conjunto. ¿Qué tal si construimos una sociedad donde los niños crezcan sin agresiones, sin violencia, y dotados de amor, seguridad y confianza en sí mismos?

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador

Cifras de Fiscalía y Medicina Legal estiman que, alrededor de dos menores de edad son asesinados cada día en Colombia. Mientras que, el ICBF reporta más de 70.000 procesos de restablecimiento de derechos para menores vulnerables desde el año pasado. El pasado 27 de octubre, por ejemplo, Alexis Delgado, un bebé de seis meses fue abusado, torturado y asesinado en San Cayetano (Cundinamarca) presuntamente por un familiar. Al igual que Alexis, Sofía Delgado, de 12 años, desapareció el pasado 29 de septiembre en Candelaria (Valle del Cauca). Días después encontraron su cuerpo, víctima de feminicidio, en un cañaduzal.

En el caso de la niña Sofía, Brayan Campo, un vecino de su familia, confesó haber sido el culpable del crimen contra la menor. En cuanto a Alexis, las autoridades señalan como culpable a Carlos Steven Herrán Rodríguez, esposo de una tía que tenía la custodia del niño. Por ahora, en medio del cubrimiento en medios de comunicación de sus muertes, los procesos judiciales por las graves agresiones contra los menores también avanzan, aunque la historia ha demostrado que la impunidad es constante en la administración de justicia para estos casos, tanto que la Fiscalía archiva 120.000 casos al mes.

Pero la justicia para los niños, según Esteban Reyes, director de la oenegé Aldeas Infantiles, va más allá de la sanción y requiere una reforma profunda del sistema de justicia, garantizando que los operadores tengan las competencias y actitudes adecuadas para garantizar la efectiva protección de los derechos de los niños y las niñas. En El Espectador hablamos con él sobre el panorama actual de la violencia y el significado de justicia para la niñez en el país.

¿Cuál es actualmente el panorama de las violencias contra la niñez en Colombia?

Desde Aldeas Infantiles llevamos ya 53 años trabajando en el cuidado de los niños que han perdido el cuidado parental, los que entran en el sistema de protección. La principal causa por la cual se da esto es por situaciones de violencia intrafamiliar. Desafortunadamente, en Colombia, la principal causa de separación de niños de sus padres es la violencia sexual; es el número más alto, e ingresan al sistema anualmente alrededor de 50.000 niños a los que se les inicia una medida de protección.

Pero estos son apenas los casos más graves y los más visibles, porque lo que vemos permanentemente en el país es que hay un sistema que tiene una capacidad limitada de atención y de respuesta. Hay casos muy sonoros, como los casos recientes que hemos escuchado, que por sus implicaciones mediáticas generan una respuesta estatal, pero la mayoría de los casos quedan ocultos. Estimamos, por las cifras de Fiscalía y Medicina Legal, que alrededor de dos menores de edad son asesinados cada día. El año pasado llegaron a ser cerca de 540 y este año la cifra también sigue teniendo esos números parecidos; cada cinco días, un menor de siete años es asesinado en Colombia.

Ya que comienza a hablar de estas violencias más visibles, ¿cuáles son esas violencias que pasan más desapercibidas y que son más invisibles contra de los niños?

Las más invisibles, porque en gran medida están en algunos casos normalizadas o hay un gran umbral de tolerancia hacia ellas, son las violencias que se dan en los entornos domésticos, en las familias, y que están un poquito bajo la figura de negligencias parentales, en algunos casos, o maltratos físicos o psicológicos que se entienden como formas de educación o de crianza para los hijos. Pero en Colombia, desde hace poco están prohibidos. Una de las conquistas que tuvimos en el trabajo de incidencia fue la ley que prohibió el castigo físico en Colombia, la Ley 2089 del 2021.

¿Cuáles son esos factores que en el caso colombiano, incrementan más la violencia contra niños y niñas?

Son varios factores, pero el cultural tiene una gran implicación. Muchas veces las creencias o actitudes que están a la base de estos comportamientos se transmiten de generación en generación. Está la vieja creencia de que si a mí me criaron de esta manera, esa es la mejor forma y yo debo replicarla. Hay una causa cultural muy arraigada que requiere un cambio cultural. Además, no basta con que hagamos leyes prohibiendo ciertas conductas; es necesario también incidir en el cambio de esas conductas a nivel legislativo, inversión pública y fortalecer y articular todas las agencias que tienen que dar respuesta a los temas de vulneración de derechos.

¿Qué representan entonces los asuntos de niñez a nivel político?

Desde nuestro entender, los asuntos de la niñez son, a nivel político, asuntos de segundo orden para los gobiernos, porque la destinación de recursos es insuficiente, muy por debajo de lo que se necesita. Quizás, porque los menores de 18 años no votan. Esto en términos culturales, sumado a un Estado que no hace nada al respecto porque no lo ve como una prioridad y, por ende, no invierte recursos ni genera estructuras sólidas para la garantía de los derechos.

