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A finales de febrero, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto 155 de 2023, que propone combatir el matrimonio infantil. Desde 2007, el Legislativo intenta acabar con el problema, pero ha fracasado en nueve ocasiones. Ahora, se abre una nueva oportunidad para erradicar esta violencia que, mientras no se apruebe, seguirá permitiendo que cientos de niños, niñas y adolescentes sigan siendo víctimas del efecto dominó que esta unión implica.
“Gracias a los contextos de vulnerabilidad y exposición a la pobreza, la desescolarización y la violencia, se propician estas uniones. Terminan siendo decisiones obligadas indirectamente por las condiciones psicosociales y relaciones de poder que profundizan desigualdades y sistemas de opresión”, reza la ponencia del proyecto.
Resolver esta problemática es primordial para organizaciones internacionales como UNICEF, que ha reseñado, por ejemplo, que se trata de un “riesgo para la vida, salud y perspectivas futuras de las niñas”. Y aunque los gobiernos internos son quienes deben atender este flagelo, algunos organismos dicen que es un problema que también puede ayudar a zanjar la sociedad.
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La violencia avalada
El Código Civil, en su artículo 117, señala: “Los menores de la edad expresada [14 años] no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales”. Sin embargo, expertos consultados por este diario aseguran que cuando esto se normaliza se pueden generar otras violencias contra los menores de edad. Para Danitza Marentes, directora de la oenegé Valientes, este escenario no solo se presenta en las zonas rurales, sino también en grandes ciudades, como Bogotá. “Termina siendo revictimizante porque se escuchan comentarios como: ‘las peladitas de 15 años son unas bandidas. Ellas buscan eso’. Y se nos olvida que los menores tienen especial protección constitucional”, señaló.
Aunque los menores de 14 años legalmente no puedan contraer esta unión, las cifras indican que es un escenario muy recurrente. Según datos recogidos por el DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018, 15 % de niños y niñas han estado en una situación de matrimonio infantil, teniendo en cuenta a menores de comunidades indígenas y afro. Incluso, hay registros donde el matrimonio se contrae cuando tienen un poco más de 10 años.
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“No es que niños y adolescentes se casen entre ellos. Normalmente se casan con personas seis años mayores en adelante. Si una niña tiene 15, el matrimonio se da con un hombre de 22 o 23 años. El reto, aparte de una fuerte reforma al Código Civil, es sensibilizar y prevenir a la sociedad para entender que esto no es algo normal”, aseguró Marentes.
Esta violencia no solo tiene un “aval cultural”, como explica la experta. También implica poner sobre la mesa un tema muy común en el Código Civil: el consentimiento. Jimmy Jiménez, abogado experto en derecho de familia, considera que “se da por supuesto que este contrato debe estar libre de vicios; además del permiso de los padres, debe existir el pleno consentimiento de ambos contrayentes (...) pero por supuesto que el simple hecho de ser mayor de 14 años no implica consentimiento ya que pueden existir otras circunstancias, como incapacidad de resistir, condiciones de inequidad o una superioridad manifiesta”.
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Otros problemas
El matrimonio infantil crea una bola de nieve que genera consecuencias para la vida futura de los menores. De acuerdo con cifras de la OCDE, Colombia es el segundo país, después de México, con mayor índice de embarazos infantiles con más de medio millón de nacimientos. Del total, tres de cada cuatro niñas que tuvieron un hijo estuvieron o estaban casadas a temprana edad.
Este panorama, además de preocupar a organizaciones de la sociedad civil, también es un punto crucial para los ponentes del proyecto de ley, al cual le restan tres debates en el Congreso. “Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, se ha señalado que el embarazo adolescente tiene un costo del 0.50 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual, lo que demuestra que el Estado debe actuar y prevenir el embarazo”, explica la ponencia.
Otra consecuencia, que en muchas ocasiones se pasa por alto, es la salud mental. La Alianza por la Niñez asegura que el matrimonio infantil puede generar depresión y ansiedad en las menores de edad, mientras que el Ministerio de Salud ha argumentado que también existen registros de suicidios y autolesiones a causa de estas uniones.
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Una nueva oportunidad
A pesar de los crudos escenarios que presentan las cifras de este flagelo, aún hay soluciones. El proyecto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes puso sobre la mesa una apuesta que busca cambiar el panorama: el Programa Nacional de Atención Integral a Proyectos de Vida. Esta iniciativa busca que los niños y niñas conozcan a profundidad sus derechos, entendiendo que “el matrimonio no es la única alternativa posible en contextos de vulnerabilidad”.
“Lo más importante es la prevención de los derechos de los niños. Esta iniciativa del Congreso no solo es un tema de prohibición, sino que sí o sí debe ir acompañado de un tema de sensibilización (...) Hay que entender que este es un fenómeno de familias que no tienen dinero, recursos, acceso a educación y ven que la única oportunidad de vida es un matrimonio a expensas de sufrir violencia intrafamiliar”, agregó Danitza Marentes.
El camino para hablar de la erradicación del matrimonio infantil en Colombia aún es largo. Para Jimmy Jiménez, experto en derecho de familia, no basta con una reforma al Código Civil, también se deben endurecer las penas que castigan la violencia contra menores de edad.
“Podría resultar paradójico que se suprima la autorización de un acto legal y solemne, como lo es el matrimonio, que debe tener el consentimiento de las partes. Pero no olvidemos que las violencias contra la niñez en Colombia se permiten por omisión; situaciones como abusos y explotación a menores de edad, por falta de condenas más fuertes, investigaciones más apropiadas e inversión en ámbitos legales que lo requieren, y eso también debe ponerse sobre la mesa para discutirlo”, anotó el abogado.
Así las cosas, el proyecto presentado por las representantes Alexandra Vásquez y Jennifer Pedraza todavía debe pasar por tres debates para que pueda ser parte del ordenamiento jurídico. Sin embargo, este tipo de proyectos, aseguran expertos, debe generar un consenso entre las colectividades para poner de primero el futuro de las niñas, niños y adolescentes.
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