En Cali, el pasado 2 de junio, inició la conmemoración de la lucha por los derechos de la población LGBTIQ+ con una marcha que reunió a más de 300.000 personas, que, al unísono de cantos y gritos, exigieron, una vez más, garantías para vivir con dignidad. María del Pilar Escobar, conocida como la madre Twiggy, una mujer trans caleña, fue una de las marchantes. Sus compañeras la conocen por dedicar su vida a visibilizar las barreras que enfrentan las personas LGBTIQ+ en el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano. Su voz se unió a las que pedían respuestas y protección ante los casos de violencia por prejuicio. La mayor exigencia es que la Fiscalía investigue los casos con un enfoque diferencial y que pueda identificar las violencias que se ejercen contra esta población.
Durante más de 20 años, Twiggy ejerció la prostitución en las calles de su ciudad. A cuestas lleva una historia de maltratos que la convirtió en la representación de una población que, según registros de la Defensoría del Pueblo, es de las más vulneradas en Colombia. “Ejercer el trabajo sexual como mujer trans es vivir con el miedo de no saber cuándo van a acabar con tu vida, los crímenes que cometen en nuestros cuerpos son muy distintos”, menciona en entrevista con este medio.
Ella sabe lo que es enfrentar la persecución de la sociedad civil, pero también de entidades como la Policía, por elegir una vida diferente. Ese rechazo la llevó a crear Twiggy Fundación, un colectivo que le brinda a las mujeres trans herramientas para defender la justicia y equidad social. Este camino lo ha compartido con otras lideresas, pero tanto a ella como a sus compañeras les ha representado amenazas y persecuciones.
Según datos de la Fiscalía, entre 2022 y 2024 se registraron 42 casos de amenazas contra líderes LGBTIQ+ y solo entre el 2 de enero y el 15 de mayo de este año, la entidad recibió siete denuncias. Además, los departamentos más críticos, según sus cifras, son Atlántico y Cauca, con 11 amenazas, 4 en Sucre y 3 en Bogotá. Estos registros han obligado a que las organizaciones de defensa de derechos exijan procesos de indagación que ayuden a identificar cómo se ejerce la violencia contra personas de la comunidad.
“En Colombia, el mayor problema que se ha tenido históricamente es en la estructura del derecho. A pesar de los avances, carecemos de capacidad investigativa en esta población, por eso a través del litigio buscamos erradicar esas barreras”, afirma Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. La falta de un enfoque diferencial ha llevado a que la caracterización y registros de esta población sean casi nulos.
Por ello, en 2023 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), realizó por primera vez el “Registro Voluntario para la Visibilidad de la Diversidad Sexual y de Género en Colombia”, en el cual 5.686 personas se autoidentificaron como población LGBTIQ+. Sin embargo, la entidad reporta que existen más de 500.000 ciudadanos de esta comunidad en el país. Por ello, ese primer registro se dio con el fin de disminuir la brecha de censos que los identifican y poder brindarle a otras instituciones información que sirva en la creación de políticas públicas que garanticen la protección de sus derechos.
Medidas como estas abrieron el camino para que la Fiscalía, en alianza con la organización Caribe Afirmativo y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lanzaran en octubre de 2022 una “Guía de buenas prácticas para la investigación y judicialización de violencias fundadas en la orientación sexual e identidad de género de las víctimas”. Este documento brinda un direccionamiento específico a todos los fiscales del país para que, en las etapas de investigación penal, incorporen un enfoque diferencial con el fin de determinar los patrones de violencia que se ejercen contra la comunidad.
Aunque la guía se encuentra todavía en fases de aplicación, su objetivo es claro: darle herramientas al Estado y a sus servidores para prevenir, investigar y sancionar los crímenes de odio contra esta población. No obstante, los colectivos exigen mucho más. Por tal razón, en marzo de 2024, la Fiscalía creó el Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género de las Víctimas, que también se da como respuesta a la ola de asesinatos de las que fueron víctimas 12 mujeres trans en el primer medio año del 2024. Cuatro de ellas eran de Cali. Twiggy las conoció. “La partida de ellas nos demostró, una vez más, por qué nunca será opción no salir a la calle a gritar”, dice.
Según Danne Aro Belmont, directora del Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT), una organización que desde Bogotá realiza litigio estratégico para esta población, cada vez que una persona de la población muere, inicia una larga lucha en la búsqueda de justicia. Una que se resume en encontrar derechos que protejan la vida de quienes están en inminente riesgo. Danne ha librado esa batalla por todas sus compañeras y compañeros que han fallecido en el camino. Desde 2008, a través de la fundación GAAT, se han desarrollado trabajos de incidencia para que las instituciones transformen las dinámicas sociales y puedan existir estrategias que garanticen un acceso a la justicia para quienes estén enfrentando discriminación o puedan sufrir algún tipo de crimen de odio por su identidad de género u orientación sexual, lo cual se nombra como litigio estratégico.
La organización Colombia Diversa también se dedica a esta labor. Desde hace 20 años, la oenegé representa judicialmente a personas víctimas de violencia por prejuicio. Desde 2019, pertenecen a la Red de Litigantes LGBTIQ+ de las Américas, la cual reúne a organizaciones de distintos países para representar casos de violencia sistemática de esta población y a través del litigio, cambiar las leyes y políticas y obtener reparaciones colectivas. “En Colombia hemos avanzado en decisiones judiciales que favorecen a esta comunidad. El litigio nos permite sentar un precedente y demostrar que la violencia ha sido sistemática, así que se deben tomar decisiones que protejan no solo a una persona, sino a varias”, comenta Beldys Hernández, coordinadora del área de litigio estratégico de Colombia Diversa.
