Organizaciones exigen el cumplimiento de la sentencia que protege el río Cauca

Desde 2019, el río Cauca está protegido por una sentencia del Tribunal Superior de Medellín que lo declaró como sujeto de derechos. Sin embargo, las afectaciones ambientales y sociales que ha sufrido esta cuenca, la cual atraviesa a nueve departamentos del país, se mantienen. Es por eso que, las comunidades y organizaciones sociales agrupadas en el Comité Ambiental por la Vida, el Agua y el Territorio del Cauca, las y los Guardianes del río Cauca y la Red Pluriétnica del Bajo Cauca tendrán una gira de incidencia con diferentes entidades del Estado y cuerpos diplomáticos, del 20 al 24 de noviembre en Bogotá.

El objetivo de esta serie de conversaciones que tendrán las organizaciones será exigir el cumplimiento de la sentencia de 2019, además de identificar los retos y las propuestas para la protección del territorio y de quienes lo defienden, y aplicar la participación de las organizaciones sociales en los escenarios de seguimiento e implementación de las acciones de la sentencia.

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Esta decisión del tribunal se emitió ante una tutela que solicitaba la recuperación, restauración, conservación y mantenimiento de la cuenca y ordenando la protección de los derechos de sus habitantes a una vida digna. Pues, “afectaciones como vertimiento de mercurio y cianuro, las plantaciones forestales y la tenencia y uso de la tierra para otras actividades extractivas han impactado el tejido social de la región y han desatado diversas conflictividades sociales, políticas y ambientales, no solo al territorio sino a quienes se han atrevido a defenderlo y protegerlo”, explican las organizaciones mediante un comunicado.

Actualmente, según explican los defensores del río, son dos los megaproyectos hidroeléctricos afectan su recorrido: la Salvajina, en Cauca e Hidroituango, en Antioquia. Ambos proyectos generan afectaciones ambientales, ecosistémicas y sociales a las comunidades que habitan la cuenca del río, los cuales son territorios que han sufrido el rigor de la guerra durante las últimas décadas con presencia de grupos armados, masacres, homicidios y desapariciones forzadas que promovieron el despojo de tierras.

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Carlos Andrés Zapata, el presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), explica que su exigencia “tiene por objetivo visibilizar las problemáticas que tiene el río Cauca”, además de aquellos derechos tanto del río como de las comunidades que lo habitan, como lo es el derecho al agua, a la alimentación, a la salud y una vida digna. Asimismo, Zapata explica que hay otras problemáticas alrededor de la cuenca como la minería, la presión de grandes ciudades con acueductos y alcantarillados, el cambio climático, así como las mencionadas hidroeléctricas.

“Empresas como Mineros S.A. en el Bajo Cauca antioqueño y Smurfit Kappa Cartón de Colombia son algunas de las responsables de estos actos contra los bienes comunes y naturales”, escriben las organizaciones. De ahí que la visita de esta semana, tendrá reuniones con embajadas y otros altos funcionarios. “Lo que buscamos es proponer alternativas desde las comunidades para aportar al cuidado de río. Por ello, buscamos que el Estado realice una intervención integral en materia de derechos”, añade el presidente del IPC.

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Desde 2019, el río Cauca está protegido por una sentencia del Tribunal Superior de Medellín que lo declaró como sujeto de derechos. Sin embargo, las afectaciones ambientales y sociales que ha sufrido esta cuenca, la cual atraviesa a nueve departamentos del país, se mantienen. Es por eso que, las comunidades y organizaciones sociales agrupadas en el Comité Ambiental por la Vida, el Agua y el Territorio del Cauca, las y los Guardianes del río Cauca y la Red Pluriétnica del Bajo Cauca tendrán una gira de incidencia con diferentes entidades del Estado y cuerpos diplomáticos, del 20 al 24 de noviembre en Bogotá.

El objetivo de esta serie de conversaciones que tendrán las organizaciones será exigir el cumplimiento de la sentencia de 2019, además de identificar los retos y las propuestas para la protección del territorio y de quienes lo defienden, y aplicar la participación de las organizaciones sociales en los escenarios de seguimiento e implementación de las acciones de la sentencia.

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Esta decisión del tribunal se emitió ante una tutela que solicitaba la recuperación, restauración, conservación y mantenimiento de la cuenca y ordenando la protección de los derechos de sus habitantes a una vida digna. Pues, “afectaciones como vertimiento de mercurio y cianuro, las plantaciones forestales y la tenencia y uso de la tierra para otras actividades extractivas han impactado el tejido social de la región y han desatado diversas conflictividades sociales, políticas y ambientales, no solo al territorio sino a quienes se han atrevido a defenderlo y protegerlo”, explican las organizaciones mediante un comunicado.

Actualmente, según explican los defensores del río, son dos los megaproyectos hidroeléctricos afectan su recorrido: la Salvajina, en Cauca e Hidroituango, en Antioquia. Ambos proyectos generan afectaciones ambientales, ecosistémicas y sociales a las comunidades que habitan la cuenca del río, los cuales son territorios que han sufrido el rigor de la guerra durante las últimas décadas con presencia de grupos armados, masacres, homicidios y desapariciones forzadas que promovieron el despojo de tierras.

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Carlos Andrés Zapata, el presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), explica que su exigencia “tiene por objetivo visibilizar las problemáticas que tiene el río Cauca”, además de aquellos derechos tanto del río como de las comunidades que lo habitan, como lo es el derecho al agua, a la alimentación, a la salud y una vida digna. Asimismo, Zapata explica que hay otras problemáticas alrededor de la cuenca como la minería, la presión de grandes ciudades con acueductos y alcantarillados, el cambio climático, así como las mencionadas hidroeléctricas.

“Empresas como Mineros S.A. en el Bajo Cauca antioqueño y Smurfit Kappa Cartón de Colombia son algunas de las responsables de estos actos contra los bienes comunes y naturales”, escriben las organizaciones. De ahí que la visita de esta semana, tendrá reuniones con embajadas y otros altos funcionarios. “Lo que buscamos es proponer alternativas desde las comunidades para aportar al cuidado de río. Por ello, buscamos que el Estado realice una intervención integral en materia de derechos”, añade el presidente del IPC.

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