Palacio de justicia: Cajar denuncia que la Fiscalía atenta contra verdad del caso

Representantes de víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia anunciaron que apelarán la decisión de la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, en la que desconoce que el magistrado Carlos Horacio Urán salió vivo del Palacio de Justicia y fue ejecutado extrajudicialmente por integrantes de la Fuerza Pública. Se trata del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), quienes también afirman que la fiscal se abstuvo de impartir una orden de captura contra el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, el mayor (r) Carlos Alberto Fracica Naranjo y el teniente coronel (r) Rafael Hernández López.

De acuerdo con Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Cajar y representante de víctimas en el caso Palacio de Justicia, “es una decisión que no plasma los hechos como sucedieron. Ha sido altamente probado en videos que el magistrado Urán salió herido, pero vivo del Palacio, apoyándose en dos soldados. Fue reconocido por su esposa y otros magistrados. Posteriormente, su cuerpo apareció en el primer piso del Palacio de Justicia, desnudo, lavado y con señales de que intentaron quemarlo; todo con clara intención de ocultar evidencias”.

Asimismo, la organización afirma que la fiscal ignoró que el cuerpo del magistrado fue ubicado en el Instituto de Medicina Legal junto a los miembros del M19, de manera que hubo una alteración de la escena del crimen; así como una incineración de los cuerpos de algunas de las víctimas en el cuarto piso y mezclaron sus restos con el fin de dificultar su reconocimiento.

De la misma manera, según evidencias en el proceso, el Cajar dice que es claro que Arias Cabrales dirigió el operativo en el Palacio y que el entonces teniente coronel Hernández López, comandante de la Escuela de Artillería, así como el mayor Fracica Naranjo, estuvieron al frente del mismo en términos militares. Que fueron ellos quienes ejecutaron las órdenes que daba el alto mando para que se efectuara la retoma del Palacio, “por lo que se debió ordenar su detención, dado su nivel de peligrosidad y debido a que por décadas han intentado por todos los medios silenciar la verdad”, escribe el colectivo de defensores.

“Es inaudito que Fiscalía analice cómo la cartera del magistrado aparece en las bóvedas del B2, pero no ordena que se investigue y vincule al coronel Sánchez Rubiano, entonces jefe del B2, y quien dirigió la toma desde la Casa del Florero, a donde llevaban a los sobrevivientes,” agregó el abogado de Cajar.

Recientemente, el Tribunal de Bogotá estableció responsabilidad del general Iván Ramírez Quintero y de Fernando Blanco Gómez en la desaparición forzada de Irma Franco y en la tortura de dos estudiantes de la Universidad Externado. Sin embargo, en la misma decisión los absolvió, junto al también imputado Gustavo Arévalo Moreno, como responsable en la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, David Suspes Celis, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra Forero, Gloria Anzola de Lanao y Lucy Amparo Oviedo Bonilla.

Debido a las razones anteriores, “las víctimas y sus representantes, llamamos a que tanto en la justicia ordinaria como en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) procedan con celeridad a esclarecer la verdad”, dice el Cajar. Pues, ya pasaron casi 39 años de este hecho violento y buscar que, por fin, se sepa la verdad de lo ocurrido en los hechos del Palacio de Justicia.

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Representantes de víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia anunciaron que apelarán la decisión de la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, en la que desconoce que el magistrado Carlos Horacio Urán salió vivo del Palacio de Justicia y fue ejecutado extrajudicialmente por integrantes de la Fuerza Pública. Se trata del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), quienes también afirman que la fiscal se abstuvo de impartir una orden de captura contra el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, el mayor (r) Carlos Alberto Fracica Naranjo y el teniente coronel (r) Rafael Hernández López.

De acuerdo con Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Cajar y representante de víctimas en el caso Palacio de Justicia, “es una decisión que no plasma los hechos como sucedieron. Ha sido altamente probado en videos que el magistrado Urán salió herido, pero vivo del Palacio, apoyándose en dos soldados. Fue reconocido por su esposa y otros magistrados. Posteriormente, su cuerpo apareció en el primer piso del Palacio de Justicia, desnudo, lavado y con señales de que intentaron quemarlo; todo con clara intención de ocultar evidencias”.

Asimismo, la organización afirma que la fiscal ignoró que el cuerpo del magistrado fue ubicado en el Instituto de Medicina Legal junto a los miembros del M19, de manera que hubo una alteración de la escena del crimen; así como una incineración de los cuerpos de algunas de las víctimas en el cuarto piso y mezclaron sus restos con el fin de dificultar su reconocimiento.

De la misma manera, según evidencias en el proceso, el Cajar dice que es claro que Arias Cabrales dirigió el operativo en el Palacio y que el entonces teniente coronel Hernández López, comandante de la Escuela de Artillería, así como el mayor Fracica Naranjo, estuvieron al frente del mismo en términos militares. Que fueron ellos quienes ejecutaron las órdenes que daba el alto mando para que se efectuara la retoma del Palacio, “por lo que se debió ordenar su detención, dado su nivel de peligrosidad y debido a que por décadas han intentado por todos los medios silenciar la verdad”, escribe el colectivo de defensores.

“Es inaudito que Fiscalía analice cómo la cartera del magistrado aparece en las bóvedas del B2, pero no ordena que se investigue y vincule al coronel Sánchez Rubiano, entonces jefe del B2, y quien dirigió la toma desde la Casa del Florero, a donde llevaban a los sobrevivientes,” agregó el abogado de Cajar.

Recientemente, el Tribunal de Bogotá estableció responsabilidad del general Iván Ramírez Quintero y de Fernando Blanco Gómez en la desaparición forzada de Irma Franco y en la tortura de dos estudiantes de la Universidad Externado. Sin embargo, en la misma decisión los absolvió, junto al también imputado Gustavo Arévalo Moreno, como responsable en la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, David Suspes Celis, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra Forero, Gloria Anzola de Lanao y Lucy Amparo Oviedo Bonilla.

Debido a las razones anteriores, “las víctimas y sus representantes, llamamos a que tanto en la justicia ordinaria como en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) procedan con celeridad a esclarecer la verdad”, dice el Cajar. Pues, ya pasaron casi 39 años de este hecho violento y buscar que, por fin, se sepa la verdad de lo ocurrido en los hechos del Palacio de Justicia.

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