Paramilitares condenados por masacre de Puerto Patiño podrían quedar en libertad
Hace 30 años, paramilitares del frente Héctor Julio Peinado, alias “Juancho Prada”, asesinaron a ocho campesinos en Puerto Patiño, corregimiento de Aguachica, Cesar. Las víctimas se reunieron en enero de 2024 para hacer un homenaje y exigir al Estado justicia, verdad y reparación, tras la noticia de que los victimarios podrían quedar en libertad.
Dayana Herrera Valbuena
El 15 de enero de 1995, un grupo de 40 paramilitares armados y vestidos con prendas de las fuerzas militares y de civil, llegaron a dos bares de Puerto Patiño, ubicado en Aguachica, Cesar, y se llevaron a nueve personas por supuestamente pertenecer a grupos guerrilleros. Los campesinos encontraron ocho cuerpos con impactos de bala. Sin embargo, no lograron encontrar el cuerpo de José Trinidad Galván Urquijo, quien aún sigue desaparecido.
Tras casi tres décadas de impunidad, las víctimas se reunieron en el mes de enero en la plazoleta principal de Puerto Patiño para hacer un llamado de justicia al Estado. En este espacio no solo estuvieron los familiares de las víctimas, también llegaron los pobladores de El Marqués, quienes un año antes, el 27 de marzo de 1994, vivieron la perdida de tres hombres que fueron asesinados por paramilitares al mando de ‘Juancho Parada’ y, tres meses después, los mismos armados regresaron al corregimiento para asesinar a otros cuatro campesinos.
Una de las mayores exigencias en esta conmemoración fue la búsqueda de verdad. En la plaza principal, a través de acciones simbólicas, exigieron a las instituciones que sus casos obtengan respuesta pronta. “Estamos agradecidos con todas las personas que nos han acompañado en la lucha por saber la verdad de lo que sucedió en las masacres”, dijeron durante el encuentro.
Sin embargo, para las familias una preocupación es la libertad que está concediendo el Tribunal de Justicia y Paz a los victimarios de estos hechos. En octubre de 2023, el Tribunal concedió libertad condicional a Freddy Ramiro Pedraza Gómez, alias “Diego” o “Chicote”, quien estuvo involucrado en las dos masacres. “Las entidades dieron un concepto favorable para Freddy Pedraza, acertaron en que tenía un buen comportamiento y que los compromisos de resocialización como proyectos educativos y de trabajo le permitían reincorporarse a la sociedad”, comentó la abogada Sofía Bautista, de la Comisión Colombiana de Juristas, a este diario.
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Para Bautista, quien es la representante de víctimas desde septiembre, la libertad condicional para los paramilitares involucrados en las masacres del Sur de Cesar, es una preocupación latente, pues “las audiencias que se han realizado desde septiembre son para evaluar las medidas - libertad condicional - que están pidiendo los responsables; sin embargo, no hay avances en la investigación, ni en las medidas de reparación que exigen las víctimas”, afirmó la jurista.
Por su parte, la Asociación de Víctimas de Puerto Patiño (ASOVICPA), indica que estás audiencias no han respondido a las peticiones de las víctimas, pues, a la fecha, no se tiene conocimiento de dónde está el cuerpo de José Trinidad Galván Urquijo, quien desapareció en estos hechos y en varias ocasiones la Fiscalía ha pedido la preclusión del caso. Gloria*, quien prefiere cambiar su nombre por seguridad, es hija de uno de los hombres asesinados durante la masacre. “He intentado estar en todas las audiencias de seguimiento, la Fiscalía quería dar por cerrado el caso y ni siquiera nos llaman a rendir testimonio, la voz de nosotros no ha contado en el proceso investigativo”, sostiene.
En esto coincide Bautista, pues afirma que “la misma juez tuvo que llamarle la atención a cada uno de los fiscales y recordarles que, en crímenes de lesa humanidad, no podía haber preclusión de la acción penal. Entonces los exhorto a retomar esas investigaciones, lo cual significa que no han hecho prácticamente ningún avance en el caso puntual de Puerto Patiño”.
Para Gloria, la lucha por obtener verdad y justicia comenzó a sus 17 años, cuando le arrebataron a su padre. Ella, junto a otras mujeres, han tomado el liderazgo para reivindicar sus vidas y las de sus seres queridos. “El mayor obstáculo no es solo que el Estado a la fecha no tenga ningún responsable condenado, sino que vivimos en un territorio con alta presencia de grupos armados y muchas veces en la búsqueda de justicia preferimos callar por no tener más muertes”, afirma la mujer.