Todo eso es la fórmula perfecta para que las situaciones no cambien y para que sigamos viendo en el país, año tras año, noticias que nos escandalizan cuando son dramáticas, pero que están pasando de forma permanente. Somos un poco ajenos e insensibles a ellas y estamos acostumbrados, creemos los colombianos, a ver situaciones donde niños y niñas están en situaciones de calle o abandono, como resultado del conflicto armado, de la migración. Vemos muchos menores no acompañados y los aceptamos casi como si fuera normal. Cuando tal vez lo más importante es que desde la inversión del Estado se generaran las bases para que la cultura misma empiece a ser intolerante frente a toda forma de maltrato, explotación o vulneración de derechos de cualquier niño o niña en Colombia.

¿Cómo considera que debería responder el Estado y sus instituciones a esta situación?

Por un lado, con inversión de recursos, eso es fundamental. Que haya una destinación de recursos y leyes es una respuesta y Colombia es un país que tiene mucha legislación, mucha normatividad; la garantía de los derechos de los niños y niñas está más que reconocida en distintos instrumentos nacionales e internacionales. Sin embargo, el problema es más de implementación y aplicación, no se cumplen como debería. El Estado debería responder con una acción decidida en ese sentido, que se traduzca en ver cómo se están implementando las leyes y trabajar con los funcionarios y operadores que tienen a su cargo la garantía de estos derechos, además de una mayor inversión de recursos.

Un ejemplo de ello puede ser la Ley que obligó a la Fiscalía a crear una Unidad especializada en delitos contra menores, en 2022. ¿Qué decir de lo que dice la ley y la implementación en realidad?

La ley obligó a la creación de una unidad especial dedicada a investigar delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, pero la Fiscalía no la creó a pesar de que estaba el mandato legal. Tuvimos que poner una acción de cumplimiento, y con esta acción se logró el Consejo de Estado obligara a la Fiscalía a crear la unidad, y la crearon recientemente. Uno pensaría que esto es una conquista, pero cuando uno mira en detalle lo que está pasando, se da cuenta de que no cambió nada.

Crearon la unidad para cumplir con el mandato legal, pero en la medida en que no la doten de herramientas y personal especializado, no basta con poner un letrero en una oficina de la Fiscalía diciendo que es la unidad de investigación. Es necesario que realmente se haga una destinación adicional de recursos para que esto se convierta en un mecanismo generador de justicia. Y si eso no pasa, ¿qué vemos? Pues que nada funciona. Entonces, no basta con crear la ley, también se requiere la decisión de operativizarla en los espacios donde se implementa y generar los recursos necesarios para ello. Otro de los grandes problemas que hay en estos temas es la impunidad, que tiene que ver con todo lo que estoy hablando.

¿Cómo podríamos comprender el acceso a la justicia para los niños que sufren violencias sexuales y que, además son víctimas de homicidios y feminicidios en Colombia?

Justicia sería que los niños no tuvieran que esperar más de seis años, como ocurre hoy, para poder ver una sanción penal. Justicia es que los indicadores de impunidad no sean del 94 %, y justicia también es que los operadores judiciales traten con respeto y dignidad tanto a las víctimas como a sus representantes, que muchas veces son sus madres. Muchas veces ellas y los mismos niños son revictimizados por un sistema en el cual los operadores no tienen la especialidad para tratarlos de una forma amorosa y cuidadosa, entendiendo las condiciones físicas, psicológicas y sociales de los niños y niñas que han sido víctimas.

Justicia sería que, en el caso en que una niña sea agredida en su familia, la respuesta del Estado no sea llevarse a la niña a una institución, sino sacar al agresor y poner una protección para que no se acerque a la víctima. Justicia implicaría reformar muchas prácticas del sistema, que ya sea por su diseño o implementación hacen que el incentivo para que un niño, una niña o su madre busquen justicia sea bajo, y en algunos casos los lleve a buscar justicia por mano propia. Vemos cómo, en hechos recientes, comunidades indignadas salen a linchar a un presunto agresor por la sensación de que, si no lo hacen ellos, el Estado no va a hacer nada. Se requiere una reforma profunda del sistema de justicia, garantizando que los operadores tengan las competencias y actitudes adecuadas para garantizar la efectiva protección de los derechos de los niños y las niñas.

¿Cómo vislumbra este panorama para los niños en el país?

Debemos ser optimistas. Ahora tenemos una oportunidad importante, ya que el 6 y 7 de noviembre Colombia será anfitrión de la primera conferencia Interministerial para la eliminación de la violencia contra niños y niñas, donde vendrán ministros de más de 100 países para conversar sobre cómo trabajar para alcanzar la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca erradicar la violencia contra niños y niñas. Esto es difícil, pero creemos que es posible.

Algunas sociedades han puesto esto en el centro de la conversación. Por ejemplo, el caso de España, que tiene una legislación muy sólida y unas instituciones sensibles a las necesidades de los niños. Creemos que si hay un esfuerzo conjunto y esta conferencia en Colombia ayuda a crear conciencia, podríamos avanzar. Esto no es solo un problema de unos gobernantes; es un problema de la sociedad en su conjunto. ¿Qué tal si construimos una sociedad donde los niños crezcan sin agresiones, sin violencia, y dotados de amor, seguridad y confianza en sí mismos?

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador