Materializar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, según los jóvenes

Lo complicado del lenguaje jurídico, la ausencia del Estado en las regiones y la creencia de que la justicia pasa por castigar. Estos son algunos de los retos que pusieron de presente un grupo de jóvenes de todo el país reunidos en Bogotá este jueves para encontrar un camino, que los incluya, para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad sobre justicia y superación de la impunidad. “Los jóvenes estamos llamados a que el legado de la Comisión trascienda”, le dijo a este diario una de las participantes, Ana María Grisales.

(Lea también: ONU asesorará a Colombia para implementar recomendaciones de Comisión de la Verdad)

Psicóloga de profesión, Grisales hace parte desde Pereira, donde vive, del movimiento Generación V+, una iniciativa de jóvenes que hacen pedagogía sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad e incidencia para que las recomendaciones se hagan realidad. En sus palabras, “trabajamos para que las recomendaciones no se queden solo en un documento, sino que se puedan materializar y que se lleven a los territorios: al barrio, al jardín, a la universidad, a las instituciones departamentales, gubernamentales”.

Por eso estaba en Bogotá esta semana, invitada por el Ministerio de Justicia para discutir lo que los comisionados recomendaron en el Informe que le entregaron al país hace ya un año. En esa serie de documentos, la Comisión concluyó que el conflicto armado colombiano persistía por una serie de factores estructurales, como el narcotráfico, los problemas alrededor de la tierra y la impunidad. Para superarlos, dio una serie de recomendaciones y, en el caso del último factor, buena parte de ellas recaen en la cartera de justicia.

(Lea también: En el Cauca, el recrudecimiento del conflicto afecta el acceso a la justicia)

En ese sentido, Mariana Ardila, directora de Justicia Transicional del Ministerio, le dijo a este diario: “Para el Gobierno es claro que, aunque no haya quedado expreso en el Plan de Desarrollo que se acogen las recomendaciones, hay un compromiso político, un compromiso jurídico con el Acuerdo de Paz, que es parte de nuestra Constitución. Además, muchas de las recomendaciones que dio la Comisión son obligaciones internacionales: están en tratados, las han recomendado organismos internacionales; o los propios organismos de control. Es decir, lo entendemos como una obligación política y jurídica de avanzar”.

“Lógicamente, sabemos que no es fácil materializar las recomendaciones”, reconoció Grisales. Incluso, en los diálogos entre los jóvenes salían a flote las limitaciones: la jerga que utilizan los abogados, el desconocimiento de buena parte de los ciudadanos de sus derechos, la tradición colombiana que cree que los problemas sociales se solucionan castigando, o lo costoso que sería una reforma estructural de la justicia. Todas, en clave de la experiencia que han tenido los jóvenes de Generación V+ visibilizando el Informe Final distintas regiones, así como a partir de los conocimientos de estudiantes de Derecho.

Para el Ministerio era importante escuchar qué pensaban los jóvenes de estas recomendaciones. “Creemos que la juventud debe opinar sobre la justicia, cómo debería ser, qué debe cambiar, según también las recomendaciones y los hallazgos del Informe de la Comisión de la Verdad, que encontró cosas que son dolorosas y que nos hacen reflexionar como sector justicia”, añadió Ardila.

(Le puede interesar: Más allá del castigo: lo que la justicia puede aprender de los pueblos étnicos)

En la jornada, de la que participaron jóvenes de Bucaramanga, Cúcuta, Florencia, Pereira, Quibdó y otras ciudades, que discutieron sobre cómo fortalecer la justicia en lo local, para la atención de violencias basadas en género y para los pueblos étnicos. “Tuvimos una preparación previa con los jóvenes de Generación V+ que nos acompañan y para ellos eran importantes estas recomendaciones”, explicó Ardila. Los funcionarios del Ministerio tomaron nota de las apreciaciones de los jóvenes. La idea es que sus opiniones sirvan de insumo para el plan de acción que tiene el Ministerio de Justicia para impulsar las recomendaciones.