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Lo que dice Gloria concuerda con las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo. Según la entidad, la presencia del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y el ELN, han puesto en deterioro la situación de seguridad y derechos humanos en los municipios del Cesar. A esta situación se suma uno de los llamados que realiza Bautista, la representante de víctimas: “las familias que buscan justicia están siendo doblemente revictimizadas. Primero porque ni la Gobernación del Cesar, ni las alcaldías les han garantizado una reparación, y segundo, porque están en territorios de alta vulnerabilidad por la presencia de armados”.
Reparación a las víctimas en espera
La reparación para la familia de Gloria no ha llegado. Su madre, la señora Antonia* murió hace tres años esperando a que el Estado la reparara por el asesinato de su esposo y por el desplazamiento que vivieron a causa de la masacre en Puerto Patiño. La reparación indemnizatoria quedó “en veremos”. En diferentes ocasiones se acercó a la Gobernación del Cesar y a otras entidades y el desconocimiento de la sentencia que indica que deben reparar a las víctimas por crímenes de lesa humanidad y la indiferencia fue la respuesta estatal.
Esto lo confirma Bautista, quien indica que a pesar de haber interpuesto una tutela para que las medidas de reparación sean efectivas, “la juez dijo que no podía pronunciarse frente a ordenar una reparación inmediata, sino que había que acogerse a solicitarle directamente a las entidades una priorización de los casos”, dijo la abogada en diálogo con este diario.
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La señora Antonia murió a sus 82 años esperando la verdad sobre la muerte de su esposo. Ahora, su hija Gloria es quien tiene a la batuta la búsqueda de justicia. “Sabemos que no es fácil obtener esto, llevamos casi 30 años de búsqueda, hay paramilitares que están saliendo de prisión sin haber sido juzgados. Pero tenemos esperanza, eso es lo último que tenemos”.
De hecho, en 2022, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informes en los que detalla las masacres de Puerto Patiño y El Marqués, en el sur del Cesar, entre 1994 y 1995. A la fecha, la JEP no ha llamado a ninguna de las familias ni ha tenido acercamiento con la CCJ para iniciar el proceso investigativo. “Todavía no ha habido aportes a la verdad, ni la JEP ha tenido acercamiento con nosotros para llamar a los comparecientes”, concluye Bautista.
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El 15 de enero de 1995, un grupo de 40 paramilitares armados y vestidos con prendas de las fuerzas militares y de civil, llegaron a dos bares de Puerto Patiño, ubicado en Aguachica, Cesar, y se llevaron a nueve personas por supuestamente pertenecer a grupos guerrilleros. Los campesinos encontraron ocho cuerpos con impactos de bala. Sin embargo, no lograron encontrar el cuerpo de José Trinidad Galván Urquijo, quien aún sigue desaparecido.
Tras casi tres décadas de impunidad, las víctimas se reunieron en el mes de enero en la plazoleta principal de Puerto Patiño para hacer un llamado de justicia al Estado. En este espacio no solo estuvieron los familiares de las víctimas, también llegaron los pobladores de El Marqués, quienes un año antes, el 27 de marzo de 1994, vivieron la perdida de tres hombres que fueron asesinados por paramilitares al mando de ‘Juancho Parada’ y, tres meses después, los mismos armados regresaron al corregimiento para asesinar a otros cuatro campesinos.
Una de las mayores exigencias en esta conmemoración fue la búsqueda de verdad. En la plaza principal, a través de acciones simbólicas, exigieron a las instituciones que sus casos obtengan respuesta pronta. “Estamos agradecidos con todas las personas que nos han acompañado en la lucha por saber la verdad de lo que sucedió en las masacres”, dijeron durante el encuentro.
Sin embargo, para las familias una preocupación es la libertad que está concediendo el Tribunal de Justicia y Paz a los victimarios de estos hechos. En octubre de 2023, el Tribunal concedió libertad condicional a Freddy Ramiro Pedraza Gómez, alias “Diego” o “Chicote”, quien estuvo involucrado en las dos masacres. “Las entidades dieron un concepto favorable para Freddy Pedraza, acertaron en que tenía un buen comportamiento y que los compromisos de resocialización como proyectos educativos y de trabajo le permitían reincorporarse a la sociedad”, comentó la abogada Sofía Bautista, de la Comisión Colombiana de Juristas, a este diario.
