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El decreto 1220 de 2023, firmado por Francia Márquez, abrió espacio a la construcción del Ministerio de la Igualdad y del Derecho. Además, permitió la creación de cinco viceministerios: el de las mujeres, de la juventud, de los pueblos étnicos y campesinos, para las poblaciones y territorios excluidos y el de las diversidades. “Este país nunca ha tenido políticas para disminuir la desigualdad. Hemos encontrado algunas relativamente exitosas para superar la pobreza. Pero no es lo mismo. La desigualdad es un problema mucho más complejo que la pobreza, que ya de por sí es difícil”, destacó en ese momento el presidente Gustavo Petro.
En entrevista con El Espectador, el viceministro de Juventudes, Gareth Sella, habló de cuál ha sido el trabajo que se ha realizado a lo largo de este año. Sella recalcó que el panorama para las juventudes no es fácil y que se estima que anualmente se asesinan más de 6.000 jóvenes en el país. Además, habló de cuáles son los focos de acción desde el viceministerio para prevenir el reclutamiento forzado, los asesinatos y amenazas a líderes juveniles; y cómo el programa Jóvenes en Paz, busca garantizar los derechos de salud, educación y vida digna para niños y adolescentes que viven en zonas de vulnerabilidad.
Desde el Viceministerio de las Juventudes se habla de cómo el programa Jóvenes en Paz se ha enfocado en brindar resocialización y mayores oportunidades para jóvenes que están en zonas de conflictividad, ¿qué iniciativas específicas se han desarrollado?
El programa Jóvenes en Paz se enfoca en las áreas con mayores niveles de conflicto, como los barrios, veredas y comunas. Desde este programa buscamos sacar a estos jóvenes de entornos violentos y ofrecerles oportunidades de educación, interacción con otros y trabajo comunitario.
Algunas figuras han calificado a este programa como financiador de la “delincuencia”, lo cual es muy violento, sobre todo si consideramos que los jóvenes están en condiciones de vulnerabilidad y en riesgo de ser asesinados. Etiquetarlos de esa manera solo los pone en mayor peligro. Sin embargo, hemos logrado un convenio para expandir nuestro programa a 83 municipios en el litoral pacífico, incluyendo Nariño, Cauca y Chocó, así como ciudades capitales como Valledupar, Pereira y Manizales. Esta es una apuesta más estructurada desde el Ministerio de Igualdad y la ventaja es que los jóvenes han entendido y acompañado este proceso.
Ya se empiezan a ver resultados positivos: están surgiendo asociaciones y proyectos de emprendimiento. Recientemente, algunos jóvenes en Quibdó presentaron sus iniciativas ante la Alcaldía y la Gobernación; y se están organizando para generar procesos colectivos en torno al programa y para expresar sus ideas sobre cómo mejorarlo.
¿De qué forma se han articulado con el Ministerio de Educación y cuáles han sido los procesos de formación académica que se han realizado?
El componente de educación está a cargo del Ministerio de Educación, pero hemos comenzado con una fase de formación a través de pedagogos y pedagogas populares, que ofrezcan una educación alternativa para nivelar competencias básicas y socioemocionales. Esto nos prepara para un futuro en la educación formal, donde cada joven podrá definir su propio camino y nosotros nos esforzaremos por hacerlo posible.
Actualmente, estamos trabajando en colaboración con esta cartera para establecer una modalidad de acceso especial a universidades públicas para los Jóvenes en Paz, con la esperanza de que el próximo semestre puedan vincularse a la educación formal y estamos articulando esfuerzos con el SENA para fortalecer la formación en otros ámbitos, de cara a su futuro académico.
En los últimos meses, han asesinado a más de cinco líderes juveniles en Bogotá y el panorama a nivel nacional también es complejo por la presencia de grupos armados, ¿cómo ha actuado este Viceministerio para garantizar la vida de los jóvenes en el país?
Desde el Ministerio estamos muy preocupados por la alarmante violencia que enfrentan los jóvenes, con aproximadamente 6,000 asesinatos al año. Esta situación refleja el constante riesgo que corren las juventudes en sus territorios, agravada por la estigmatización y la violencia que sufren por condiciones como clase, etnia y género.
Estamos trabajando en garantizar la protección de los líderes juveniles y su acceso a la justicia, especialmente en zonas afectadas por la presencia de bandas criminales como el Clan del Golfo. Hemos iniciado mesas de trabajo con el Bienestar Familiar y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para desarrollar un mecanismo específico de protección para jóvenes, especialmente aquellos de 14 a 17 años, que requieren un cuidado más integral y han sufrido amenazadas por su liderazgo.
