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Entre aplausos y críticas a la justicia colombiana llegó una nueva condena contra Musa Besaile, exsenador del Partido de la U y protagonista del Cartel de la Toga. Según determinó la Corte Suprema de Justicia, Besaile fue culpable de ofrecer $2.000 millones para alterar procesos judiciales que lo beneficiaran y así no ser procesado por parapolítica.
La condena es un capítulo más de fallos y penas carcelarias de este entramado de corrupción dentro de la Rama Judicial, denominado el cartel de la toga, el cual ha dejado 50 expedientes de corrupción abiertos en la Fiscalía contra magistrados, congresistas, gobernadores y fiscales.
En el caso específico de Besaile, que en el pasado fue una de las voces fuertes del Congreso, es particular. La Corte Suprema de Justicia comprobó que el antiguo senador “había pagado una suma importante de dinero para resultar favorecido en un proceso penal adelantado en su contra por la Corte Suprema de Justicia”. Por esta razón, lo condenó a seis años de cárcel por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y el de peculado por apropiación.
Aunque ambos delitos estén relacionados con corrupción, le explicamos en qué consisten y si la condena de la Corte Suprema, aunque criticada por parte de la opinión pública por ser “muy suave” y “no ejemplarizante”, es proporcional a los daños cometidos.
Para Francisco Bernate, abogado penalista, es importante analizar este caso bajo la sombrilla de que lo cometido por Besaile se enmarca en el fenómeno de corrupción pública. “Va desde los particulares hasta comprar la función pública, se viola un contrato, se solicita dinero o entrega dinero y el acto está enmarcada, en lugar del bien público, en los bienes personales”, dice el abogado.
¿Por cuáles delitos debe responder Besaile?
Musa Besaile ya había sido condenado en febrero de 2024 por tráfico de influencias y, en otras palabras, mantener aceitada una maquinaria de corrupción que desfalcó el erario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) usando sus cargos como funcionario público. Pero la nueva condena que recibió el pasado 18 de julio es, según penalistas, una prueba más fuerte de la corrupción que cometió Besaile en el centro de máquinas del Estado.
El primer delito que le endilgó la Corte Suprema de Justicia al exsenador es el de cohecho. ¿En qué consiste esto? Según explica Bernate, es un hecho de corrupción en el que una persona pide dinero, o también conocido como coimas, para que una persona altere el curso de alguna acción en su cargo. Es decir, a través de sobornos, un particular ofrece cierto monto a un funcionario público para que retarde, desvíe u omita su trabajo que está dedicado al bien de la ciudadanía.
El castigo penal para quien cometa este delito no solo recae en el funcionario público, que constitucionalmente tiene el trabajo de servir a la ciudadanía a través de su labor. Bernate explica que en este escenario “caen todos”, tanto el servidor público como el privado que ofreció o recibió los dineros.
Un ejemplo claro de este delito es la seguidilla de condenas emitidas contra los protagonistas de Odebrecht. Jorge Elías Melo, expresidente de Corficolombiana y artífice de los pagos malversados de la multinacional brasilera, por mencionar un caso, fue condenado a 11 años por este delito. Mientras que otros actores, como Bernardo “Ñoño” Elías, excongresista que presionó para celebrar contratos y recibió $1.600 millones en sobornos de la empresa brasileña, fue condenado a pagar ocho años de cárcel y una multa de $1.3 millones; pero quedó en libertad a mediados de 2023 bajo la figura de libertad condicional.
El segundo se trata de peculado por apropiación. Lo que en otras palabras podría explicarse con lo que comúnmente se conoce como desfalcos o malversaciones de dineros o bienes públicos. El peculado puede darse tanto con el erario y las arcas del Estado, así como con sus instituciones, fondos o empresas y los utilice, para beneficiarse, con un fin distinto con el que fueron creados.
El carrusel de contratación de Bogotá, y la posterior condena que la justicia les dio a Guido, Manuel y Miguel Nule es un ejemplo del castigo que reciben quienes cometen el peculado.
¿Castigo proporcional a los daños?
Bernate explica que, si se tiene en cuenta lo que menciona el Estatuto de Roma, la pena que recibió Besaile es adecuada conforme a los daños y la corrupción que cometió. Además, asegura que la pena de seis años de prisión y una multa cercana a los $500 millones se debieron tomar por los integrantes de la Corte Suprema al valorar que Besaile aceptó los cargos y “esto supuso una ventaja para el Estado a la hora de aplicar justicia”.
El penalista explica: “Cuatro años son mucho tiempo para que una persona esté en una cárcel y privada de la libertad. Lo que creo que pasa es que en Colombia perdimos las dimensiones de lo que es una pena privativa de la libertad ejemplar. El Estatuto de Roma habla que, cuando una condena es superior a los cuatro años, ya se puede catalogar como una sanción grave; la que la impusieron a Besaile, por supuesto, es de mucho tiempo”.
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