Matrimonio Infantil: Congreso está a un paso de que se prohíba
La iniciativa que pretende prohibir el matrimonio infantil en Colombia está a tan solo un paso de convertirse en ley. El proyecto nunca, en 17 años y nueve trámites legislativos, había tenido éxito y se convierte en una posibilidad real de acabar con una violencia aceptada legal y moralmente.
Tomás Tarazona Ramírez
La Comisión Primera del Senado acaba de avanzar un paso más para ofrecer justicia a los niños en Colombia. Luego de una discusión de tres horas, los congresistas de este despacho legislativo aprobaron por unanimidad el proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio infantil en Colombia y acabar un patrón de violencias que afecta a siete de cada 10 niños en el país.
El proyecto lleva un año transitando por los pasillos del Congreso para intentar ofrecer justicia a miles de niños que, asegura Profamilia, tras el matrimonio infantil, inician una bola de nieve que desemboca en violencia sexual, traumas psicológicos, pobreza y proyectos de vida quebrados. Este miércoles fue el tercero de cuatro debates que un proyecto debe surtir para convertirse, o no, en ley en el país.
(Puede interesarle: Prohibición del matrimonio infantil: una deuda histórica con los niños colombianos)
De acuerdo con el artículo 117 del Código Civil, cualquier niño o niña mayor de 14 años puede contraer matrimonio, siempre y cuando cuente con el aval y consentimiento de sus padres o representantes legales. Sin embargo, este artículo de la legislación ha sido criticado por ONG de derechos humanos por considerarlo como “una violencia legal” contra los jóvenes y niños. De acuerdo con datos de Profamilia, estas uniones maritales se consuman usualmente entre niñas mayores de 14 años y adultos que son, en promedio, siete o más años mayores que ellas.
Bajo el lema “son niñas, no esposas”, el proyecto pretende que se reforme el Código Civil, que actualmente permite que cualquier niño mayor de 14 años, siempre y cuando tenga el consentimiento de sus tutores, puede contraer matrimonio. Así las cosas, esta iniciativa busca que la edad mínima para casarse o suscribirse a una unión temprana, sea de 18 años.
Prohibir esta “violencia legal”, como dijo a este diario Martha Royo, directora ejecutiva de Profamilia, no es algo nuevo. Desde 2007 se ha intentado que se apruebe la prohibición del matrimonio infantil. Sin embargo, el proyecto se ha caído, archivado e incluso aplazado hasta quedar en el olvido en nueve ocasiones. La validez de la unión de menores existe desde 1974 y según reportes de ONG defensores de derechos de los niños, ha ocasionado anualmente que uno de cada siete niños en Colombia esté o haya contraído matrimonio.
“Gracias a los contextos de vulnerabilidad y exposición a la pobreza, la desescolarización y la violencia, se propician estas uniones. Terminan siendo decisiones obligadas indirectamente por las condiciones psicosociales y relaciones de poder que profundizan desigualdades y sistemas de opresión”, reza la ponencia del proyecto.
Una violencia para toda la vida
Además de las consecuencias sociales que implica el matrimonio infantil, expertos aseguran que hay una serie de repercusiones que afectan especialmente a las niñas durante el resto de sus vidas.
Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia es el segundo país, después de México, con mayor índice de embarazos infantiles al registrar más de medio millón de nacimientos, la mayoría productos de uniones maritales tempranas. Del total, tres de cada cuatro niñas que tuvieron un hijo estuvieron o estaban casadas a temprana edad.
Más allá de las vulneraciones a los niños, esto tiene un impacto en el erario público. La ponencia del proyecto, por ejemplo, habla sobre un gasto inmenso que el Estado tiene que hacer para atender las secuelas del matrimonio infantil, como por ejemplo, el embarazo en las adolescentes. “Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, se ha señalado que el embarazo en adolescentes tiene un costo del 0.50 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual, lo que demuestra que el Estado debe actuar y prevenir el embarazo”, dice el texto.
“Esta realidad ha perjudicado a miles de niños que han interrumpido su proceso natural de desarrollo para enfrentarse a roles para los que no se encuentran preparados a nivel físico, ni psicológico. Está comprobado que el matrimonio infantil está asociado a la deserción escolar, trabajo doméstico no remunerado, restricción de autonomía, maternidad temprana, y muchas consecuencias más”, dice Royo.
