Matrimonio infantil: Congreso aplaza votación en tercer debate para prohibirlo

Prohibir el matrimonio infantil en Colombia tendrá que esperar, por lo menos, una semana más. Este martes, la Comisión Primera del Senado se reunió para discutir un proyecto de ley que pretende prohibir este tipo de uniones entre personas menores de 18 años. Sin embargo, luego de casi tres horas de discusiones, argumentos e incluso críticas al propósito de la iniciativa, los integrantes de esta sala legislativa aplazaron la votación que definiría si se aprueba o por el contrario se archiva.

El proyecto lleva un año transitando por los pasillos del Congreso para intentar ofrecer justicia a miles de niños que, asegura Profamilia, tras el matrimonio infantil, inician una bola de nieve que desemboca en violencia sexual, traumas psicológicos, pobreza y proyectos de vida quebrados. Este martes fue el tercero de cuatro debates que un proyecto debe surtir para convertirse, o no, en ley en el país. Sin embargo, su futuro ahora depende de la voluntad política y la agenda legislativa de la otra semana.

(De contexto: Prohibición del matrimonio infantil: una deuda histórica con los niños colombianos)

Bajo el lema “son niñas, no esposas”, el proyecto pretende que se reforme el Código Civil, que actualmente permite que cualquier niño mayor de 14 años, siempre y cuando tenga el consentimiento de sus tutores, puede contraer matrimonio. Así las cosas, esta iniciativa busca que la edad mínima para casarse o suscribirse a una unión temprana, sea de 18 años.

Prohibir esta “violencia legal”, como dijo a este diario Martha Royo, directora ejecutiva de Profamilia, no es algo nuevo. Desde 2007 se ha intentado que se apruebe la prohibición del matrimonio infantil. Sin embargo, el proyecto se ha caído, archivado e incluso aplazado hasta quedar en el olvido en nueve ocasiones. La validez de la unión de menores existe desde 1974 y según reportes de ONG defensores de derechos de los niños, ha ocasionado anualmente que uno de cada siete niños en Colombia esté o haya contraído matrimonio.

“Gracias a los contextos de vulnerabilidad y exposición a la pobreza, la desescolarización y la violencia, se propician estas uniones. Terminan siendo decisiones obligadas indirectamente por las condiciones psicosociales y relaciones de poder que profundizan desigualdades y sistemas de opresión”, reza la ponencia del proyecto.

El Código Civil, en su artículo 117, señala: “Los menores de la edad expresada [14 años] no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales”. Sin embargo, expertos consultados por este diario aseguran que cuando esto se normaliza se pueden generar otras violencias contra los menores de edad. Para Danitza Marentes, directora de la oenegé Valientes, este escenario no solo se presenta en las zonas rurales, sino también en grandes ciudades, como Bogotá.

“Termina siendo revictimizante porque se escuchan comentarios como: ‘las peladitas de 15 años son unas bandidas. Ellas buscan eso’. Y se nos olvida que los menores tienen especial protección constitucional”, señaló Marentes.

Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia es el segundo país, después de México, con mayor índice de embarazos infantiles al registrar más de medio millón de nacimientos. Del total, tres de cada cuatro niñas que tuvieron un hijo estuvieron o estaban casadas a temprana edad.

Más allá de las vulneraciones a los niños, esto tiene un impacto en el erario público. La ponencia del proyecto, por ejemplo, habla sobre un gasto inmenso que el Estado tiene que hacer para atender las secuelas del matrimonio infantil, por ejemplo, el embarazo adolescente.

“Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, se ha señalado que el embarazo en adolescentes tiene un costo del 0.50 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual, lo que demuestra que el Estado debe actuar y prevenir el embarazo”, dice el texto.

Marta Royo, de Profamilia, asegura que es una oportunidad histórica, no solo para el Congreso, sino para la niñez del país. La experta considera que el cuidado de los niños no depende únicamente del Estado, sino también de sus padres, instituciones educativas y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, añade: “El cuidado y la protección de los niños y niñas frente al matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas es de todos; dependen de una acción coordinada”.