Adicionalmente, tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia en el marco de Jóvenes en Paz, que incluye un componente transversal de acompañamiento socio-jurídico que les garantice a las familias encontrar verdad y justicia, como en el caso de David Fernández Soler, a quien le decían Coco y fue víctima de una desaparición forzada, por parte del Estado Mayor Central.
Según la Defensoría del Pueblo, 184 niños entre los 9 y 17 años, fueron víctimas de reclutamiento forzado en Colombia en 2023, ¿cuál es el plan de acción para contrarrestar las cifras?
El Viceministerio tiene como objetivo proteger a las juventudes, especialmente a aquellos niños que están en riesgo de reclutamiento forzado. Un criterio clave de focalización en el programa “Jóvenes en Paz” es precisamente este riesgo. Por ejemplo, hemos implementado iniciativas en Kennedy y Bosa, donde tras el estallido social han surgido actores como el Estado Mayor Central y redes de microtráfico que buscan atraer a jóvenes vulnerables.
Estos jóvenes, a menudo llenos de energía y en situaciones de vulnerabilidad, son blanco de reclutamiento forzado por grupos como el Estado Mayor Central. Nuestra apuesta es llegar a sus barrios, donde estos fenómenos ocurren, y trabajar en colaboración con la comunidad. Sin embargo, enfrentamos retos significativos, como la fuerte arremetida del Clan del Golfo en los territorios donde operamos. Este grupo criminal busca obstaculizar nuestro programa, ya que nuestra iniciativa de paz pretende evitar que los jóvenes caigan en sus redes.
Nuestra misión es contrarrestar este ciclo de violencia y exclusión. En esta nueva etapa del programa vamos a llegar a zonas rojas para hacer un trabajo que prevenga y detenga el modus operandi de los grupos armados.
Hace un mes la Fiscalía anunció un grupo de trabajo para investigar los más de 600 homicidios a jóvenes de Quibdó (Chocó). ¿Cuál es el trabajo de articulación o prevención que ha hecho esta cartera en este territorio del país?
Le he planteado a la Fiscalía de Derechos Humanos que debemos unirnos como Estado para proteger a las juventudes, especialmente a aquellas que están en riesgo de ser reclutadas o asesinadas.
Hemos realizado reuniones con la Fiscalía y la Procuraduría, para abordar esto desde una perspectiva estatal y garantizar el bienestar de las juventudes y la protección de sus derechos. Mi propuesta y mi constante invitación es establecer una mesa interinstitucional del Estado colombiano, donde cada entidad asuma responsabilidades y se elabore una ruta articulada e integral para abordar esta problemática.
Hace unas semanas la Fiscalía lanzó una directiva que regula la protesta social y pretende prevenir las vulneraciones de derechos que se pueden dar en las movilizaciones, ¿cree que es beneficiosa?
Creo que era una directiva que estaba en deuda con la juventud y que refleja la preocupación del Estado por el bienestar de los protestantes. Esta nueva directiva, que se acoge a la solicitud del Ministerio de Justicia, busca garantizar que se considere el contexto de protesta social al evaluar cualquier delito. Esto es crucial, ya que hay jóvenes en prisión que no han sido juzgados y cuyas causas se han dilatado indefinidamente.
Es fundamental que se entienda que la protesta no debe ser estigmatizada. Si se imputa un cargo a alguien en el marco de la protesta, se debe analizar desde un enfoque diferencial, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas y no generalizando. Protestar no es un delito, aunque muchos, como yo, somos catalogados de terroristas por ejercer nuestro derecho a la protesta. Veo con optimismo estos cambios y espero que se respeten los derechos humanos, así como a los defensores de estos derechos.
La Corte Constitucional anuló en su momento la creación del Ministerio de la Igualdad. Si se llegase a acabar, ¿qué pasaría con el Viceministerio de las Juventudes?
El Ministerio de Igualdad necesita pasar nuevamente por el Congreso, pero más allá de la política, este ministerio es fundamental porque cuenta con un Viceministerio de Juventud, de Mujeres, de Pueblos Étnicos, de Superación de la Pobreza y de Diversidades. Existen múltiples poblaciones que se benefician de este enfoque. Si se le otorgan las herramientas necesarias, un ministerio con poder de ejecución puede contribuir a cerrar las brechas de desigualdad en el país. Hemos logrado avances significativos para las juventudes, y eso no se puede perder. Nos ha costado esfuerzo, visibilidad, y hemos enfrentado estigmatizaciones y luchas históricas para llegar a este punto.
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