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La palabra justicia fue uno de los términos que más utilizó el presidente Gustavo Petro durante su discurso el pasado 7 de agosto, en la conmemoración de su primer año de gobierno, desde el Puente de Boyacá. Durante más de 55 minutos, el mandatario habló, principalmente, de la justicia social, la cual aborda temas ambientales, de transición energética y saneamiento básico, entre otros. No obstante, al menos en sus letras, el presidente no dio mayores detalles sobre el acceso a la justicia, un tema crucial en el Plan Nacional de Desarrollo, y que ha tenido avances y obstáculos, con miras a lo que serán los tres años restantes de su administración.
En medio de un complejo contexto político y judicial, debido al escándalo de Nicolás Petro, hijo del presidente —quien aceptó que recibió millonarias sumas de dineros presuntamente ilícitos— el mandatario hizo un balance de su gestión, en el que, en cuanto al acceso a la justicia, hizo referencia a la creación de la Jurisdicción Agraria, uno de los proyectos más significativos del “gobierno del cambio”. Y aunque no es el único proyecto en marcha, aún quedan varias dudas por resolver respecto al fortalecimiento de este derecho, sobre todo en las zonas rurales, donde la justicia aún sigue siendo un anhelo.
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Jurisdicción Agraria y Rural
“En Colombia los pleitos de tierras históricamente se han resuelto a bala. La creación de una Jurisdicción Agraria es una apuesta de paz para resolver, de modo civilizado, razonable y con justicia, esos conflictos que tienen tanta sangre y muertos detrás”. Esas palabras fueron la primera reacción del ministro de Justicia, Néstor Osuna, tras la aprobación del acto legislativo, el 13 de junio, que creó esa instancia, la cual busca resolver los problemas de tierras en el país y prioriza la garantía del acceso efectivo a la justicia en zonas rurales, así como la protección a los campesinos, víctimas del conflicto armado y a grupos étnicos.
La creación de esta jurisdicción responde al cumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz (Reforma Rural Integral), firmado en 2016 entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc. Busca, como primera medida, modificar el artículo 116 de la Constitución, dejando en firme su capacidad de administrar justicia, por lo que se espera que sean varios jueces especializados en asuntos de tierras quienes recorran las zonas rurales dando soluciones a los conflictos agrarios. Esta instancia, a su vez, priorizará las zonas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y recibirá recursos del gobierno.
El nacimiento de esta jurisdicción también dejó varias discusiones. El primer debate que se generó fue sobre el órgano de cierre de la jurisdicción, el cual, finalmente, será la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia para asuntos privados, mientras que para asuntos públicos o administrativos, relacionados con temas de tierras, será el Consejo de Estado. Esta decisión dejó por fuera la intención inicial de crear una Corte Rural y Agraria. Pero este no fue el único punto que dio de qué hablar, hasta el momento está en vilo el proyecto que reglamenta esta jurisdicción y la formación de los jueces especializados.
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Carolina Villadiego, abogada y coordinadora del Centro para la Independencia de los Jueces y Abogados de la Comisión Internacional de Juristas, en diálogo con El Espectador, aseguró que frente a la implementación de la Jurisdicción Agraria hay varios escenarios pendientes. En su concepto, lo primero que se debe definir es el proyecto de regulación estatutaria, es decir, el desarrollo del acto legislativo que le dio vida a esa instancia. “Luego tiene que haber una ley de procedimiento, para definir los temas procedimentales de la jurisdicción, algo que es de naturaleza ordinaria”, explicó.
Una vez estén definidos estos puntos, dijo, la reglamentación de este proyecto debe enfocarse en lo normativo. “En cuanto al tema práctico se necesita saber: cuántos jueces tendrá la jurisdicción, dónde van a desarrollar su gestión, cómo es la operación para poner en marcha la jurisdicción, cómo es el diseño de los despachos judiciales. Esas también son prioridades”, puntualizó. Para ella, pese a la negativa de la creación de una Corte Agraria, sí es fundamental que se pueda “unificar jurisprudencia” entre las cortes que funcionarán como órganos de cierre, para que algunos asuntos puedan ser resueltos mediante una “sala mixta”.
Para Villadiego, otro de los retos en la reglamentación de esta nueva instancia es la elección de jueces y funcionarios que la compongan. “Para esta selección se deben seguir los parámetros generales de la carrera judicial”. Sergio Roldán Zuluaga, abogado experto en restitución de tierras y docente de la Universidad Externado, estuvo de acuerdo en este punto, y agregó que en el mundo académico podría darse un vacío, ya que solo existe una especialización en Colombia en derecho de tierras, por lo que la formación de los jueces especializados será otro pendiente para la entrada en vigencia de esta instancia judicial.
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Concentración de la justicia en las necesidades de las personas
“La justicia social es una estrella polar que nos guía, es la base para la paz. La justicia social es la base para proteger la vida en Colombia”. Con estas palabras, el presidente Petro puso en la mitad de su discurso al campesinado y las poblaciones rurales vulnerables, quienes, aseguró, se están viendo beneficiadas en diferentes asuntos, como la entrega de tierras. Sin embargo, estas poblaciones también han sido el centro de otras iniciativas de gobierno, como está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. “Justicia para el cambio social, democratización del Estado y garantía de derechos y libertades”, dice el apartado de ese documento.
