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Uno de los principales llamados de los reclamantes de tierras en los municipios que componen los Montes de María es que se vea una articulación eficaz entre las mesas de víctimas de despojo y la institucionalidad. Para ellos, el tema de restitución de tierras despojadas durante el conflicto armado ha sido uno de los asuntos más importantes debido a la dimensión de la violencia en su territorio, que dejó a cientos de sus habitantes desplazados. En muchos casos, incluso, persisten problemas para volver a sus predios.
Este es el caso de San Onofre, en Sucre, un municipio de un poco más de 50.000 habitantes y que se encuentra muy cerca del Golfo de Morrosquillo. Es uno de los municipios más antiguos del departamento y, a su vez, uno de los más golpeados por la violencia. Durante la década de los noventa e inicios de los 2000, San Onofre vivió incursiones paramilitares en algunos de sus corregimientos, donde se presentaron varios delitos de lesa humanidad que dejaron no solo decenas de muertos, sino, también, numerosos desplazamientos.
Precisamente allí llegó el pasado 15 de junio una jornada de justicia móvil para reclamantes de restitución de tierras con un objetivo claro: atender sus solicitudes. Durante esta jornada, impulsada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo, y que contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad para las Víctimas, la Agencia de Desarrollo Rural, la Alcaldía de San Onofre y el programa Justicia Inclusiva de Usaid, logró atender un total de 207 personas.
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Además de conocer diferentes casos, la jornada también agrupó a los reclamantes y brindó orientación sobre las rutas para acceder a procesos de restitución tanto individual como colectiva. De hecho, para el próximo mes de julio, las entidades participantes y 28 consejos comunitarios de la zona acordaron reunirse para dialogar sobre la posibilidad de realizar una titulación colectiva como parte del proceso de restitución de tierras.
“Nosotros vamos a tener un espacio autónomo, donde vamos a exponer las realidades del territorio, porque un Consejo Comunitario sin tierra es un Consejo en el papel. La tierra es una forma de garantizar la seguridad alimentaria de las familias que conformamos estos Consejos en San Onofre”, dijo Guillermo Castro Teherán, uno de los asistentes y beneficiarios de la jornada, quien, además, solicitó junto a otros representantes de Consejos Comunitarios una titulación colectiva ante la URT y la ANT.
Este procedimiento tiene sus bases en la ley 70 de 1993, la cual reconoce la propiedad colectiva de tierras para los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros que históricamente han habitado un territorio. Esto, teniendo en cuenta que en San Onofre predominan las comunidades afros. Incluso, uno de sus pedidos es que en los procesos de restitución se tenga en cuenta ese enfoque diferencial, pues en el territorio también habitan comunidades indígenas.
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La jornada, por otra parte, responde a los llamados de representantes de las mesas de víctimas y enlaces municipales de víctimas del municipio quienes, días atrás, socializaron el panorama de su territorio en cuanto a la restitución. “Las personas están reclamando sobre sus procesos y están pidiendo mayor eficacia para resolver sus problemas de tierras”, señaló Juan Manuel Marrugo, enlace de víctimas del municipio.
Entretanto, la representante de víctimas de San Onofre, Norlys Herrera, le dijo a este diario que esperan ver más puntos de atención para reclamantes, como la jornada que se llevó a cabo el 15 de junio. “La idea es que la población beneficiaria pueda acceder a estos puntos de atención y hacer sus respectivas solicitudes”, agregó.
Para Herrera es fundamental que las víctimas tengan claridad en algunos puntos a la hora de solicitar un proceso de restitución, como las fechas, teniendo en cuenta que estos procesos tendrán validez si el despojo o abandono ocurrieron a partir del 1 de enero de 1991, la época más álgida del conflicto en ese municipio, asegura la lideresa.
“En San Onofre hemos visto el avance de los procesos de restitución. También hay personas que han accedido a los proyectos productivos, en su mayoría personas que ya cuentan con sentencia, por lo que desde la mesa de víctimas se ha hecho un acompañamiento y seguimiento a sus procesos”, añadió.
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Uno de los principales objetivos de estas jornadas es garantizar respuestas efectivas para las víctimas, respondiendo a sus necesidades. “Tenemos una directriz concreta: promover la participación comunitaria. Esa es la forma de hacer sostenible la política de restitución de tierras y que se mantenga en el tiempo”, le dijo a El Espectador Mauricio Martínez Rivillas, director territorial de la URT para los departamentos de Bolívar y Sucre.
De acuerdo con el directivo, se espera que la población campesina, a través de organizaciones sociales, en conjunto con la URT, puedan identificar las zonas de despojo y abandono, para, así, recaudar las pruebas más efectivas en los territorios que entren a ser parte del proceso de restitución. Para él, el acompañamiento de estas personas en municipios como San Onofre es fundamental para lograr avanzar en los procesos.
“Esta es una apuesta interinstitucional que vale la pena porque llegamos a comunidades que mantienen viva la esperanza y eso es una muestra que restituir la tierra, apunta a restituir la vida, apostándole al campo, manteniendo la asociatividad”, agregó Martínez Rivillas respecto de la jornada en San Onofre. Espacio que sirve como hoja de ruta frente a los procesos de restitución por los que han clamado durante años los líderes y lideresas de la región.
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