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Durante 20 años, Rolan Fince, autoridad tradicional de Bahía Portete, ha buscado justicia por el territorio ancestral al cual el paramilitarismo, liderado por Salvatore Mancuso, dejó en ruinas. Fince, junto con su familia, fue testigo de la desolación que dejo una masacre en Bahía Portete, un territorio ubicado en la Alta Guajira, que había sido heredado durante décadas por los indígenas wayuu.
Entre el 18 y 20 de abril de 2004, más de 40 hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandados por José María Barros Ipuana, alias “Chema Bala”; Arnulfo Sánchez, alias “Pablo”; y Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40″, arremetieron contra las rancherías del puerto. Las consecuencias inmediatas del hecho, previstas por personas de la región y omitidas por la institucionalidad, según informes del Tribunal Justicia y Paz, fueron amargas: al menos 12 indígenas murieron, más de 30 fueron desaparecidos, cerca de 600 se vieron obligados a desplazarse y los cementerios familiares, donde históricamente se habían ubicado y donde permanecían sus antepasados, fueron profanados.
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“El Estado fue el culpable de esta masacre, estaba el Ejército, la Policía, el DAS y los paramilitares llegaron a acabar con nuestra comunidad”, recuerda Fince, con voz templada. Fue esa misma afirmación la que lo motivó a él y otras víctimas, en 2006, a presentar una acción de grupo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Representados por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), lograron que el despacho declarara, en 2017, la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado de 490 personas de la comunidad, tras demostrar que el Ejército Nacional estaba plenamente enterado sobre la amenaza concreta que se cernía sobre la población civil de Bahía Portete.
Todo iba bien en la reparación económica. Más de 200 familias alcanzaron a recibir parte de la indemnización. Pero en 2019, en el gobierno de Iván Duque, el Ministerio de Defensa, encabezado en ese momento por Guillermo Botero, formuló un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia que obligaba a la Nación a reparar a las víctimas de Bahía Portete. Por ese hecho, la reparación económica quedó detenida. Cuatro años después, los pagos de 111 familias, más las nuevas acreditaciones, siguen suspendidos debido a que no se ha resuelto el recurso.
A la fecha, la respuesta del Mindefensa ha sido el silencio absoluto. Según Óscar Ramírez, representante de las víctimas, quien pertenece a la CCJ, en tres ocasiones han intentado tener acercamiento con el actual ministro de defensa, Iván Velásquez, para que desistan frente a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión. Esto, con el objetivo de salvaguardar y proteger el derecho fundamental a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. La respuesta por parte de la cartera no ha sido positiva, “estamos cuidando los recursos del ministerio”, ha sido la contestación del Ministerio, según Ramírez.
Actualmente, Bahía Portete se enfrenta a un recrudecimiento del conflicto armado por la disputa del territorio entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el ELN. El puerto es un punto estratégico para el tráfico de armas y drogas; y los pobladores a diario se enfrentan al cobro de retenes en la vía por llevar agua, alimentos o útiles sanitarios a la comunidad. Estos retenes son imposibles de pagar, pues las familias solo logran subsistir con el diario vivir, que en muchas ocasiones es un vaso de “guarapillo”.
Ante esto, la autoridad wayuu Rolan Fince, junto al líder Anderson Hernández, el profesor Gaspar José Iguarin y la autoridad Zoila Remedios Fince, decidieron movilizarse a Bogotá del 26 al 29 de febrero, para que las instituciones escuchen su llamado de auxilio. “En Bahía Portete aún estamos viviendo una masacre, no tenemos acceso a nada. Es una masacre continua la que vivimos”, comenta Iguarin con gran preocupación. Para ellos, ir a Bogotá no solo significa reanudar una reparación económica, también es una insistencia al Estado, gritando que la Alta Guajira está abandonada.
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Para el educador Iguarin, el día a día es una constante crisis humanitaria. “No hay agua y los niños dejan de ir a clases por la misma desnutrición que muchas veces les imposibilita caminar”, dice a este diario. En los más de 15 años que lleva como docente, ha tenido que trabajarle gratis al operador privado del servicio educativo, para que los menores no dejen de recibir sus clases. El panorama es tan complejo que para conseguir agua debe contratar un carro o una moto, gastando más de $50.000 en dos días, por los trayectos que hace hasta Uribia, para llevar como mínimo 15 litros de agua a la Bahía para brindarle a los 13 niños que van a clase, de los 40 que tiene registrados. Adicional a los impuestos que debe pagar a los paramilitares para poder transitar la vía con estos utensilios.
Por su parte, el líder Anderson Hernández, insiste en que el Estado tiene una deuda histórica con los wayuu. “La respuesta del Mindefensa en estos años ha sido que quiere discutir el recurso de revisión”, dice. Por ahora, ve aires de esperanza desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro, a pesar de que para esta ocasión la CCJ les solicito una reunión con los líderes y nuevamente fueron ignorados.
Para Hernández, la masacre no solo dañó las rancherías de la comunidad, también fracturó el tejido social. En 2004, Bahía Portete ya tenía un centro de salud, el cual fue destruido por los paramilitares. En ese tiempo también estaban gestionando con las instituciones tener acceso a agua potable. Después de 20 años, el Estado no les ha devuelto el hospital, la energía se utiliza con linternas recargables y en el 2023 duraron más de cinco meses sin recibir carrotanques con agua potable, según cuenta el líder.
Por su parte, Rolan Fince explica que la masacre que vivieron es solo la punta del iceberg de un éxodo que se ha extendido por las dos últimas décadas. “Si el Mindefensa y si Petro no nos responden en esta visita, llamaremos a toda la comunidad para que vengan a Bogotá. En esa ocasión no nos vamos a ir sin respuesta”, dice Fince, con determinación y autoridad. Es consciente de que este encuentro es un llamado de auxilio ante las múltiples problemáticas que enfrenta la región.
Mientras tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió a los cuatro integrantes del pueblo wayuu el 28 de febrero, en su segundo día de gira. El acercamiento lo realizaron con Carlos de la Torre y Julio Rodríguez, representantes de la organización, a quienes les pidieron ayuda para que el Ministerio de Defensa desista del proceso, ya que muchas de las víctimas están muriendo sin obtener la reparación. Asimismo, lograron reunirse con la senadora María Jose Pizarro, quien, aseguran, podría ayudarles a obtener un acercamiento pronto con el ministerio, ya que no han podido concretar nada con la cartera.
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