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El Ministerio de Justicia hizo un nuevo pedido a los gobiernos locales para que hagan del acceso a la justicia una arista de sus planes de acción. Específicamente, esta cartera mencionó que aún hay municipios, alcaldías y gobernaciones en las cuales no se ha aprobado ni implementado una ley que, en el papel, está dirigida a mejorar el servicio de justicia a quienes sufren violencia intrafamiliar.
Específicamente es la Ley 2126, “por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia” y en cuyo artículo 22 se hace referencia a la Estampilla Familiar que, en otras palabras, se trata un impuesto del 2 % a los contratos públicos para poder destinar esos recursos a las Comisarías de Familia y que estas puedan ofrecer un servicio digno e integral a quienes son violentados dentro del contexto familiar.
La contribución a la financiación de las comisarías, dice la Ley, “se destinará a financiar los gastos de funcionamiento en personal de nómina y dotación de las Comisarías de Familia, conforme el estándar de costos que para tal efecto establezca el Ministerio de Justicia y del Derecho como ente rector”.
El llamado del Ministerio de Justicia se hizo en el Atlántico, un departamento en donde las agresiones intrafamiliares, específicamente las dirigidas hacia las mujeres, es considerada como estructural y tan solo en 2024 ha dejado al menos 31 mujeres asesinadas y seis de esas muertes catalogadas como feminicidios por la justicia. Este nuevo ruego de justicia lo hizo específicamente Lina Jiménez García, funcionaria del grupo interno de comisarías de familia del Ministerio de Justicia, en medio de una jornada de asistencia técnica de parte de la cartera de justicia.
Un reciente episodio de violencia en el contexto de familia se dio este mes, cuando un hombre propinó una golpiza a una abuela de 78 años en Sabanalarga (Atlántico) que se originó, según reportaron las autoridades, por un plato de comida y la reacción violenta del hombre.
Según han contado funcionarios del Ministerio de Justicia y comisarios de familia a este diario, la aprobación de la Estampilla Familiar por parte de los concejos municipales y las asambleas departamentales es “una herramienta imprescindible para que miles de colombianos puedan acceder a justicia”, según dijo la exviceministra de Promoción a la Justicia, Johana Delgado.
Según un informe de la Procuraduría de 2022, el 80 % de las Comisarías tenían un “déficit de financiación”. Además, casi la mitad de esos organismos no contaban con el personal necesario (comisario, psicólogo, asistente jurídico, trabajador social) para que una víctima de violencia en su hogar pudiera acceder integralmente a la justicia. A todo el torbellino de problemas se suma que, aunque la ley obliga a que por cada 100.000 habitantes debe haber una Comisaría de Familia, hay algunos municipios y departamentos, como por ejemplo La Guajira, en donde esta directriz se quedó únicamente en el papel.
Cartagena, que es la cuarta ciudad con más violencias de género, según la Policía Nacional, tiene apenas seis comisarías para atender a una población mayor al millón de habitantes. Montería, por su parte, solo tiene una Comisaría de Familia, pese a que cuenta con casi 500.000 habitantes. Además, los datos de violencia intrafamiliar que registra la Policía Nacional siguen siendo, a juicio de la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, sumamente altos. Por ejemplo, en los últimos tres años, se ha superado el umbral de los 100.000 registros de abusos, golpizas o maltratos dentro de los hogares.
Un impuesto por la justicia
La función que tienen las Comisarías de Familia y Casas de Justicia son fundamentales para lograr la paz y una sociedad sin agresiones. Así lo señaló el Ministerio de Justicia luego de que el Congreso diera luz verde a la ley, en 2021. Cuando hay un caso de maltrato infantil o violencia intrafamiliar, estas entidades pueden ser la puerta de acceso a todo el sistema judicial. Y si funcionan de manera idónea, pueden, incluso, ayudar a prevenir casos como un feminicidio o evitar que los menores de edad sean agredidos durante su infancia.
Sin embargo, en la práctica estos organismos han funcionado con dificultades, pues hasta antes de la ley, dependían del presupuesto que los concejos municipales o las asambleas departamentales les adjudicaran cada año. En muchas ocasiones, el dinero no alcanzaba ni siquiera para pagar los sueldos de los funcionarios. La situación fue tan crítica que en Medellín integrantes de varias comisarías entraron a paro en 2022 porque no contaban con electricidad o sillas para atender a la ciudadanía. Eso sí, la aprobación de la Estampilla no es obligatoria. Cada distrito, municipio o ciudad tiene la potestad de discutir el impuesto y darle luz verde, pero esto no ha sucedido tal como se esperaba.
Ante esta coyuntura, organizaciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) por medio de su programa Justicia Inclusiva, han apoyado el proceso de emisión de estas estampillas, así como el proceso de elaboración y expedición de los acuerdos para crear esta estampilla. En total se han apoyado 42 municipios, sin embargo, aún queda camino por recorrer.
De 1.122 zonas de todo el país que deberían aprobar la Estampilla, según una recomendación de varias entidades del Estado, como la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, para mejorar el acceso a la justicia, tan solo 285 de ellas la han adoptado. Es decir, poco más del 25 % de los territorios le han dado un espaldarazo financiero a sus Comisarías.
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