Plan Nacional de Desarrollo, un salvavidas para víctimas de desaparición forzada
Mediante el artículo 158 de este documento se busca crear un sistema nacional en pro de las víctimas de este flagelo. El Espectador consultó a la dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, que dio algunas puntadas sobre lo que este sistema debería abordar y cuáles son los retos para su creación, en el marco del día internacional de las víctimas de desaparición forzada, llevado a cabo el pasado 30 de agosto.
Tomás Tarazona Ramírez
El asfalto y los adoquines de la Plaza de Bolívar en Bogotá se vieron adornados de repente con varios objetos de color: botas de caucho con nombres grabados en la horma, rosas recién florecidas y pancartas que dirigían un mensaje hacia los edificios donde se maneja el poder en Colombia: “¿Dónde están los desaparecidos?”. El pasado 30 de agosto, cerca de un centenar de familiares de los desaparecidos en medio de la guerra hicieron gritos al cielo por un año más para conocer algún vestigio sobre el paradero de quien, hace años, en algunos casos décadas, dejaron de ver de un momento a otro.
La desaparición forzada en Colombia es una práctica que tiene más de medio siglo de antigüedad. Solo los registros de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) indican que uno de los primeros hechos cuando se denunció una desaparición forzosa fue en la década de los 40 y que con el paso de los años permeó a los 32 departamentos del país, incluyendo a San Andrés y Providencia. El informe final de la Comisión de la Verdad, por otra parte, aseguró que Colombia fue escenario, entre 1985 y 2016, de 210.000 registros de desaparecidos.
No obstante, los resultados han sido ambiguos: la UBPD asegura que 881 cuerpos han logrado ser recuperados. Pero, en el caso de Jaime Peña, un padre que buscó por 23 años a su hijo desaparecido por paramilitares, la verdad nunca llegó, pues murió debido la pandemia del covid-19 sin conocer una sola pista sobre el paradero de su hijo.
Y pese a que la UBPD es la entidad encargada de las pesquisas sobre casos de desaparición, aunque de forma extrajudicial, el Ministerio de Justicia ha realizado un seguimiento a este panorama desde la dirección de Justicia Transicional de la cartera. El Espectador dialogó con esa dirección, así como con colectivos de víctimas, para conocer los avances en esta materia. ¿Cómo está el panorama?
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Un nuevo paradigma
Mariana Ardila, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, le dijo a este diario que, desde el inicio de la administración de Gustavo Petro, se han presentado “cambios significativos” al hablar de justicia para las víctimas de este flagelo. Para ella, uno de los avances principales es que desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 se aprobara un artículo que busca velar por la reparación y verdad que los colectivos de víctimas han pedido durante décadas.
De hecho, como señaló Ardila, es la primera vez que un documento que traza los objetivos de un Gobierno incluye la formulación de una política pública que pretende otorgar respuestas concisas, integrales, oportunas y respetuosas a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, además de garantizar la prevención de este flagelo.
La funcionaria se refiere al artículo 158 del PND, en el que el Ejecutivo se compromete a crear un “sistema nacional de búsqueda” que garantice la articulación y cooperación de varias entidades del Estado e instancias de Derechos Humanos y que, a su vez, tenga como enfoque el “principio de centralidad de las víctimas”. El artículo, que fue aprobado por el Congreso en mayo de este año, asegura que se brindarán respuestas a las personas cuyos familiares fueron desaparecidos.
Sin ir muy lejos, Pablo Cala, defensor de derechos humanos, escribió para este diario que el artículo del PND es una muestra de voluntad política que “pretende resolver un cuello de botella de más de 20 años, consistente en la articulación de las diferentes instituciones responsables de dar cuenta sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”.
Siguiendo esa línea, Ardila explicó que este artículo no solo pretende reunir colectivos y organizaciones que han hecho “activismo” para la búsqueda de desaparición forzada. Además, pretende que sea el inicio para que el auxilio y apoyo a las víctimas no se convierta únicamente en una política de Gobierno sino en un lineamiento de Estado que pueda ser aplicado en el futuro independientemente de quién ocupe la Casa de Nariño.
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La incógnita de Mancuso
Otro de los avances que se han registrado en la búsqueda de desaparecidos, señaló Ardila, son las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que otorgó datos fundamentales para el hallazgo de hornos crematorios y fosas comunes en Venezuela. Desde que se conoció la noticia, cuenta Ardila, tanto MinJusticia como la Cancillería iniciaron trámites para conocer las coordenadas de las tumbas que el antiguo comandante de las Autodefensas aseguró haber construido mientras dirigió sus tropas paramilitares.
