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“Una victoria para las víctimas”. Así catalogaron algunas organizaciones la apertura del macrocaso número 11 por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de casi un año y medio de espera, cuando en mayo de 2022 la Sala de Reconocimiento anunció esa línea de investigación para profundizar las violencias basadas en género, violencia sexual y los crímenes cometidos por prejuicio en el marco del conflicto armado colombiano.
Aunque la violencia sexual y de género se venía trabajando como un enfoque transversal en los otros 10 macrocasos que investiga la justicia transicional, organizaciones de víctimas enviaron diferentes informes e hicieron una serie de observaciones, argumentando que este flagelo debía tener una investigación propia. Para la JEP, los casos de violencia sexual, de género y los crímenes perpetrados en razón de la identidad de género diversa por parte de actores armados legales e ilegales, cuenta con diferentes patrones a los que se habían identificado previamente, motivo suficiente para dar apertura al macrocaso 11.
Fuentes consultadas por este diario aseguran que este anuncio es, en sí mismo, un acto de acceso a la justicia para las más de 35.178 víctimas de este flagelo (entre 1957 y 2016), principalmente para las mujeres y menores de edad, teniendo en cuenta que, según la JEP, del total de víctimas, un 89,2% son mujeres y al menos un 35% sufrieron estas violencias cuando eran niñas, niños y adolescentes. No obstante, aunque el hecho de que la Jurisdicción entre a investigar de forma particular estas violencias, y que se entienda como un acto de justicia, también existen dudas sobre el futuro de las investigaciones y sanciones, dejando la puerta abierta para preguntarse: ¿la apertura del macrocaso es una garantía de acceso a la justicia para las víctimas?
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Para Viviana Rodríguez, coordinadora jurídica de la Corporación Humanas, la decisión es un acto de justicia, pues desde la organización se ha enfatizado que este tipo de violencias necesitan un abordaje específico, de lo contrario, dice, la probabilidad de repetir los obstáculos de acceso a la justicia para mujeres y población LGBTIQ+ sería bastante alta. “Que abran el macrocaso ha sido una lucha en sí misma, y hoy en día es una ganancia para las víctimas, que ya tienen seguridad de que hay un espacio donde esas violencias se van a investigar específicamente”, añade.
Aunque son varias las expectativas por la apertura del macrocaso, Rodríguez ve con buenos ojos que la Jurisdicción haya aceptado el primer reto de investigar estas violencias de forma particular, pues, desde Humanas, junto a otras organizaciones, se hicieron una serie de llamados a la JEP para que se enfocara en este asunto. Así lo hizo ver la magistrada Lily Rueda durante una conferencia de prensa convocada en las instalaciones de la institución, en la que se leyó el comunicado de la apertura.
“No se trata de un caso que se limita a investigar determinadas conductas o crímenes, sino de una investigación centrada en los motivos y las lógicas de las organizaciones armadas, los cuales se sustentan en relaciones dominantes de género que se reproducen en el conflicto armado a través del uso de las armas y el ejercicio del poder”, fueron sus palabras.
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Rodríguez, sin embargo, señala que al ser el último macrocaso abierto por la Jurisdicción tiene todo un camino por delante respecto al esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia para las víctimas. Para ella, la justicia también tiene que ver con los tiempos, pues, señala, después de casi cinco años de la entrada en vigencia de la JEP, es importante recopilar los aprendizajes en ese tiempo para que las investigaciones en el macrocaso 11 tengan celeridad. “No podría moverse al mismo ritmo de los casos anteriores, debería ser más rápido, más preciso, con acciones afirmativas claras y con una materialización del enfoque de género”.
Otro de los puntos que están en la agenda del acceso a la justicia es la acreditación de víctimas, algo que “ya sabemos hacer”, asegura Rodríguez. “Se habla sobre la necesidad de una campaña de acreditación y que puede que la acreditación sea masiva. Esperamos que sea un proceso que se pueda hacer más rápido porque, incluso, en los macrocasos que ya tienen resolución de conclusiones, aún hay víctimas que siguen pendientes de la acreditación, y eso no puede seguir pasando”, señala, dejando en claro que en todo este escenario se debe garantizar el acompañamiento psicosocial a las víctimas.
