No más demoras: el llamado de los familiares de víctimas de desaparición forzada

El pasado miércoles 4 de octubre, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia en Medellín para evaluar y dar seguimiento a las medidas cautelares que interpuso esa instancia para proteger La Escombrera y La Arenera, dos lugares donde, se presume, estarían enterrados los cuerpos de personas desaparecidas de la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal, que previamente habían sido reportadas como desaparecidas. Más adelante, el 20 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó al Estado colombiano iniciar la búsqueda de Arles Edison Guzmán, tanto en medidas administrativas como económicas. Pese a estas dos ordenes, las excavaciones no han iniciado.

Las familias buscadoras de víctimas de desaparición forzada, en compañía de varias organizaciones como Mujeres Caminando por la Verdad, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Jurídica Libertad, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la Fundación Santa Laura Montoya, han esperado durante más de dos años que las labores de excavación inicien en La Escombrera y La Arenera y, ante la falta de resultados por parte de las instituciones y la administración municipal, no encontraron otra salida más que realizar un plantón frente a la Alcaldía de Medellín, con el fin de rechazar las demoras y exigir justicia.

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“Rechazamos las prórrogas por parte de la administración municipal saliente así como de las otras representaciones institucionales”, reza el comunicado firmado por las organizaciones que acompañan a las familias de las víctimas. Aunque las dilaciones que se presentaron en el proceso de exhumación, mencionan en el comunicado, se dieron principalmente durante el gobierno del exalcalde Daniel Quintero ―pues se hizo la solicitud de adelantar dos estudios técnicos con el fin de mejorar la metodología, la intervención, la excavación y la exploración de los predios en noviembre de 2022 y mayo de 2023, cuando se había estipulado este año como inicio de las exhumaciones ―, también manifiestan su preocupación respecto a la administración entrante, de Federico Gutiérrez.

“ (Gutiérrez) durante su primer mandato municipal no realizó ninguna actividad orientada a la búsqueda, y se teme que este aplazamiento, retrase, desvíe y desestime una vez más el camino trazado para la implementación de acciones y planes de búsqueda”, añade el documento.

(Le puede interesar: Buscadoras de desaparecidos luchan para que su labor sea reconocida por la ley)

La génesis de la idea de realizar un plantón para exigir celeridad en el proceso se dio el pasado viernes 3 de noviembre, cuando los familiares de las víctimas y las organizaciones acompañantes fueron convocadas por la JEP para escuchar el informe de la Alcaldía de Medellín, el cual dictaría la ruta de inicio de las excavaciones para la búsqueda de los desaparecidos.

(Lea también: Estrella VI: 20 años de la operación militar que desplazó al nororiente de Medellín)

Sin embargo, la idea de que el procesos iniciaría se quedó en blanco, pues, a través de la Secretaría de la No Violencia (adscrita a la Alcaldía de Medellín), los familiares conocieron la decisión de que las excavaciones no comenzarían en 2023, como se había estipulado y, por el contrario, arrancarían finalizando el primer semestre de 2024. De acuerdo con las organizaciones acompañantes: “Esta disposición fue apoyada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP”.

Por ese motivo, los familiares de las víctimas, que llevan esperando saber del paradero de sus familiares durante décadas, realizaron un plantón frente a la Alcaldía de Medellín, que inició a las 9 de la mañana. “Esperamos que el Gobierno Nacional ―en cumplimiento a la orden dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos― tome las medidas que sean necesarias para garantizar que las excavaciones inicien en el menor tiempo posible y que se reconozca, en la integridad y el respeto, los más de 20 años de espera y lucha de las familias buscadoras, implementando acciones que ejemplifiquen lo que por décadas ellas han materializado: escarbar la verdad hasta desenterrar la justicia”, concluyen las familias y las organizaciones.

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El pasado miércoles 4 de octubre, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia en Medellín para evaluar y dar seguimiento a las medidas cautelares que interpuso esa instancia para proteger La Escombrera y La Arenera, dos lugares donde, se presume, estarían enterrados los cuerpos de personas desaparecidas de la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal, que previamente habían sido reportadas como desaparecidas. Más adelante, el 20 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó al Estado colombiano iniciar la búsqueda de Arles Edison Guzmán, tanto en medidas administrativas como económicas. Pese a estas dos ordenes, las excavaciones no han iniciado.

Las familias buscadoras de víctimas de desaparición forzada, en compañía de varias organizaciones como Mujeres Caminando por la Verdad, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Jurídica Libertad, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la Fundación Santa Laura Montoya, han esperado durante más de dos años que las labores de excavación inicien en La Escombrera y La Arenera y, ante la falta de resultados por parte de las instituciones y la administración municipal, no encontraron otra salida más que realizar un plantón frente a la Alcaldía de Medellín, con el fin de rechazar las demoras y exigir justicia.

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“Rechazamos las prórrogas por parte de la administración municipal saliente así como de las otras representaciones institucionales”, reza el comunicado firmado por las organizaciones que acompañan a las familias de las víctimas. Aunque las dilaciones que se presentaron en el proceso de exhumación, mencionan en el comunicado, se dieron principalmente durante el gobierno del exalcalde Daniel Quintero ―pues se hizo la solicitud de adelantar dos estudios técnicos con el fin de mejorar la metodología, la intervención, la excavación y la exploración de los predios en noviembre de 2022 y mayo de 2023, cuando se había estipulado este año como inicio de las exhumaciones ―, también manifiestan su preocupación respecto a la administración entrante, de Federico Gutiérrez.

“ (Gutiérrez) durante su primer mandato municipal no realizó ninguna actividad orientada a la búsqueda, y se teme que este aplazamiento, retrase, desvíe y desestime una vez más el camino trazado para la implementación de acciones y planes de búsqueda”, añade el documento.

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La génesis de la idea de realizar un plantón para exigir celeridad en el proceso se dio el pasado viernes 3 de noviembre, cuando los familiares de las víctimas y las organizaciones acompañantes fueron convocadas por la JEP para escuchar el informe de la Alcaldía de Medellín, el cual dictaría la ruta de inicio de las excavaciones para la búsqueda de los desaparecidos.

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Sin embargo, la idea de que el procesos iniciaría se quedó en blanco, pues, a través de la Secretaría de la No Violencia (adscrita a la Alcaldía de Medellín), los familiares conocieron la decisión de que las excavaciones no comenzarían en 2023, como se había estipulado y, por el contrario, arrancarían finalizando el primer semestre de 2024. De acuerdo con las organizaciones acompañantes: “Esta disposición fue apoyada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP”.

Por ese motivo, los familiares de las víctimas, que llevan esperando saber del paradero de sus familiares durante décadas, realizaron un plantón frente a la Alcaldía de Medellín, que inició a las 9 de la mañana. “Esperamos que el Gobierno Nacional ―en cumplimiento a la orden dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos― tome las medidas que sean necesarias para garantizar que las excavaciones inicien en el menor tiempo posible y que se reconozca, en la integridad y el respeto, los más de 20 años de espera y lucha de las familias buscadoras, implementando acciones que ejemplifiquen lo que por décadas ellas han materializado: escarbar la verdad hasta desenterrar la justicia”, concluyen las familias y las organizaciones.

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