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Prohibir el matrimonio infantil en Colombia tendrá que esperar, por lo menos, una semana más. Este martes, la Comisión Primera del Senado se reunió para discutir un proyecto de ley que pretende prohibir este tipo de uniones entre personas menores de 18 años. Sin embargo, luego de casi tres horas de discusiones, argumentos e incluso críticas al propósito de la iniciativa, los integrantes de esta sala legislativa aplazaron la votación que definiría si se aprueba o por el contrario se archiva.

El proyecto lleva un año transitando por los pasillos del Congreso para intentar ofrecer justicia a miles de niños que, asegura Profamilia, tras el matrimonio infantil, inician una bola de nieve que desemboca en violencia sexual, traumas psicológicos, pobreza y proyectos de vida quebrados. Este martes fue el tercero de cuatro debates que un proyecto debe surtir para convertirse, o no, en ley en el país. Sin embargo, su futuro ahora depende de la voluntad política y la agenda legislativa de la otra semana.

(De contexto: Prohibición del matrimonio infantil: una deuda histórica con los niños colombianos)

Bajo el lema “son niñas, no esposas”, el proyecto pretende que se reforme el Código Civil, que actualmente permite que cualquier niño mayor de 14 años, siempre y cuando tenga el consentimiento de sus tutores, puede contraer matrimonio. Así las cosas, esta iniciativa busca que la edad mínima para casarse o suscribirse a una unión temprana, sea de 18 años.

Prohibir esta “violencia legal”, como dijo a este diario Martha Royo, directora ejecutiva de Profamilia, no es algo nuevo. Desde 2007 se ha intentado que se apruebe la prohibición del matrimonio infantil. Sin embargo, el proyecto se ha caído, archivado e incluso aplazado hasta quedar en el olvido en nueve ocasiones. La validez de la unión de menores existe desde 1974 y según reportes de ONG defensores de derechos de los niños, ha ocasionado anualmente que uno de cada siete niños en Colombia esté o haya contraído matrimonio.

“Gracias a los contextos de vulnerabilidad y exposición a la pobreza, la desescolarización y la violencia, se propician estas uniones. Terminan siendo decisiones obligadas indirectamente por las condiciones psicosociales y relaciones de poder que profundizan desigualdades y sistemas de opresión”, reza la ponencia del proyecto.

El Código Civil, en su artículo 117, señala: “Los menores de la edad expresada [14 años] no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales”. Sin embargo, expertos consultados por este diario aseguran que cuando esto se normaliza se pueden generar otras violencias contra los menores de edad. Para Danitza Marentes, directora de la oenegé Valientes, este escenario no solo se presenta en las zonas rurales, sino también en grandes ciudades, como Bogotá.

“Termina siendo revictimizante porque se escuchan comentarios como: ‘las peladitas de 15 años son unas bandidas. Ellas buscan eso’. Y se nos olvida que los menores tienen especial protección constitucional”, señaló Marentes.

Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia es el segundo país, después de México, con mayor índice de embarazos infantiles al registrar más de medio millón de nacimientos. Del total, tres de cada cuatro niñas que tuvieron un hijo estuvieron o estaban casadas a temprana edad.

Más allá de las vulneraciones a los niños, esto tiene un impacto en el erario público. La ponencia del proyecto, por ejemplo, habla sobre un gasto inmenso que el Estado tiene que hacer para atender las secuelas del matrimonio infantil, por ejemplo, el embarazo adolescente.

“Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, se ha señalado que el embarazo en adolescentes tiene un costo del 0.50 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual, lo que demuestra que el Estado debe actuar y prevenir el embarazo”, dice el texto.

Marta Royo, de Profamilia, asegura que es una oportunidad histórica, no solo para el Congreso, sino para la niñez del país. La experta considera que el cuidado de los niños no depende únicamente del Estado, sino también de sus padres, instituciones educativas y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, añade: “El cuidado y la protección de los niños y niñas frente al matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas es de todos; dependen de una acción coordinada”.

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