En este camino de representación jurídica y litigio, se han encontrado algunas respuestas en la Fiscalía con el Grupo Nacional de Trabajo que investiga este tipo de crímenes. El Espectador habló con su coordinador, Mauricio Noguera. “Somos conscientes de los llamados que ha hecho la sociedad civil. Por esto, desde marzo, en este grupo de trabajo, la prioridad es caracterizar a esta población y hacer seguimiento a los procesos judiciales para que la investigación avance en Medicina Legal y en la Fiscalía”, afirma. Con estos procesos, el fiscal menciona que no solo se busca el avance en patrones criminales, sino que en la etapa de juicio se pueda intervenir en las imputaciones para que el juez que esté llevando el caso tenga en cuenta en qué condiciones se cometió el homicidio.
Noguera, por ejemplo, menciona que, si bien existe un alza en los homicidios contra mujeres trans, a los hombres homosexuales también los están matando. “Al menos nueve situaciones de homicidio a hombres gays tenemos registradas en la Fiscalía este año. Y nos hemos dado cuenta de que es muy importante adelantar pericias técnicas para identificar al victimario”, precisa.
Uno de los avances que ha tenido el Grupo en estas investigaciones ocurrió en abril de este año en Medellín. Allí, identificaron a algunos victimarios a través de muestras anales. Este tipo de prácticas forenses, según Noguera, se habían realizado muy pocas veces en esta población. Hasta ahora, se está solicitando que, durante las etapas de la indagación, los fiscales incorporen datos que den luces para comprender si la violencia que sufrió el hombre o cualquier persona LGBTIQ+ estuvo fundada en su orientación sexual o su identidad de género.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, comenta que “la violencia por prejuicio comienza a tener similitudes, por ejemplo, en los lugares donde ocurren los asesinatos o las horas en las que se comenten estas agresiones. Hay un uso exagerado de armas blancas o corto punzantes y los impactos son en zonas del cuerpo (senos, vagina, pene) que demuestran un desprecio por su orientación”. Identificar estos prejuicios discriminatorios es una manera de hallar justicia para las vidas que han sido silenciadas. Vidas que han carecido de registros que los identifique en la sociedad y vidas que, aunque a que ya no están, siguen siendo nombradas en sus colectivos.
Ese desprecio del que habla Castañeda, lo ha vivido Ulises Medina, una lideresa trans afro que tuvo que pagar en la cárcel una condena de 18 meses. En 2018, según cuenta, fue víctima de un engaño. Cuando iba a viajar a Europa, una amiga le dijo que debía llevarle un encargo. “Ese encargo era un bolso con dos kilos de cocaína”, comenta Ulises. Esto la obligó a estar ocho meses recluida en la cárcel La Modelo y siete meses en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí (Valle del Cauca). Cuando salió de prisión, volvió a ejercer el liderazgo para que su población cuente con una vida digna, sin embargo, ese error por el que había cumplido una condena, le costó el rechazo de otras personas LGBTIQ+ en Cali. Ese momento lo recuerda con gran desolación, para Ulises, sentirse discriminada por sus propias “hermanas” es borrar el legado de lucha que sus antepasadas han hecho.
Sin embargo, esa no fue excusa para abandonar el camino. Se unió a la Fundación Santamaría, una organización caleña en la que desarrollan procesos encaminados a la garantía de una ciudadanía digna para mujeres trans y personas con orientaciones sexuales diversas; y desde allí se ha encargado de buscar espacios de dignificación para su población. Esta fundación, desde hace unos años, brinda atención jurídica y psicosocial para salva guardar la vida de las identidades diversas y también le restablece los derechos a quienes han sido violentados.
La fundación, apoyada por el programa Justicia Inclusiva de USAID, ha logrado converger con diferentes instituciones de la ciudad. Una de esas es la Fiscalía con la que han realizado recorridos en zonas de tolerancia para conocer las situaciones de riesgo a las que están expuestas las personas LGBTQ+ y cómo se les puede garantizar la vida. Sin embargo, Ulises revela que su gran preocupación es que en la actualidad la capital vallecaucana no cuenta con casas de refugio donde las personas de esta población puedan estar temporalmente mientras se resuelven las investigaciones judiciales.
Las Casas Refugio son lugares que brindan acogida de manera transitoria y gratuita a víctimas de violencia de género en el ámbito público y privado. En Bogotá, actualmente, existen seis, así que Ulises espera hallar recursos y unión con otras organizaciones para llevar esta propuesta a su ciudad, ella afirma que “un centro transitorio puede garantizarle a una mujer trans su vida mientras el agresor enfrenta el proceso judicial, de una u otra manera es brindarle un acto de justicia”.
Con este panorama, colectivos defensores de derechos con representantes como Twiggy y Ulises, saldrán el próximo 28 de junio, a la gran marcha nacional del Orgullo LGBTIQ+ para poner en discusión los retos que siguen enfrentando para acceder a la justicia y harán un llamado a las instituciones para que las investigaciones que se realicen en torno a ellos brinde herramientas para la creación de políticas, normas y procesos de incidencia que prevenga la violencia por prejuicio.
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