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Henry Marín, consejero territorial de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), en Nariño, dice que su preocupación más grande es que cuando un condenado indígena llega a los centros de armonización étnica, que es como se les llama a los sitios a los que son llevadas las personas que cometen delitos, no hay forma de cubrir los gastos de manutención de los reclusos. Lo dice con la certeza de saber que tiene 17 personas en centros de reclusión en zona rural de Nariño, pero sus gastos de alimentación los deben cubrir sus propias familias. “No es un sistema penitenciario autosostenible”, dice en medio de un evento en Tumaco, el pasado 30 de mayo.
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A su petición se sumó la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, Mary Genith Viteri, quien les dijo que la ley de coordinación interjurisdiccional “prevé que el Gobierno surta de recursos (a los pueblos indígenas) para que asuman la manutención de esos presos”. Pero eso, según los gobernadores indígenas, está solo en el papel. Por eso, una de sus propuestas para seguir fortaleciendo la jurisdicción propia, es crear centros carcelarios en los que los presos trabajen y siembren su comida. “También la comida de sus familias, que frecuentemente se ve afectada cuando ellos caen en las cárceles o calabozos, porque eran los proveedores”, asegura Marín.
El debate se dio en medio del evento de coordinación interjurisdiccional e interétnico de la región de Nariño, en el que el Consejo Seccional de la Judicatura, jueces, la dirección de Fiscalías del departamento, representantes del Inpec y Medicina Legal, autoridades indígenas y afro, y el programa Justicia Inclusiva de Usaid, se reunieron en Tumaco con el propósito de consolidar un protocolo de comunicación entre todas las autoridades que les permita coordinar actuaciones conjuntas entre indígenas, afros y la justicia ordinaria.
Mary Genith Viteri, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, lleva más de cinco años buscando articular el trabajo de jueces y magistrados, con la cosmovisión de pueblos étnicos en ese departamento. En 2019, por ejemplo, lideró la primera mesa regional de trabajo con autoridades afro de Nariño, a pesar de que el sistema de justicia de los pueblos negros no tiene reconocimiento constitucional. Esa, de hecho, es todavía la lucha de fondo: que sus sistemas de justicia propios sean tenidos en cuenta jurídicamente.
Ninfa Anchicá, por ejemplo, integra el consejo de gobierno del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, en zona rural de Tumaco, a cuatro horas del casco urbano, y hace parte de la organización de mujeres Afroimpac. Desde allí, su trabajo ha sido el de promover los sistemas de justicia propios que buscan defender los derechos de las mujeres. “Si lográramos consolidar nuestra justicia ancestral, muchos casos no quedarían en la impunidad”, asegura.
Aunque muchos de los delitos que se cometen en su consejo comunitario son llevados ante mayores y autoridades que los tramitan a través de la ancestralidad, dice que hace falta que las acciones de los consejos comunitarios sean reconocidas y validadas por la justicia ordinaria. Algo que sí sucede, aunque sin ninguna formalidad, con los pueblos indígenas. Henry Marín, en medio del evento, contó el caso de la masacre en Inda Sabaleta en julio de 2022, en la que fueron asesinados Juan Orlando Moriano, gobernador suplente; Jhon Faver Nastacuas, su sobrino y uno de sus escoltas, y Carlos José García, también escolta. Aunque las autoridades judiciales abrieron una investigación ordinaria por esa masacre, las autoridades indígenas aseguran que podrían haber articulado su trabajo para lograr la captura de los responsables, si la coordinación entre ambas justicias fuera una realidad.
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Por ese y otros hechos de violencia en Nariño, Leonardo Vergara Bahamon, director seccional de Fiscalías Nariño, anunció que tienen vigentes más de 60 órdenes de captura contra los posibles responsables de varios hechos de violencia contra los indígenas y afros. Sin embargo, para Alberto*, un líder indígena Kamawari, muchas de esas acciones son apenas un saludo a la bandera. La última semana de marzo, fue citado por integrantes del ELN que le advirtieron que conocían las denuncias que hacía ante la Fiscalía.
“En varias ocasiones me han buscado a decirme que detenga las denuncias, que ellos saben hasta la documentación que yo entrego a la Fiscalía, que no me busque más problemas”, le dijo a El Espectador el líder. Esa denuncia también se elevó en medio del evento en Tumaco, en presencia del director de Fiscalías, quien respondió que la entidad no tenía ninguna relación con grupo armado alguno y que seguirán investigando.
Coordinar la justicia propia y ancestral con la justicia ordinaria no es un asunto menor. Para este fin, Libardo Ariza, el director del área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, socializó un protocolo de coordinación interjurisdiccional que pretende facilitar este camino. En el documento se establece la categorización de faltas o delitos y la competencia de cada justicia para abordarlos. Por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar, de incumplimientos en contratos de obra, delitos contra el patrimonio económico (hurtos, estafa, corrupción), problemas de convivencia con lesiones, entre otros delitos, se propone que sean tratados ante las autoridades étnicas, como las de justicia ordinaria.
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Aunque estas son apenas propuestas y el documento podría cambiar en los próximos meses, según la concertación a la que lleguen las autoridades, en Nariño se gesta una de las primeras mesas interétnica de justicia que, por primera vez en Colombia, reúne a autoridades afro, indígenas y a jueces de la República por el mismo fin. Henry Marín, en su intervención, fue enfático en decir que no se pueden quedar en voluntades políticas: “Necesitamos consolidar un protocolo efectivo en el que participen las autoridades que sí permanecen en los territorios. Si cuando se comete un delito, logramos que la guardia indígena sea la primera en llegar al lugar de los hechos, podemos acelerar el proceso para la justicia ordinaria”
Su petición no es en vano. La guardia indígena de Nariño ha efectuado varias capturas en flagrancia a personas que cometen delitos y que terminan judicializadas por la justicia propia. Marín aseguró que, para seguir con ese proceso, “necesitamos que el Inpec nos reciba a los condenados desde el territorio, que lleguen ellos mismos para formalizar los procesos”. Su objetivo es lograr la suma de esfuerzos entre jueces y autoridades judiciales para evitar los altos índices de impunidad, especialmente, en zonas de concentración de conflicto armado como la Costa Pacífica Nariñense.
*Nombre cambiado por petición de la fuente.