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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tomó este jueves dos decisiones trascendentales para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. La primera es que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos comenzará a asesorar al Gobierno en la implementación de las recomendaciones que dio la Comisión de la Verdad en el Informe Final que entregó hace un año. La segunda, que esa instancia internacional ahora debe nombrar a un experto que haga un balance de los obstáculos para implementar lo acordado en La Habana entre el Estado y la antigua guerrilla de las Farc.
(En contexto: Victorias y debates pendientes: las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para superar la impunidad)
Los dos puntos están contenidos en una resolución que adoptó este 13 de julio el Consejo de Derechos Humanos y que fue propuesta por Colombia. En concreto, por el embajador colombiano en Ginebra (Suiza), Gustavo Gallón*. El reconocido abogado y defensor le planteó a esa corporación internacional que, reconociendo todos los tratados internacionales de derechos firmados por el Estado y el compromiso que se adquirió en 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz, era necesario contar con apoyo internacional para concretar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
#AEstaHora felicitamos a #Colombia por su resolución histórica adoptada en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, para fortalecer la garantía de derechos humanos y la construcción de paz: Juliette De Rivero. Abrimos hilo pic.twitter.com/5mptPOLTzm
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) July 13, 2023
La propuesta de Gallón, que acogió el Consejo, llevará a que, inicialmente, por dos años, la oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos “ofrezca e intensifique la asistencia técnica y el fomento de la capacidad a las autoridades nacionales y locales y a otros actores pertinentes con recursos adicionales específicos para ayudar a Colombia a implementar las recomendaciones formuladas por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”. El documento añade que debe tenerse en cuenta un enfoque de género y étnico y que esa asistencia se concentrará en cinco campos.
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Según la resolución, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos debe apoyar la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad “en las esferas de la investigación de violaciones y abusos de los derechos humanos, infracciones del derecho internacional humanitario y corrupción, derechos humanos y reforma del sector de la seguridad, protección de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, y definición y elaboración de una política pública para una cultura de paz”. Buena parte de estos elementos hacen parte de lo que el Informe Final denominó factores de persistencia del conflicto.
Además, el texto señala que el Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, debe nombrar “cuanto antes” a un experto internacional en derechos humanos “que se encargue de detectar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016″. Según los documentos de la sesión, ese experto debería comenzar funciones en Bogotá desde agosto de 2023, ya incluso le fue aprobado un presupuesto para que inicie sus funciones, y sus conclusiones debe presentarlas al Consejo de Derechos Humanos antes de que acabe este año.
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Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado, celebró la decisión y dijo en declaraciones: “Gracias a esta resolución vamos a poder fortalecer el trabajo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos en toda Colombia. Vamos a poder acompañar de mejor manera la reforma del sector de seguridad y acompañar, igualmente, un mejor trabajo de investigación de las violaciones de derechos humanos y de casos de corrupción que afectan a los derechos humanos”. A las felicitaciones se sumó directora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez, quien llamó la resolución “histórica”.
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