Los reclamos y avances en procesos de restitución de tierras en Montes de María

Lentitud en los procesos y falta de seguimiento. Esos son algunos de los problemas que los representantes de víctimas de los municipios que conforman los Montes de María han evidenciado en los procesos de restitución de tierras. A esto se suma la presencia de grupos armados en la zona que, como ha advertido en alertas tempranas la Defensoría del Pueblo, amenazan a los solicitantes. En medio de ese panorama, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) dice tener avances.

De acuerdo con los representantes de víctimas de despojo, abandono o confinamiento, las sentencias “están próximas a resolverse”, como reconoció un líder de la región, y aunque a simple vista esto parece positivo, algunos argumentan que podría haber mayor celeridad en los procesos. Prueba de ello son los reclamos realizados desde la voz de las víctimas a la URT en un evento realizado en Cartagena por esa entidad y que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva y la Defensoría del Pueblo.

Uno de los principales reclamos se dio por parte de un líder de Zambrano (Bolívar), que aseguró que solo el 40% de los terrenos pertenecen al campesinado y el 60% al empresariado, todo esto después de décadas de desplazamiento, “por lo que aún hay retrasos”. Sus exigencias se suman a las de otros representantes como Juan Manuel Marrugo Vergara, quien se identifica como el enlace municipal de víctimas en San Onofre (Sucre), y quien aseveró que lo principal es que los esfuerzos de la URT se enfoquen en resolver las solicitudes pendientes en ese territorio. “Las personas están reclamando sobre sus procesos y están pidiendo mayor eficacia para resolver sus problemas de tierras”, dijo.

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Estos no son los únicos casos. En San Jacinto (Bolívar), por ejemplo, son más de 1.200 solicitudes de restitución y desde la mesa de víctimas aseguran que no hay avances en la formalización. Entretanto, en Colosó (Sucre), se han presentado 16 sentencias cumplidas de restitución y en municipios como San Juan Nepomuceno (Bolívar) hay más de 200 sentencias, de las cuales solo 44 han llegado a la oficina jurídica y al enlace de víctimas, algunas, incluso, que están sobre la mesa desde el 2013.

“Queremos que haya más puntos de atención para que la población beneficiaria pueda acceder y realizar sus solicitudes”, señaló Norlys Herrera, coordinadora del comité de impulso de la mesa de garantías de los 15 municipios de Montes de María y coordinadora de la mesa de víctimas de San Onofre. Para ella, es importante que la población tenga claros ciertos puntos como las fechas en las que se debe solicitar un proceso de restitución, que tienen su punto de partida desde el 1 de enero de 1991.

Respecto a San Onofre, particularmente, Herrera asegura que los procesos han tenido acompañamiento por parte de la URT y se han asignado algunos proyectos productivos para garantizar una estabilidad en el terreno restituido. Aunque para ella hay avances, asegura que han solicitado que se tenga en cuenta un enfoque diferencial, pues en el municipio predominan las personas afros.

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“Queremos que estos procesos se vean con más rapidez, que se agilicen más. Aunque la metodología que se ha tratado la hemos entendido, es lenta, por eso buscamos que los procesos fluyan”, resumió Ibis Álvarez, coordinadora de la mesa departamental de víctimas en Sucre, las necesidades que los reclamantes le han comunicado en ese departamento. Además, para ella es fundamental que se dé una articulación entre la URT y las mesas de víctimas, bien sean departamentales o municipales.

“Buscamos que se brinden las garantías para después de la entrega de predios. La institucionalidad la vemos cuando se entregan los predios, de ahí para adelante lo que recibimos son amenazas”, señaló Álvarez, y agregó que en muchas ocasiones los beneficiarios tienen que salir nuevamente de su tierra. “Esperamos, más que todo, garantías de seguridad”, dijo. Por esta razón, Álvarez entregó una propuesta a la URT, en la cual resume los reclamos de los solicitantes en el departamento de Sucre, y hace hincapié en la necesidad de mejorar su seguridad, con lo cual esperan recibir apoyo institucional.

En esto estuvo de acuerdo una coordinadora de mesa de víctimas, quien solicitó omitir su identidad y el municipio que representa, y aseguró que en el territorio el panorama tiende a ser muy oscuro. Señala que hay alertas tempranas vigentes que dan cuenta de las amenazas que reciben más de 62 organizaciones de víctimas en los Montes de María, sobre todo poblaciones afros, indígenas y víctimas del conflicto armado, así como reclamantes de tierras y segundos ocupantes, principalmente por el Clan del Golfo o AGC.

