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A comienzos de mayo se aprobó en segundo debate un proyecto que pretende poner punto final al matrimonio infantil: una unión que involucra a menores de edad y que tiene como tras escena violencia sexual, embarazo adolescente y una población afectada en la salud mental desde la niñez.
La iniciativa, que ya pasó dos de los cuatro debates necesarios en el Congreso para que se convierta en ley, busca que, como su slogan lo dice, los menores de edad en Colombia sean vistos como “niños, no esposos o esposas”.
El Espectador habló con tres organizaciones expertas en esta materia para conocer los argumentos que defienden la importancia de que se apruebe el proyecto de ley y con ello se haga justicia a los niños que durante décadas han sido violentados con este tipo de unión. Solo en 2023 la Superintendencia de Notariado y Registro contabilizó 114 matrimonios infantiles. Según explica la ponencia, se dan comunmente entre un menor de edad y una persona en promedio siete años mayor.
De acuerdo con el artículo 117 del Código Civil, cualquier niño mayor de 14 años puede contraer matrimonio siempre y cuando tenga el aval de sus padres o acudientes. Y, aunque es legal, expertos aseguran que este vínculo causa un efecto dominó para los niños, especialmente para las mujeres. Esta iniciativa busca que la edad mínima para que una persona pueda casarse en Colombia sea a los 18 años, además de contar con un programa de atención integral a proyectos de vidas de niños, niñas y adolescentes con alcance nacional.
Para Danitza Marentes, directora de la ONG Valientes, este escenario no solo se presenta en las zonas rurales, sino también en grandes ciudades, como Bogotá. “Termina siendo revictimizante porque se escuchan comentarios como: ‘las peladitas de 15 años son unas bandidas. Ellas buscan eso’. Y se nos olvida que los menores tienen especial protección constitucional”, señaló.
Aunque los menores de 14 años legalmente no puedan contraer esta unión, las cifras indican que es un escenario muy recurrente. Según datos recogidos por el DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018, 15 % de niños y niñas han estado en una situación de matrimonio infantil, teniendo en cuenta a menores de comunidades indígenas y afro. Incluso, hay registros donde el matrimonio se contrae cuando tienen un poco más de 10 años.
La realidad silenciosa
Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, aseguró a El Espectador que no solo la legislación colombiana, sino la sociedad, ha normalizado esta violencia sin percatarse de las secuelas que el matrimonio infantil deja a los niños.
Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia es el segundo país, después de México, con mayor índice de embarazos infantiles al registrar más de medio millón de nacimientos. Del total, tres de cada cuatro niñas que tuvieron un hijo estuvieron o estaban casadas a temprana edad.
Más allá de las vulneraciones a los niños, esto tiene un impacto en el erario público. La ponencia del proyecto, por ejemplo, habla sobre un gasto inmenso que el Estado tiene que hacer para atender las secuelas del matrimonio infantil, como por ejemplo, el embarazo en las adolescentes. “Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, se ha señalado que el embarazo en adolescentes tiene un costo del 0.50 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual, lo que demuestra que el Estado debe actuar y prevenir el embarazo”, dice el texto.
“Esta realidad ha perjudicado a miles de niños que han interrumpido su proceso natural de desarrollo para enfrentarse a roles para los que no se encuentran preparados a nivel físico, ni psicológico. Está comprobado que el matrimonio infantil está asociado a la deserción escolar, trabajo doméstico no remunerado, restricción de autonomía, maternidad temprana, y muchas consecuencias más”, dice Royo.
Otra consecuencia, que en muchas ocasiones se pasa por alto, es la salud mental. La Alianza por la Niñez asegura que el matrimonio infantil puede generar depresión y ansiedad en las menores de edad, mientras que el Ministerio de Salud ha argumentado que también existen registros de suicidios y autolesiones a causa de estas uniones.
La oportunidad de justicia
Tanto Unicef como Profamilia y Valientes aplauden que el Congreso esté intentando prohibir esta violencia que existe desde 1974. En nueve ocasiones anteriores el Legislativo ha intentado, sin éxito, saldar la deuda que el Estado tiene con los niños.
“Lo más importante es la prevención de los derechos de los niños. Esta iniciativa del Congreso no solo es un tema de prohibición, sino que sí o sí debe ir acompañado de un tema de sensibilización (...) Hay que entender que este es un fenómeno de familias que no tienen dinero, recursos, acceso a educación y ven que la única oportunidad de vida es un matrimonio a expensas de sufrir violencia intrafamiliar”, agregó Danitza Marentes.
Marta Royo, de Profamilia, asegura que es una oportunidad histórica, no solo para el Congreso, sino para la niñez del país. La experta considera que el cuidado de los niños no depende únicamente del Estado, sino también de sus padres, instituciones educativas y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, añade: “El cuidado y la protección de los niños y niñas frente al matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas es de todos; dependen de una acción coordinada”.
¿Cuánto falta para que sea una realidad? Luego de la aprobación en plenaria de la Cámara de Representantes, aún faltan dos debates más en Senado y, finalmente, la sanción presidencial para que este proyecto pueda convertirse en ley.
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