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Hoy se cumple un año más desde que los ladridos de un perro energúmeno avisaron a la familia Peña que algo no andaba bien ni seguiría estándolo hasta la fecha. Esa noche del 16 de mayo de 1998, Yesid, el menor de cuatro hijos, se acababa de despedir de sus padres, que estaban viendo televisión.
“Voy a estar acá afuera, pa. Me voy a sentar en el jardín con unos amigos”, dijo Yesid poco antes de que 50 paramilitares lo secuestraran y desaparecieran forzadamente.
Desde esa noche, hasta el día en que murió de covid-19 en 2021, Jaime Peña, el padre de Yesid, dedicó su vida a encontrar justicia por su hijo. Su búsqueda estuvo compuesta desde confrontar a agentes del DAS, Ejército o paramilitares, hasta exigir en la mesa de diálogos de La Habana un espacio para que los buscadores de desaparecidos fueran auxiliados mientras intentaban encontrar alguna pista sobre sus familiares.
Al igual que los demás buscadores, que usualmente son esposas, madres, hijas o hermanas de quienes están desaparecidos, Jaime dedicó el resto de sus días y pocos recursos a encontrar respuestas. Lideró colectivos, asistió a mesas interinstitucionales para hallar pistas y durante más de dos décadas peleó para reivindicar la memoria de su hijo. Varios meses después de la desaparición, él, junto a las otras familias víctimas, buscó instancias internacionales para saber qué sucedió realmente esa noche. En Canadá, por ejemplo, logró que un tribunal no vinculante culpara al Estado por su responsabilidad y omisión en la masacre.
El 16 de mayo de 1998, al menos 50 paramilitares entraron a los barrios marginales de la Comuna 7, en Barrancabermeja, en una operación que pretendía “limpiar la ciudad” de células del ELN, como aseguraron los desmovilizados a Justicia y Paz. Pero esa noche, Yesid, junto con otras 31 personas, fueron asesinados o desaparecidos.
Tras escuchar los ladridos del perro, Jaime corrió a vestirse para buscar a su hijo. Temía que algo malo le pasara a su muchacho de 16 años. En la mañana, el Ejército hizo mucha presencia en la ciudad instalando retenes, pidiendo papeles a los transeúntes y requisando a cualquiera en busca de miembros de las Farc o el ELN, que se habían asentado en Barrancabermeja hacía meses. En las avenidas del barrio El Campin, de Barrancabermeja, donde vivía la familia Peña, quedaron siete personas muertas. Las otras 25 fueron trasladadas en camionetas fuera del casco urbano y luego desaparecidas.
Don Jaime, que en ese momento era un exitoso asesor de seguros, dejó su trabajo y emprendió las labores de búsqueda de su hijo. Visitó las oficinas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), intentó asistir a las audiencias libres de los paramilitares e incluso se convirtió en uno de los líderes del Colectivo 16 de Mayo, la organización de familias que desde la masacre exigieron respuestas al Estado sobre qué sucedió ese día.
“La desaparición forzada no solo acaba con las posibilidades de ser de la persona, también desaparece toda evidencia material del crimen. Lo cierto es que el desaparecido no está, pero tampoco se ha ido”, contó don Jaime a la Comisión de la Verdad antes de morir.
Justicia pendiente
Muchos fueron los pedidos de justicia que don Jaime y los demás integrantes del colectivo 16 de Mayo hicieron desde que ocurrió la masacre. El más inmediato era que sus familiares regresaran a casa vivos, pero con el paso de los años y las confesiones de los paramilitares en los tribunales de Justicia y Paz, ese anhelo se fue borrando.