“Lo que nos da intranquilidad es que hay caseríos que están mencionados en la alerta temprana y, si sale la sentencia sobre ese predio, los solicitantes les da temor acudir allá. ¿Cómo vamos a mitigar ese problema? ¿Cómo les entregamos sus predios y decirles que la violencia no los va a volver a sacar?”, cuestionó la lideresa.

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Los avances, según la URT

De acuerdo con un informe de seguimiento y verificación de los avances de la entidad en términos de restitución, hasta el 30 de abril de 2023 se habían emitido, en etapa judicial, 8.155 sentencias y 14.313 solicitudes resueltas mediante sentencia, beneficiando a más de 38.000 personas. Frente a los proyectos productivos, estos han llegado a más de 6.341 en los diferentes predios entregados, con una inversión de más de $188.000 millones en todo el país.

Para Mauricio Martínez Rivillas, director territorial de la URT para Bolívar y Sucre, además de las cifras, se debe resaltar el enfoque diferencial de género dentro de los procesos. De acuerdo con el director, se han beneficiado más de 1.882 mujeres en el territorio. Frente a los proyectos productivos, para la región, se han invertido más de $31.370 millones, aseguró Martínez.

“En el campo de lo social hemos promovido experiencias de reconciliación. Gran parte de las familias restituidas encontraron al llegar a sus territorios que había segundos ocupantes. La URT atendió, no solo a los beneficiarios de restitución, sino también a los ocupantes, esto a través de proyectos productivos”, dijo. Para él, la importancia de este punto radica en que, ahora, segundos ocupantes y beneficiarios viven en “asociación”.

Sin embargo, desde la Unidad también apuntan a promover la participación de las víctimas de despojo y abandono para que las entregas tengan celeridad. Según el director, esta participación activa tendrá como prioridad a las organizaciones de víctimas campesinas, afro e indígenas, con protagonismo de las mujeres y adultos mayores. “Abriremos una ruta campesina, además de las rutas étnicas donde se encuentran los consejos comunitarios y resguardos indígenas, para garantizar que los procesos de restitución para la población campesina sean efectivos”.

Así las cosas, la URT busca, además, garantizar que las instituciones y la Fuerza Pública estén presentes en las labores de campo con el fin de garantizar la seguridad y el acompañamiento que tanto han solicitado los reclamantes de tierras en los Montes de María. De esta forma, los líderes y lideresas buscan seguir siendo beneficiarios de restitución bajo los parámetros que dicta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) al tiempo que esperan que las amenazas y la violencia no regresen a sus territorios.

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Lentitud en los procesos y falta de seguimiento. Esos son algunos de los problemas que los representantes de víctimas de los municipios que conforman los Montes de María han evidenciado en los procesos de restitución de tierras. A esto se suma la presencia de grupos armados en la zona que, como ha advertido en alertas tempranas la Defensoría del Pueblo, amenazan a los solicitantes. En medio de ese panorama, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) dice tener avances.

De acuerdo con los representantes de víctimas de despojo, abandono o confinamiento, las sentencias “están próximas a resolverse”, como reconoció un líder de la región, y aunque a simple vista esto parece positivo, algunos argumentan que podría haber mayor celeridad en los procesos. Prueba de ello son los reclamos realizados desde la voz de las víctimas a la URT en un evento realizado en Cartagena por esa entidad y que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva y la Defensoría del Pueblo.

Uno de los principales reclamos se dio por parte de un líder de Zambrano (Bolívar), que aseguró que solo el 40% de los terrenos pertenecen al campesinado y el 60% al empresariado, todo esto después de décadas de desplazamiento, “por lo que aún hay retrasos”. Sus exigencias se suman a las de otros representantes como Juan Manuel Marrugo Vergara, quien se identifica como el enlace municipal de víctimas en San Onofre (Sucre), y quien aseveró que lo principal es que los esfuerzos de la URT se enfoquen en resolver las solicitudes pendientes en ese territorio. “Las personas están reclamando sobre sus procesos y están pidiendo mayor eficacia para resolver sus problemas de tierras”, dijo.

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Estos no son los únicos casos. En San Jacinto (Bolívar), por ejemplo, son más de 1.200 solicitudes de restitución y desde la mesa de víctimas aseguran que no hay avances en la formalización. Entretanto, en Colosó (Sucre), se han presentado 16 sentencias cumplidas de restitución y en municipios como San Juan Nepomuceno (Bolívar) hay más de 200 sentencias, de las cuales solo 44 han llegado a la oficina jurídica y al enlace de víctimas, algunas, incluso, que están sobre la mesa desde el 2013.

“Queremos que haya más puntos de atención para que la población beneficiaria pueda acceder y realizar sus solicitudes”, señaló Norlys Herrera, coordinadora del comité de impulso de la mesa de garantías de los 15 municipios de Montes de María y coordinadora de la mesa de víctimas de San Onofre. Para ella, es importante que la población tenga claros ciertos puntos como las fechas en las que se debe solicitar un proceso de restitución, que tienen su punto de partida desde el 1 de enero de 1991.