Aquí juega un papel fundamental la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción pues se habla de la necesidad de contar con una estrategia de prevención y protección para las víctimas. Para Rodríguez, este es un factor fundamental respecto al acceso a la justicia, ya que la participación de quienes cuentan sus casos se puede ver comprometida debido a la estigmatización. “Hemos tenido varias situaciones de riesgo cuando los casos empiezan a moverse y se comienza a pedir responsabilidad”.
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Siguiendo esta misma línea, Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo, explica que la seguridad integral para las víctimas y la educación a la sociedad para desnaturalizar esta violencia son dos puntos clave que se deben ejecutar en paralelo a las investigaciones del macrocaso. La población LGBTIQ+ es también una de las grandes víctimas de las violencias sexuales, de género y sobre quienes han recaído crímenes por prejuicio debido a su identidad y expresión de género.
De la mano con lo que identificó la Sala de Reconocimiento, Castañeda es enfático en resaltar que la gran mayoría de violencias ejercidas en contra de mujeres lesbianas, hombres gais y personas trans, se dieron con motivos de castigo o con la intención de “corregir su homosexualidad”, como explica. En su concepto, el acceso a la justicia tras la apertura del macrocaso, principalmente para la población LGBTIQ+, tiene que ver con lo que él subraya cómo “darle altura al delito”. “Esto quiere decir que la Jurisdicción logre darle una centralidad y una gravedad a estas violencias para que pueda tener respuestas concretas de los comparecientes respecto a estos delitos”.
Para él, la apertura de este macrocaso es el inicio de las garantías para las víctimas, pero todavía falta un largo camino, por ejemplo, para identificar a los responsables. En los informes entregados desde la organización, se hace hincapié en que la no prevención o no protección a personas LGBTIQ+ en el Ejército, también es entendido como un grado de responsabilidad de los altos mandos de los batallones, ya que, señala Castañeda, se identificaron varios casos de estas violencias al interior de la institución y que no se hizo nada para proteger la integridad de los afectados.
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“Es necesario que la JEP le pida, no solo a los comparecientes, también al Estado y a la sociedad, que haya garantías plenas para entender la sexualidad como un derecho. Mientras se siga pensando en la sexualidad como una vía reproductiva y solo en vía de la heterosexualidad, prácticas como la diversidad sexual seguirán siendo un faro de violencia en los conflictos armados y sociales y será, además, minimizada”, señaló Castañeda sobre el acceso a la justicia, principalmente para las víctimas LGBTIQ+.
Al director de la organización, sin embargo, le preocupan otros aspectos: que los paramilitares (quienes, según reseñó la JEP, cometieron la mayor cantidad de crímenes de violencia sexual y de género durante el conflicto) no estén en el mapa de las investigaciones, que no se reconozca la gravedad de la complicidad social en los casos de violencia contra la población LGBTIQ+ y que, aún con la apertura del caso, la violencia sexual en el marco del conflicto siga siendo invisible.
Así las cosas, la línea de investigación de la JEP estará dividida en tres subcasos. El primero estudiará la violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de las Farc; el segundo se centrará en la violencia basada en género contra personas civiles cometidos por miembros de la Fuerza Pública, y el tercero indagará sobre la violencia de género y por prejuicio cometida al interior de la Fuerza Pública, así como de las extintas Farc.
“Acceder a la justicia también es que el proceso para llegar a las versiones voluntarias sea efectivo, rápido y con calidad profesional de la Jurisdicción, para que la etapa dialógica, que es la primera, no tome cuatro años y tenga las garantías procesales. Queremos que las mujeres se enteren de esta decisión y sepan que es una victoria colectiva”, concluyó Rodríguez.
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