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El 8 de agosto de 2023, en el barrio Belén Rosales, en Medellín, Susan Fernández fue asesinada a puñaladas en el cuello. Era una mujer trans que había llegado a Colombia desde Venezuela y, después de unos meses en el país, un hombre que le pagaba a cambio de relaciones sexuales, la mató. Meses atrás, en la madrugada del 28 de mayo, en Malambo, Atlántico, Luisa Fernanda Negrete, una mujer trans de 26 años, fue interceptada en la calle por hombres armados, quienes le dispararon hasta acabar con su vida. Estos dos casos, sumados a otros tantos, reflejan la extensa violencia que enfrenta la población trans en Colombia.
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la organización Caribe Afirmativo, en 2022 fueron asesinadas un total de 24 mujeres trans, 95 afirmaron haber recibido amenazas y ocho aseguraron haber sido víctimas de violencia policial. Así mismo, 114 mujeres trans señalaron haber sido objeto de discriminación. En lo que va del 2023, Antioquia y Atlántico son dos de los departamentos en los que este panorama no parece cambiar. En el primero, ya son 10 homicidios en contra de personas LGBTIQ+, mientras que, en el segundo, hasta mediados de este año, se han reportado seis casos.
Con el fin de dar una solución para mejorar la seguridad de la población trans en el país, fue precisamente en Medellín donde se llevó a cabo el Encuentro Nacional Trans ‘Diana Navarro Sanjuan’, realizado por diferentes organizaciones en defensa de esta población y de la mano del Ministerio del Interior. El encuentro, además de socializar diferentes experiencias que viven día a día las comunidades diversas, finalizó con una conclusión determinante: un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) de las personas trans para dar respuesta institucional articulada a situaciones de riesgo y procesos organizativos.
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Aunque la violencia es el tema central que preocupa a las organizaciones de víctimas y a las instituciones, no es el único problema que enfrentan las personas trans, no solo en Antioquia, sino en todo el país. Las brechas de inequidad y desigualdad en diferentes frentes también se suman a la extensa lista de preocupaciones, un tema que también fue abordado durante el encuentro y que quedó consignado como un asunto que debe encontrar soluciones efectivas mediante la instalación del PMUV. Y es que no es un tema menor. De acuerdo con cifras del DANE, durante el año móvil de agosto de 2022 a julio de 2023, son cerca de 99.000 personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ que están por fuera de la fuerza laboral.
De acuerdo con Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el panorama de exclusión laboral que enfrenta esta población es producto de que “la sociedad y el Estado colombiano han reservado para la población trans el único rol de ejercer la prostitución o labores de peluquería. Nosotros creemos que parte de un cambio integral es comenzar a abrir nuevos espacios laborales y sociales para reconocerles”. El directivo aseguró que desde la cartera se han adelantado diálogos para la inclusión de personas trans en las diferentes entidades del Estado, al tiempo que buscan garantizarles cupos educativos en universidades públicas, con el fin de desmontar las barreras que hay respecto al acceso a la educación que padece esta población.
Otro de los retos sobre los que Castañeda hace hincapié es la necesidad de contar con la participación de la población trans en las mesas de participación de víctimas alrededor del país, pues también han sufrido los estragos del conflicto armado, pero no se les ha brindado una atención integral, lo cual también se enmarca como acto de discriminación. “Dentro del accionar de los grupos armados se encuentra una persecución totalmente transfóbica, incluso mediante acciones de tipo ‘correccionales’. La población trans ha sido objeto de los peores vejámenes en el marco del conflicto”, le dijo a este diario.
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Estos diálogos, sin embargo, son un punto de partida para que se empiece a materializar una efectiva garantía de los derechos fundamentales de la población trans. A estos se suman iniciativas acordadas por entidades e instituciones que forman parte del PMUV como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Medellín, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud; así como la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, entre otros.
Según conoció este diario, la mayoría de propuestas se enmarcan en realizar seguimientos a casos de violencia, fortalecer los sistemas de denuncia, abrir nuevas rutas enfocadas en garantizar la seguridad de personas trans, realizar sesiones de trabajo para dar celeridad a casos no resueltos, instalar mesas de trabajo interinstitucionales y evaluar acciones para poner la lupa sobre las iniciativas de inclusión para esta población.
No obstante, hay otras que llaman la atención. El Ministerio de Salud, por ejemplo, busca implementar una guía de práctica clínica para personas trans, mediante la apertura de espacios de participación ciudadana “que sea incidente para la creación de insumos, teniendo en cuenta que primero es una revisión y después se realizan los cambios sugeridos por los colectivos”. Entretanto, la Fiscalía dejó en claro que se busca que en las investigaciones por homicidio agravado se tenga en cuenta que ese agravante responde a motivos de identidad de género y se investigue bajo ese tipo de violencia, algo que resulta complejo, ya que la ley colombiana no reconoce a hombres trans y personas no binarias en este escenario.
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De igual manera, la Vicepresidencia puso sobre la mesa la posibilidad de crear un observatorio de violencias por prejuicio y violencias basadas en la identidad de género y orientación sexual. Al tiempo que el Ministerio del Interior se propuso a abrir, antes del primer trimestre del 2024, un ciclo de convocatorias para iniciativas productivas con el SENA, en el marco del Fondo Emprender. “Doce de estas iniciativas deberán dedicarse a la población LGBTIQ+”, subraya la propuesta de la cartera. Aunque estas propuestas llegaron a oídos de los participantes del PMUV, aún falta una firma para hacerlas oficiales como un plan de acción.
¿Qué dicen los representantes de la población trans?
Hablar de paz, diversidad y transformación es una tarea que envuelve los liderazgos de hombres y mujeres trans. Esa es una de las conclusiones a las que llegó, en entrevista con este diario, Marcel Dguiror, un hombre trans que estuvo presente durante el evento. “El PMU nos reivindica como sujetas, sujetes, sujetos políticos y de derecho. Nos permite como población transgénero hacerle frente a las barreras institucionales que durante décadas han demostrado escasas respuestas ante los actos de violencia por prejuicio en el país”, precisó.
Respecto a los casos de violencia sistemática contra la población transgénero, Dguiror agregó: “Nos moviliza construir la memoria y reivindicarla, para eso estamos desde distintas mesas temáticas en la realización de la agenda trans, donde se puedan reparar dolores y heridas, y lo más importante, se nos reconozca que no fueron actos espontáneos. Es hora de desestructurar el estigma social. Basta de impunidad; la Policía Nacional, Medicina Legal y Fiscalía General de la Nación deben unificar las variables en los sistemas de información que permitan mejor trazabilidad de los casos y llevarlos hasta las últimas instancias”.
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Dguiror, a su vez, dio un dato relevante: “Del 2020 para acá ha aumentado el asesinato de personas transgénero y de género diverso, posicionándonos en el 2022 después de Brasil como el segundo país de América del Sur con más muertas. Y digo muertas porque el impacto con mayor violencia y vulneración lo padecen las hermanas trans y personas trans privadas de la libertad y reportadas desaparecidas”. Sus cuentas van de la mano con la última entrega del informe ‘Trans Murder Monitoring’ del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, el cual indica que desde el 30 de septiembre de 2021 al 1 de octubre de 2022, se reportaron 327 actos violentos sobre personas trans que terminaron en muerte, en 44 países, dejando a Colombia en la segunda casilla.
De esta forma, desde diferentes actores estatales y organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos de la población LGBTIQ+, se espera instaurar las bases de una protección que vigile constantemente la seguridad de esta población y garantice sus derechos fundamentales para que casos como los de Susan y Luisa Fernanda no vuelvan a repetirse.
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