Corría el 2008, la psicóloga Márjorie Kísner Mira tenía contratos de prestación de servicios con el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), para trabajar en el Programa de Atención a la Población de Pospenados y Reinsertados. Aunque su trabajo consistía en atender a esta población en comisarías, en 2008 la obligaron a visitar tres veces por semana las casas de las familias. En una de esas visitas, el 2 de diciembre de ese año, la profesional fue asesinada por Róbert Alexánder López, quien había estado privado de la libertad en la cárcel Bellavista por delitos sexuales y porte ilegal de armas.
Por este hecho, en 2010, la familia de Kísner demandó al ITM, a la Alcaldía de Medellín y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Esto, a razón de que la entidad educativa tenía un convenio interadministrativo con el gobierno local. Hasta que, el 30 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado condenó al ITM y al municipio por prejuicios morales y el daño a la salud de la familia de la profesional. En cumplimiento del fallo, este 25 de julio de 2024, en la sede de Fraternidad del ITM se realizó un acto de perdón público en memoria de la psicóloga.
De acuerdo con los defensores de las víctimas, la firma de abogados Javier Villegas Posada, hubo sucesivas y graves negligencias dentro del programa que trabajaba Kísner. Incluso, en 2016, un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia fue el primero en condenar al municipio de Medellín y al ITM “al determinar que se evidenció una falla del servicio por el incumplimiento de las normas de protección a los contratistas, y porque las visitas domiciliarias se ordenaron sin adecuado estudio de los riesgos ni la adopción de protocolos o capacitaciones sobre la materia, situación que fue advertida a los respectivos coordinadores del programa”, escribe el equipo de representantes.
Ante esto, las entidades apelaron el fallo. Entre otros argumentos, dijeron que no era cierto que el asesinato tuviera conotaciones de género, o que la profesional debió informar el peligro que corría al visitar los hogares. Cuando el Consejo de Estado revisó la decisión le dio la razón al Tribunal y culpó también a las entidades: “por el hecho de no realizar un análisis adecuado de los riesgos a los cuales dicha persona se encontraba sometida por el hecho de haberle impuesto la obligación consistente en realizar visitas domiciliarias a pospenados sin que previamente se hubiera dispuesto un protocolo tendiente a garantizar su seguridad e integridad personal”.
Asimismo, la alta instancia administrativa rechazó la revictimización que emitieron desde la defensa de las dos entidades. Pues, en medio del proceso, trataron de afirmar que entre la psicóloga y el pospenado tenían una relación sentimental con la intención de demostrar que el asesinato no tuvo relación con el trabajo de la mujer. “Implican un ataque directo a la persona misma de la occisa, afectan su memoria, su dignidad y cuestionan sus calidades profesionales”, escribió la Sala.
Más allá de declarar la culpabilidad de las dos instituciones, la Sala administrativa ordenó un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por el crimen contra la psicóloga, así como unas disculpas y la exaltación de la memoria. Ante esto, el municipio de Medellín y el ITM deberán disponer también de todos los recursos necesarios para desarrollar un proyecto de investigación en psicología, con el nombre de Márjorie Kísner Mira, relacionado con la atención a la población carcelaria y pospenada con miras a su rehabilitación.
“Les pedimos perdón, con el reconocimiento de que le fallamos no solo a Márjorie y a su familia, sino a las mujeres de Medellín. Ofrezco nuestras más sentidas disculpas por la pérdida irreparable y dolor que han sufrido”, expresó durante el evento el secretario general de la Alcaldía, Sebastián Gómez Sánchez. Según esta entidad, ya hay instalada una placa en honor de la profesional en el primer piso de la sede gubernamental de La Alpujarra, al lado de las escaleras centrales. Asimismo, confirmaron que ya pagaron las indemnizaciones correspondientes que ordenó el Consejo de Estado para la familia de Kísner.
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