Respecto a San Onofre, particularmente, Herrera asegura que los procesos han tenido acompañamiento por parte de la URT y se han asignado algunos proyectos productivos para garantizar una estabilidad en el terreno restituido. Aunque para ella hay avances, asegura que han solicitado que se tenga en cuenta un enfoque diferencial, pues en el municipio predominan las personas afros.

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“Queremos que estos procesos se vean con más rapidez, que se agilicen más. Aunque la metodología que se ha tratado la hemos entendido, es lenta, por eso buscamos que los procesos fluyan”, resumió Ibis Álvarez, coordinadora de la mesa departamental de víctimas en Sucre, las necesidades que los reclamantes le han comunicado en ese departamento. Además, para ella es fundamental que se dé una articulación entre la URT y las mesas de víctimas, bien sean departamentales o municipales.

“Buscamos que se brinden las garantías para después de la entrega de predios. La institucionalidad la vemos cuando se entregan los predios, de ahí para adelante lo que recibimos son amenazas”, señaló Álvarez, y agregó que en muchas ocasiones los beneficiarios tienen que salir nuevamente de su tierra. “Esperamos, más que todo, garantías de seguridad”, dijo. Por esta razón, Álvarez entregó una propuesta a la URT, en la cual resume los reclamos de los solicitantes en el departamento de Sucre, y hace hincapié en la necesidad de mejorar su seguridad, con lo cual esperan recibir apoyo institucional.

En esto estuvo de acuerdo una coordinadora de mesa de víctimas, quien solicitó omitir su identidad y el municipio que representa, y aseguró que en el territorio el panorama tiende a ser muy oscuro. Señala que hay alertas tempranas vigentes que dan cuenta de las amenazas que reciben más de 62 organizaciones de víctimas en los Montes de María, sobre todo poblaciones afros, indígenas y víctimas del conflicto armado, así como reclamantes de tierras y segundos ocupantes, principalmente por el Clan del Golfo o AGC.

“Lo que nos da intranquilidad es que hay caseríos que están mencionados en la alerta temprana y, si sale la sentencia sobre ese predio, los solicitantes les da temor acudir allá. ¿Cómo vamos a mitigar ese problema? ¿Cómo les entregamos sus predios y decirles que la violencia no los va a volver a sacar?”, cuestionó la lideresa.

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De acuerdo con un informe de seguimiento y verificación de los avances de la entidad en términos de restitución, hasta el 30 de abril de 2023 se habían emitido, en etapa judicial, 8.155 sentencias y 14.313 solicitudes resueltas mediante sentencia, beneficiando a más de 38.000 personas. Frente a los proyectos productivos, estos han llegado a más de 6.341 en los diferentes predios entregados, con una inversión de más de $188.000 millones en todo el país.

Para Mauricio Martínez Rivillas, director territorial de la URT para Bolívar y Sucre, además de las cifras, se debe resaltar el enfoque diferencial de género dentro de los procesos. De acuerdo con el director, se han beneficiado más de 1.882 mujeres en el territorio. Frente a los proyectos productivos, para la región, se han invertido más de $31.370 millones, aseguró Martínez.

“En el campo de lo social hemos promovido experiencias de reconciliación. Gran parte de las familias restituidas encontraron al llegar a sus territorios que había segundos ocupantes. La URT atendió, no solo a los beneficiarios de restitución, sino también a los ocupantes, esto a través de proyectos productivos”, dijo. Para él, la importancia de este punto radica en que, ahora, segundos ocupantes y beneficiarios viven en “asociación”.

Sin embargo, desde la Unidad también apuntan a promover la participación de las víctimas de despojo y abandono para que las entregas tengan celeridad. Según el director, esta participación activa tendrá como prioridad a las organizaciones de víctimas campesinas, afro e indígenas, con protagonismo de las mujeres y adultos mayores. “Abriremos una ruta campesina, además de las rutas étnicas donde se encuentran los consejos comunitarios y resguardos indígenas, para garantizar que los procesos de restitución para la población campesina sean efectivos”.

Así las cosas, la URT busca, además, garantizar que las instituciones y la Fuerza Pública estén presentes en las labores de campo con el fin de garantizar la seguridad y el acompañamiento que tanto han solicitado los reclamantes de tierras en los Montes de María. De esta forma, los líderes y lideresas buscan seguir siendo beneficiarios de restitución bajo los parámetros que dicta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) al tiempo que esperan que las amenazas y la violencia no regresen a sus territorios.

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