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Para Bautista, quien es la representante de víctimas desde septiembre, la libertad condicional para los paramilitares involucrados en las masacres del Sur de Cesar, es una preocupación latente, pues “las audiencias que se han realizado desde septiembre son para evaluar las medidas - libertad condicional - que están pidiendo los responsables; sin embargo, no hay avances en la investigación, ni en las medidas de reparación que exigen las víctimas”, afirmó la jurista.
Por su parte, la Asociación de Víctimas de Puerto Patiño (ASOVICPA), indica que estás audiencias no han respondido a las peticiones de las víctimas, pues, a la fecha, no se tiene conocimiento de dónde está el cuerpo de José Trinidad Galván Urquijo, quien desapareció en estos hechos y en varias ocasiones la Fiscalía ha pedido la preclusión del caso. Gloria*, quien prefiere cambiar su nombre por seguridad, es hija de uno de los hombres asesinados durante la masacre. “He intentado estar en todas las audiencias de seguimiento, la Fiscalía quería dar por cerrado el caso y ni siquiera nos llaman a rendir testimonio, la voz de nosotros no ha contado en el proceso investigativo”, sostiene.
En esto coincide Bautista, pues afirma que “la misma juez tuvo que llamarle la atención a cada uno de los fiscales y recordarles que, en crímenes de lesa humanidad, no podía haber preclusión de la acción penal. Entonces los exhorto a retomar esas investigaciones, lo cual significa que no han hecho prácticamente ningún avance en el caso puntual de Puerto Patiño”.
Para Gloria, la lucha por obtener verdad y justicia comenzó a sus 17 años, cuando le arrebataron a su padre. Ella, junto a otras mujeres, han tomado el liderazgo para reivindicar sus vidas y las de sus seres queridos. “El mayor obstáculo no es solo que el Estado a la fecha no tenga ningún responsable condenado, sino que vivimos en un territorio con alta presencia de grupos armados y muchas veces en la búsqueda de justicia preferimos callar por no tener más muertes”, afirma la mujer.
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Lo que dice Gloria concuerda con las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo. Según la entidad, la presencia del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y el ELN, han puesto en deterioro la situación de seguridad y derechos humanos en los municipios del Cesar. A esta situación se suma uno de los llamados que realiza Bautista, la representante de víctimas: “las familias que buscan justicia están siendo doblemente revictimizadas. Primero porque ni la Gobernación del Cesar, ni las alcaldías les han garantizado una reparación, y segundo, porque están en territorios de alta vulnerabilidad por la presencia de armados”.
Reparación a las víctimas en espera
La reparación para la familia de Gloria no ha llegado. Su madre, la señora Antonia* murió hace tres años esperando a que el Estado la reparara por el asesinato de su esposo y por el desplazamiento que vivieron a causa de la masacre en Puerto Patiño. La reparación indemnizatoria quedó “en veremos”. En diferentes ocasiones se acercó a la Gobernación del Cesar y a otras entidades y el desconocimiento de la sentencia que indica que deben reparar a las víctimas por crímenes de lesa humanidad y la indiferencia fue la respuesta estatal.
Esto lo confirma Bautista, quien indica que a pesar de haber interpuesto una tutela para que las medidas de reparación sean efectivas, “la juez dijo que no podía pronunciarse frente a ordenar una reparación inmediata, sino que había que acogerse a solicitarle directamente a las entidades una priorización de los casos”, dijo la abogada en diálogo con este diario.
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La señora Antonia murió a sus 82 años esperando la verdad sobre la muerte de su esposo. Ahora, su hija Gloria es quien tiene a la batuta la búsqueda de justicia. “Sabemos que no es fácil obtener esto, llevamos casi 30 años de búsqueda, hay paramilitares que están saliendo de prisión sin haber sido juzgados. Pero tenemos esperanza, eso es lo último que tenemos”.
De hecho, en 2022, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informes en los que detalla las masacres de Puerto Patiño y El Marqués, en el sur del Cesar, entre 1994 y 1995. A la fecha, la JEP no ha llamado a ninguna de las familias ni ha tenido acercamiento con la CCJ para iniciar el proceso investigativo. “Todavía no ha habido aportes a la verdad, ni la JEP ha tenido acercamiento con nosotros para llamar a los comparecientes”, concluye Bautista.
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