Otra consecuencia, que en muchas ocasiones se pasa por alto, es la salud mental. La Alianza por la Niñez asegura que el matrimonio infantil puede generar depresión y ansiedad en los y las menores de edad, mientras que el Ministerio de Salud ha argumentado que también existen registros de suicidios y autolesiones a causa de estas uniones.
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La Comisión Primera del Senado acaba de avanzar un paso más para ofrecer justicia a los niños en Colombia. Luego de una discusión de tres horas, los congresistas de este despacho legislativo aprobaron por unanimidad el proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio infantil en Colombia y acabar un patrón de violencias que afecta a siete de cada 10 niños en el país.
El proyecto lleva un año transitando por los pasillos del Congreso para intentar ofrecer justicia a miles de niños que, asegura Profamilia, tras el matrimonio infantil, inician una bola de nieve que desemboca en violencia sexual, traumas psicológicos, pobreza y proyectos de vida quebrados. Este miércoles fue el tercero de cuatro debates que un proyecto debe surtir para convertirse, o no, en ley en el país.
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De acuerdo con el artículo 117 del Código Civil, cualquier niño o niña mayor de 14 años puede contraer matrimonio, siempre y cuando cuente con el aval y consentimiento de sus padres o representantes legales. Sin embargo, este artículo de la legislación ha sido criticado por ONG de derechos humanos por considerarlo como “una violencia legal” contra los jóvenes y niños. De acuerdo con datos de Profamilia, estas uniones maritales se consuman usualmente entre niñas mayores de 14 años y adultos que son, en promedio, siete o más años mayores que ellas.
Bajo el lema “son niñas, no esposas”, el proyecto pretende que se reforme el Código Civil, que actualmente permite que cualquier niño mayor de 14 años, siempre y cuando tenga el consentimiento de sus tutores, puede contraer matrimonio. Así las cosas, esta iniciativa busca que la edad mínima para casarse o suscribirse a una unión temprana, sea de 18 años.
Prohibir esta “violencia legal”, como dijo a este diario Martha Royo, directora ejecutiva de Profamilia, no es algo nuevo. Desde 2007 se ha intentado que se apruebe la prohibición del matrimonio infantil. Sin embargo, el proyecto se ha caído, archivado e incluso aplazado hasta quedar en el olvido en nueve ocasiones. La validez de la unión de menores existe desde 1974 y según reportes de ONG defensores de derechos de los niños, ha ocasionado anualmente que uno de cada siete niños en Colombia esté o haya contraído matrimonio.
“Gracias a los contextos de vulnerabilidad y exposición a la pobreza, la desescolarización y la violencia, se propician estas uniones. Terminan siendo decisiones obligadas indirectamente por las condiciones psicosociales y relaciones de poder que profundizan desigualdades y sistemas de opresión”, reza la ponencia del proyecto.
Una violencia para toda la vida
Además de las consecuencias sociales que implica el matrimonio infantil, expertos aseguran que hay una serie de repercusiones que afectan especialmente a las niñas durante el resto de sus vidas.
Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia es el segundo país, después de México, con mayor índice de embarazos infantiles al registrar más de medio millón de nacimientos, la mayoría productos de uniones maritales tempranas. Del total, tres de cada cuatro niñas que tuvieron un hijo estuvieron o estaban casadas a temprana edad.
Más allá de las vulneraciones a los niños, esto tiene un impacto en el erario público. La ponencia del proyecto, por ejemplo, habla sobre un gasto inmenso que el Estado tiene que hacer para atender las secuelas del matrimonio infantil, como por ejemplo, el embarazo en las adolescentes. “Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, se ha señalado que el embarazo en adolescentes tiene un costo del 0.50 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual, lo que demuestra que el Estado debe actuar y prevenir el embarazo”, dice el texto.
“Esta realidad ha perjudicado a miles de niños que han interrumpido su proceso natural de desarrollo para enfrentarse a roles para los que no se encuentran preparados a nivel físico, ni psicológico. Está comprobado que el matrimonio infantil está asociado a la deserción escolar, trabajo doméstico no remunerado, restricción de autonomía, maternidad temprana, y muchas consecuencias más”, dice Royo.
Otra consecuencia, que en muchas ocasiones se pasa por alto, es la salud mental. La Alianza por la Niñez asegura que el matrimonio infantil puede generar depresión y ansiedad en los y las menores de edad, mientras que el Ministerio de Salud ha argumentado que también existen registros de suicidios y autolesiones a causa de estas uniones.
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