En el expediente del caso quedó en evidencia que luego de trasladar a las personas fuera de Barrancabermeja, las Autodefensas de Santander y el Sur de Cesar (Ausac) los asesinaron en San Rafael de Lebrija, un centro de operaciones paramilitar a las afueras de la ciudad. Este grupo estaba comandado por alias “Camilo Morantes”, quien, según una confesión de uno de sus subalternos, ordenó la masacre “por error y en medio de una borrachera ordenó matar a las 25 personas que habían llegado al campamento a sabiendas de que eran inocentes”. Esta versión también la respaldó Mario Jaimes Peña, alias “Panadero”, uno de los paramilitares encargados de liderar el secuestro y desaparición de las personas.
La verdad de “Camilo Morantes” nunca llegó, pues fue asesinado por órdenes de los hermanos Castaño pocos meses después de la masacre.
Tras enterarse de los hechos, Jaime y los demás integrantes del colectivo exigieron que el Estado aclarara su responsabilidad sobre lo sucedido. Según ellos, era inconcebible que en un lugar con tanta presencia militar pudiese suceder una incursión de este tipo sin que los uniformados supieran.
La verdad, en esta ocasión, también quedó pendiente. Años antes de su muerte, Jaime reclamaba que lo único que le interesaba era conocer la verdad y los responsables, tanto materiales como intelectuales de la muerte de su hijo. En la Comisión de la Verdad, Jaime declaró que “no importa si (a los miembros de la Fuerza Pública) les dan cinco, 20 o 50 años de cárcel. Queremos saber por qué lo hicieron. Qué pasó ese día y a quién se le ocurrió”.
Según el expediente judicial de la masacre, los autores fueron los paramilitares de la Ausac. Sin embargo, allí se acusa a varios miembros del Ejército y del DAS de haber tenido responsabilidad y omisión en la masacre. Por eso, se les acusó de homicidio agravado en concurso homogéneo y de desaparición forzada.
Pero los agentes del Estado tampoco han ofrecido respuestas sobre el caso. En 2013, por ejemplo, se expidió orden de captura contra Joaquín Correa, el director de la Policía en el Magdalena Medio por su responsabilidad en la masacre. Correa duró cinco años prófugo, y cuando fue capturado en 2019, solicitó su ingreso a la JEP. Sin embargo, el exdirector murió en 2021 sin confesar lo que sabía y el papel del Estado en la masacre.
Hasta la fecha solo se han identificado y entregado 11 de las 32 víctimas de la masacre a sus familiares. Yesid, el hijo que don Jaime buscó durante 23 años, sigue sin aparecer. En los últimos cinco años de vida, Jaime aseguró a la Comisión de la Verdad y a un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad del Rosario, a los que les contaba su historia que “la verdad es el único medio que tenemos las víctimas para resarcir un poco nuestro dolor y sed de justicia”.
“El día que me entreguen los restos de mi hijo o me digan dónde está; ese día me sentiré reparado. ¡Nunca permitiré que la memoria de mi hijo se pierda en el frío ático del olvido!”, aseguró en 2021 a los estudiantes del Rosario.
Las solicitudes del Colectivo 16 de Mayo en 2024
Durante la jornada de hoy, en el marco de la audiencia de medidas cautelares nacionales a mujeres buscadoras, el Colectivo 16 de Mayo, señaló que desde que sucedió la masacre “han pasado un sin número de barbaridades con las familias víctimas de estos fatídicos hechos”, por lo que solicitaron a los magistrados respuestas claras y creíbles frente al caso.
Entre las solicitudes, también se instó a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por desaparecidas (UBPD), iniciar con “las labores de prospección y excavación en los sitios de inhumación para dar con el paradero de las 16 víctimas que nos hacen falta por encontrar”.
Adicionalmente, iniciar las audiencias con los militares que están implicados en los casos de desapariciones y hacer un llamado a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que reconozca a las víctimas del colectivo en el registro único.
“Esperamos que, de estos escenarios tan importantes para nosotras y nosotros, a las víctimas se nos respete nuestros espacios de memoria y la participación e inclusión en los diferentes escenarios que se sigan realizando”, precisó el Colectivo.
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