En este punto, uno de los ejes principales en materia de justicia es la oferta de servicios de justicia en virtud de las necesidades de las personas, comunidades y territorios, un propósito que ha tenido un camino espinoso pero que ha logrado algunos avances, según expertos consultados por este diario. Carolina Villadiego, por ejemplo, aseguró que una de las fortalezas ha sido impulsar la función de las comisarías de familia para atender violencias basadas en género, así como los consultorios jurídicos de diferentes universidades, con el fin de llevar servicios de justicia a diferentes municipios.
“Se ha visto que el Gobierno se ha concentrado, en lo práctico, en el impulso de algunas políticas para que desarrollen leyes que ya se habían aprobado, sobre todo en lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo y en sus apartados de justicia”, agregó. Y aunque hasta el momento se han visto fortalecidas estas iniciativas, para Villadiego será en el segundo y tercer año de gobierno cuando se vean resultados más consolidados de las políticas de acceso a la justicia, sin dejar a un lado que las competencias en este escenario son diferentes, pues estas se reparten entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.
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En cuanto al mejoramiento de acceso a la justicia en términos municipales, los desafíos se pueden contar con ambas manos. Pese a que una de las principales estrategias del Ministerio de Justicia es hacer presencia en los territorios, por ejemplo, llevando la caja de herramientas con los Métodos de Resolución de Conflictos (MRC), se busca, según detalló Villadiego, que los problemas de cada municipio se puedan resolver dentro de ese territorio, sin la necesidad de movilizarse a zonas aledañas o, incluso, a las capitales departamentales, que es donde mayor concentración tienen los servicios judiciales.
Y aunque cada municipio cuenta con la presencia de un juez, estos tienen competencias limitadas, tanto en materia penal como civil, por lo que al momento de atender delitos, como homicidios, estos funcionan como control de garantías, lo que puede impulsar la impunidad. “Debe haber un rediseño de las competencias de los jueces a nivel municipal, para que estas sean más amplias y puedan resolver otros conflictos, pero eso implica una reforma legal y un costeo por las diferencias salariales de los jueces debido a su ubicación”, precisó Villadiego. La abogada, de hecho, es tajante en decir que si no se replantean las competencias de los jueces a nivel municipal, “es muy difícil que se pueda fortalecer el acceso a la justicia”.
Pero el progreso respecto al acceso a este derecho en los municipios también se ha visto materializado, según la experta, en los “sistemas de asesoría jurídica”. Para ella, los avances en el funcionamiento de las casas de justicia, centros de conciliación y asesorías brindadas por parte de las cámaras de comercio han sido un faro en mejorar el sistema judicial, sobre todo, porque, en anteriores administraciones, el fortalecimiento estatal se pensaba como el aumento del pie de fuerza con policías y soldados, algo que no está directamente ligado al acceso a la justicia. “Es importante fortalecer la justicia comunitaria, pero debe tener controles”, añadió.
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Política criminal y justicia restaurativa
Con el objetivo de establecer un enfoque de justicia restaurativa en la política criminal y penitenciaria, el Gobierno presentó una de sus banderas: el proyecto de humanización carcelaria, el cual se hundió en el legislativo y fue presentado nuevamente hace dos semanas. No obstante, esa dinámica de justicia es una victoria de por sí para el gobierno, pues es el primero en reconocer su intención de hacerla una política institucional, según le dijo a este diario Miguel La Rota, miembro de la Comisión Asesora para la Política Criminal de Estado. Para él, esta es una nueva apuesta que se desliga “de la investigación, la persecución y la sanción penal”.
“Esta nueva apuesta ha sido más humana, ha sido más consistente con una visión de derechos fundamentales de la sociedad en general. Pero también ha sido más efectiva en términos de prevención de la violencia y la criminalidad”, señaló La Rota, también cofundador del Laboratorio de Justicia y Política Criminal. Esto se debe, aseguró, a que pretender perseguir penalmente todos los delitos genera un desgaste del sistema judicial y, además, puede ser discriminatorio y crea problemas en riesgos de derechos humanos. “Esa política de persecución acaba dispersando en exceso los recursos que son muy limitados, que deben ser utilizados para enfocarse en los delitos más graves y que merecen una concentración de los esfuerzos estatales”, dijo.
Entre los retos en la política criminal, explicó La Rota, está el acompañamiento que se le pueda dar a las apuestas de justicia restaurativa, sobre todo en lo que tiene que ver con una efectiva construcción de capacidad institucional e inversión de recursos. Y aunque resalta esto como un avance en sí mismo, es crítico en señalar que es una apuesta “que puede traer problemas más pragmáticos, que no están asociados a la norma legal, sino a la implementación de esa norma en la realidad institucional colombiana”.
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Estos son solo algunos de los puntos que más han generado revuelo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la justicia durante el primer año de gestión del presidente Gustavo Petro. Pero, de todas maneras, los hitos judiciales siempre han estado a la orden del día durante su mandato. Cabe recordar el reciente choque entre el mandatario y la procuradora Margarita Cabello por cuenta de la suspensión del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, orden de la procuradora que no fue acatada por el jefe de Estado.
Y, sin ir muy lejos, estos choques también han llegado al despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, con quien el presidente ha tenido varias disputas, incluso, desatando un choque de poderes. Sin embargo, el presidente Petro eligió la semana pasada la terna de candidatas (por primera vez tres aspirantes mujeres) para ocupar el cargo de fiscal general en reemplazo de Barbosa, quien termina su gestión en febrero de 2024. Se trata de Ángela María Buitrago, Luz Amparo Cerón y Amelia Pérez Parra, cuyas hojas de vida serán examinadas por la Corte Suprema de Justicia durante los próximos meses.
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