Avanzar en procesos tecnológicos que ayuden a reclamantes de tierras y articular las entidades que hacen parte de ese proceso son sólo algunos de los desafíos que advierten los jueces de restitución. Estos problemas han generado demoras en la ejecución de sentencias y, en palabras de Diana María Rodríguez, jueza de restitución de Carmen de Bolívar, esto puede generar “restituciones vacías”.
La jueza Rodríguez habló con El Espectador sobre los cuellos de botella, los desafíos de la restitución de tierras y cómo los están enfrentando ella y sus colegas. Temas que también expuso durante una mesa de articulación en Cartagena, organizada por la Defensoría del Pueblo, a la que asistieron la Judicatura, la Procuraduría, y que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid.
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¿Cuáles son los retos para la restitución de tierras en Carmen de Bolívar?
Definitivamente no se puede avanzar en la etapa judicial si no hay una correcta, idónea y eficaz articulación con las entidades que intervienen en el proceso de restitución: la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Agustín Codazzi, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad de Reparación y Atención de Víctimas. Para la judicatura, no sólo a título propio, sino para todos los jueces y juezas y restitución, es muy importante que se pueda superar la desconexión con estas entidades que, en algunos casos, generan demoras en la ejecución y materialización de las sentencias. Ese es el reto principal.
¿Qué pasa cuando se presentan esas demoras?
Si una sentencia no se cumple, jurídicamente trae una restitución vacía. Es importante que se den espacios para generar una política pública que comprometa a todas las entidades en el proceso de restitución y se puedan resolver los cuellos de botella.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, superar la falta de acompañamiento que actualmente existe por parte de la fuerza pública en las diligencias de inspección judicial y entregas de materiales en terreno. El juez de restitución de tierras tiene que hacer presencia en el territorio, pero si no hay acompañamiento de la fuerza pública esto trae demoras en la ejecución de los procesos.
Indiscutiblemente, la ANT y el Instituto Agustín Codazzi, con las órdenes que se emiten de adjudicación y las solicitudes de avalúo, son unos actores fundamentales para la decisión del juez. El juez necesita el recurso técnico de estas entidades para proferir una sentencia, por eso es importante que ambas estén activas con las diligencias.
La idea principal es superar todas las situaciones que puedan generar demoras y articular con las entidades para trabajar de manera coordinada y, así, todos poder avanzar en el proceso de restitución. Una vez resuelto este tema, también es importante mencionar las demoras en las publicaciones en la etapa judicial.
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En su intervención también mencionó que el tema de las publicaciones tiene graves problemas. ¿A qué se refiere?
Este proceso, al interior de la ley 1448 de 2011, hace más de 10 años, fue concebido como el modelo original que hay en los trámites en la justicia ordinaria en el código general del proceso, a través de publicaciones en medios masivos de difusión: prensa, radio y televisión. Hoy, en 2023, postpandemia, cuando el Consejo Superior de la Judicatura adopta una política de implementación de tecnología de la información y las telecomunicación, esa difusión se convierte en una herramienta obsoleta.
Desde la judicatura lo que proponemos es modernizar este sistema de publicaciones. Hemos pensado en un registro nacional donde la personas puedan consultar si sus predios están en un proceso de restitución. Hay que hacer un tránsito a la actualidad, pues estamos en una justicia postpandemia. Incluso, hay publicaciones que se han demorado por más de un año.
¿Qué papel juegan la virtualidad y la presencialidad en la justicia postpandemia?
Un juez de restitución de tierras no puede hacer una inspección virtual en territorio porque no hay tecnología satelital que permita ese soporte. Tampoco puede hacer entregas de forma virtual. Los jueces de restitución estamos llamados a estar en el territorio de forma presencial en asuntos específicos como inspecciones judiciales y diligencias de entrega.
Ahora, en la etapa de la audiencia, para recepcionar las declaraciones y testimonios, la virtualidad es una herramienta de avance. Esto, porque, por ejemplo, el campesino que tenía que venir de la vereda alejada hasta la sede del municipio para una audiencia presencial, se puede conectar desde la alcaldía o la personería de ese municipio, pues estas prestan los medios tecnológicos para hacerlo.
Es una dualidad. Para unos trámites en la etapa probatoria es beneficiosa la presencialidad. Pero la virtualidad nos ha permitido avanzar en el número de audiencias. Antes en presencialidad, por los traslados de las víctimas, hacíamos dos audiencias diarias, hoy podemos hacer hasta cinco al día, lo que es un avance para el proceso de restitución.
¿Qué opina de la aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural?
Era una deuda histórica con el país. Por ética no puedo opinar a profundidad ni dar mi opinión de lo que creo conveniente o no del proyecto de ley, pero era necesario crear esta jurisdicción. Creo que la especialidad de restitución de tierras tiene un paso adelante de la Jurisdicción Agraria y tenemos que trabajar de manera mancomunada. La experiencia y las dificultades que nosotros hemos afrontado serán un marco de referencia para una mejora de la prestación del servicio de esa jurisdicción.
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