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En Colombia, cada 20 minutos, una mujer sufre algún tipo de violencia de género. Según Medicina Legal, entre enero y octubre de 2023, se registraron más de 65.000 casos de agresiones. Ante este panorama, la Fiscalía creó una ruta de esclarecimiento itinerante desde 2021 con la que busca acercar la justicia a los ciudadanos de todas las regiones, además de recolectar y sancionar cualquier tipo de violencia contra mujeres, niños y niñas.
La ruta es encabezada por el Grupo Nacional de Violencia de Género, el cual está a cargo de la fiscal Marta Andrea Romero. Esta mujer ha puesto como prioridad la investigación de delitos relacionados con la explotación sexual, la trata de personas, la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. El Espectador habló con ella para comprender cuáles han sido los avances que ha tenido la entidad frente a la prevención de violencia de género y cómo se ha garantizado el acceso a la justicia en zonas donde la población convive con actores armados.
¿Cómo es eso de que el Grupo de Violencia de Género en la Fiscalía nació a partir de las protestas de 2020?
La Ruta de Esclarecimiento Itinerante creó el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para la atención de delitos que afecten a mujeres, niñas, niños y adolescentes, con la resolución 0858 del 20 de mayo del 2021. Esta creación se da en el marco del Estallido Social en 2020, a raíz de las múltiples violencias que las organizaciones de derechos humanos hicieron visibles. Asimismo, fue una respuesta para proteger los tratados internacionales que sancionan estas formas de actuar contra una población. A partir de ese momento histórico, nos delegan unas problemáticas para erradicar y sancionar que son: violencia sexual, intrafamiliar, explotación sexual y todo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Una de las mayores exigencias de las víctimas de violencia de género es una ruta de atención integral que no revictimice sus historias. ¿Qué han logrado hacer las rutas itinerantes para brindar un acceso a la justicia efectivo para las víctimas?
El grupo de trabajo de género tenía la necesidad de llegar a las zonas rurales donde existe poca o nula presencia estatal, así que se crearon las rutas itinerantes de esclarecimiento. Inicialmente, nos dirigíamos con un grupo de fiscales e investigadores, sin embargo, identificamos que en estos territorios no había psicólogos para poder abordar los casos de violencia. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se unió a nuestra campaña y, desde entonces, nos proporciona expertos para hacer valoraciones psiquiátricas. Eso nos ha permitido llegar a terreno y brindar una ruta integral digna que facilite generar órdenes de captura y una atención prioritaria con la víctima que sigue en pie después de que la captura se haga efectiva.
Futuro Colombia ha sido uno de los programas insignias en el Grupo de Violencia de Género. ¿Desde este programa, cómo han priorizado a quienes buscan denunciar delitos y cuál es el trabajo de prevención de las violencias?
El programa Futuro Colombia lo hemos logrado articular con todas las violencias que estamos trabajando. En Futuro Colombia a través de USAID se busca generar un trabajo de prevención en lo que produce los fenómenos criminales. El mayor impacto que hemos tenido ha sido en la explotación sexual y en la trata de personas, porque cuando llegamos a territorios donde no hay una ruta de atención priorizada, el trabajo de prevención ha ayudado a la comunidad a identificar posibles casos de criminalidad y es ahí donde hemos logrado emitir procesos judiciales. El grupo de violencia de género ha tenido gran impacto en ciudades como Cúcuta, Cartagena, Montería, Medellín, y también en departamentos como el Cauca, donde la presencia de grupos armados es notoria.
En departamentos como el Cauca, que son zona roja por la alta presencia de grupos armados, la presencia del Estado es poca. ¿Cuál fue el proceso para llegar a un territorio de estos y que las mujeres decidieran denunciar delitos en su contra?
Al llegar a departamentos como el Cauca, San Andrés y Providencia y Chocó, donde existen altos índices de criminalidad, encontrábamos que las personas tenían temor a denunciar porque no existe un acceso a la justicia inmediato para estas poblaciones vulnerables. Pero, a través de las rutas de esclarecimiento, pudimos llevar ferias de servicios y jornadas de denuncia, en las cuales animábamos a las personas a informarse y denunciar. En estas rutas de atención hemos realizado un enfoque diferencial que nos permita abordar las violencias como acto urgente con el fin de concientizar a más población y mitigar la violencia.
Hablemos de cifras. ¿Durante 2023, cuántas ciudades han logrado impactar y cuál es la tasa de esclarecimiento que han tenido en relación con la violencia de género?
En cifras tenemos grandes avances. En 2023, a través del programa Futuro Colombia, la Ruta de Esclarecimiento y el apoyo del programa Justicia Inclusiva de USAID, logramos llegar a 390 municipios e impactamos a 311.486 personas. Lo mejor de este proceso es que no solo orientamos a adultos, sino que también pudimos generar acciones en instituciones educativas con el fin de minimizar el impacto de la violencia. En 1.962 colegios del país estuvimos realizando incidencia de cómo prevenir violencia intrafamiliar o delitos de trata de personas. Asimismo, las Rutas de Esclarecimiento también fueron una estrategia clave para resolver el 40% de los casos de delitos sexuales que, en su mayoría, son contra menores de edad. De esta manera, durante 2023, logramos avanzar en el 68% de las denuncias.
En casos de delitos sexuales, muchos de los victimarios suelen ser individuos que ya han sido denunciados con anterioridad, ¿cómo están monitoreando e identificando estos casos?
Las experiencias que hemos tenido en territorio con las poblaciones ha sido de vital importancia para generar confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad. Así que en estos espacios de capacitación y prevención las mujeres han logrado identificar cuáles son los riesgos feminicidas que las rodean. Ese abordaje nos ha permitido trasladar a las posibles víctimas a valoraciones con Medicina Legal y nos ha ayudado a identificar las reincidencias en denunciantes o denunciados. La primera intervención que realizamos de este tipo fue en Magdalena Medio, allá logramos individualizar a los agresores y adoptar medidas de protección que garanticen la vida de las víctimas. Asimismo, el personal investigativo que hemos llevado nos ha facilitado la identificación de modalidades de violencia invisibilizadas.
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