Pero a su vez, que los tomadores de decisión en la rama judicial los escucharan. En el encuentro estuvieron presentes, por ejemplo, funcionarios de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidades a las que la Comisión de la Verdad también lanzó interpelaciones en su Informe Final.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Lo complicado del lenguaje jurídico, la ausencia del Estado en las regiones y la creencia de que la justicia pasa por castigar. Estos son algunos de los retos que pusieron de presente un grupo de jóvenes de todo el país reunidos en Bogotá este jueves para encontrar un camino, que los incluya, para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad sobre justicia y superación de la impunidad. “Los jóvenes estamos llamados a que el legado de la Comisión trascienda”, le dijo a este diario una de las participantes, Ana María Grisales.

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Psicóloga de profesión, Grisales hace parte desde Pereira, donde vive, del movimiento Generación V+, una iniciativa de jóvenes que hacen pedagogía sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad e incidencia para que las recomendaciones se hagan realidad. En sus palabras, “trabajamos para que las recomendaciones no se queden solo en un documento, sino que se puedan materializar y que se lleven a los territorios: al barrio, al jardín, a la universidad, a las instituciones departamentales, gubernamentales”.

Por eso estaba en Bogotá esta semana, invitada por el Ministerio de Justicia para discutir lo que los comisionados recomendaron en el Informe que le entregaron al país hace ya un año. En esa serie de documentos, la Comisión concluyó que el conflicto armado colombiano persistía por una serie de factores estructurales, como el narcotráfico, los problemas alrededor de la tierra y la impunidad. Para superarlos, dio una serie de recomendaciones y, en el caso del último factor, buena parte de ellas recaen en la cartera de justicia.

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En ese sentido, Mariana Ardila, directora de Justicia Transicional del Ministerio, le dijo a este diario: “Para el Gobierno es claro que, aunque no haya quedado expreso en el Plan de Desarrollo que se acogen las recomendaciones, hay un compromiso político, un compromiso jurídico con el Acuerdo de Paz, que es parte de nuestra Constitución. Además, muchas de las recomendaciones que dio la Comisión son obligaciones internacionales: están en tratados, las han recomendado organismos internacionales; o los propios organismos de control. Es decir, lo entendemos como una obligación política y jurídica de avanzar”.

“Lógicamente, sabemos que no es fácil materializar las recomendaciones”, reconoció Grisales. Incluso, en los diálogos entre los jóvenes salían a flote las limitaciones: la jerga que utilizan los abogados, el desconocimiento de buena parte de los ciudadanos de sus derechos, la tradición colombiana que cree que los problemas sociales se solucionan castigando, o lo costoso que sería una reforma estructural de la justicia. Todas, en clave de la experiencia que han tenido los jóvenes de Generación V+ visibilizando el Informe Final distintas regiones, así como a partir de los conocimientos de estudiantes de Derecho.

Para el Ministerio era importante escuchar qué pensaban los jóvenes de estas recomendaciones. “Creemos que la juventud debe opinar sobre la justicia, cómo debería ser, qué debe cambiar, según también las recomendaciones y los hallazgos del Informe de la Comisión de la Verdad, que encontró cosas que son dolorosas y que nos hacen reflexionar como sector justicia”, añadió Ardila.

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En la jornada, de la que participaron jóvenes de Bucaramanga, Cúcuta, Florencia, Pereira, Quibdó y otras ciudades, que discutieron sobre cómo fortalecer la justicia en lo local, para la atención de violencias basadas en género y para los pueblos étnicos. “Tuvimos una preparación previa con los jóvenes de Generación V+ que nos acompañan y para ellos eran importantes estas recomendaciones”, explicó Ardila. Los funcionarios del Ministerio tomaron nota de las apreciaciones de los jóvenes. La idea es que sus opiniones sirvan de insumo para el plan de acción que tiene el Ministerio de Justicia para impulsar las recomendaciones.

Pero a su vez, que los tomadores de decisión en la rama judicial los escucharan. En el encuentro estuvieron presentes, por ejemplo, funcionarios de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidades a las que la Comisión de la Verdad también lanzó interpelaciones en su Informe Final.

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