“Es un excelente ejemplo sobre lo que debería empezar a pasar más a nivel de Estado. Se da un espacio extrajudicial de reconocimiento y responsabilidad de parte de Mancuso y él manifiesta su voluntad de entregar esa información y ahí es donde se une la UBPD, el Ministerio de Justicia, la Cancillería y empezamos a trabajar articuladamente entre instituciones para saber cómo nuestras autoridades estatales vayan a territorio venezolano y verifiquen esta información”, explica Ardila.
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Las deudas pendientes
Ardila reconoció que aún existen varios retos para cumplir las exigencias de los colectivos de víctimas que aún buscan a sus desaparecidos. La directora de Justicia Transicional aseguró que aprobar un artículo en el PND, crear una institucionalidad articulada y verificar las declaraciones de Mancuso han significado expectativas para las víctimas. Sin embargo, insiste que todas estas ideas “deben traducirse en algo concreto.” “Tenemos que pensar cómo hacer para que el sistema empiece a dar resultados: de acceso a la información o poder exhumar cuerpos y hacer una entrega digna”, agregó.
Y añadió: “Uno de los retos es seguir apoyando las instituciones que tienen competencias en la búsqueda de personas desaparecidas. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia no busca a estas personas, pero tiene incidencia en política pública y justicia transicional”.
En su concepto, una de las tareas pendientes en el ejercicio de búsqueda de desaparecidos es saber escuchar a las instituciones para “saber que es lo que necesitan” y así poder continuar con sus labores de forma efectiva. Prueba de ello es que Medicina Legal ha solicitado más laboratorios y la UBPD necesita que haya más capacidad para identificar cuerpos. “No sirve mucho de tener instituciones fortalecidas de forma independiente, se debe trabajar articuladamente”, dijo.
De esta forma, los retos frente a la búsqueda de los desaparecidos son mayúsculos. Y aunque se continúan ejerciendo labores desde las instituciones, son las víctimas quienes siguen haciendo un llamado para que los nombres de sus familiares dejen de estar en extensas listas de conteo de personas que no aparecen.
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El asfalto y los adoquines de la Plaza de Bolívar en Bogotá se vieron adornados de repente con varios objetos de color: botas de caucho con nombres grabados en la horma, rosas recién florecidas y pancartas que dirigían un mensaje hacia los edificios donde se maneja el poder en Colombia: “¿Dónde están los desaparecidos?”. El pasado 30 de agosto, cerca de un centenar de familiares de los desaparecidos en medio de la guerra hicieron gritos al cielo por un año más para conocer algún vestigio sobre el paradero de quien, hace años, en algunos casos décadas, dejaron de ver de un momento a otro.
La desaparición forzada en Colombia es una práctica que tiene más de medio siglo de antigüedad. Solo los registros de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) indican que uno de los primeros hechos cuando se denunció una desaparición forzosa fue en la década de los 40 y que con el paso de los años permeó a los 32 departamentos del país, incluyendo a San Andrés y Providencia. El informe final de la Comisión de la Verdad, por otra parte, aseguró que Colombia fue escenario, entre 1985 y 2016, de 210.000 registros de desaparecidos.
No obstante, los resultados han sido ambiguos: la UBPD asegura que 881 cuerpos han logrado ser recuperados. Pero, en el caso de Jaime Peña, un padre que buscó por 23 años a su hijo desaparecido por paramilitares, la verdad nunca llegó, pues murió debido la pandemia del covid-19 sin conocer una sola pista sobre el paradero de su hijo.
Y pese a que la UBPD es la entidad encargada de las pesquisas sobre casos de desaparición, aunque de forma extrajudicial, el Ministerio de Justicia ha realizado un seguimiento a este panorama desde la dirección de Justicia Transicional de la cartera. El Espectador dialogó con esa dirección, así como con colectivos de víctimas, para conocer los avances en esta materia. ¿Cómo está el panorama?
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Un nuevo paradigma
Mariana Ardila, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, le dijo a este diario que, desde el inicio de la administración de Gustavo Petro, se han presentado “cambios significativos” al hablar de justicia para las víctimas de este flagelo. Para ella, uno de los avances principales es que desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 se aprobara un artículo que busca velar por la reparación y verdad que los colectivos de víctimas han pedido durante décadas.
De hecho, como señaló Ardila, es la primera vez que un documento que traza los objetivos de un Gobierno incluye la formulación de una política pública que pretende otorgar respuestas concisas, integrales, oportunas y respetuosas a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, además de garantizar la prevención de este flagelo.
La funcionaria se refiere al artículo 158 del PND, en el que el Ejecutivo se compromete a crear un “sistema nacional de búsqueda” que garantice la articulación y cooperación de varias entidades del Estado e instancias de Derechos Humanos y que, a su vez, tenga como enfoque el “principio de centralidad de las víctimas”. El artículo, que fue aprobado por el Congreso en mayo de este año, asegura que se brindarán respuestas a las personas cuyos familiares fueron desaparecidos.
Sin ir muy lejos, Pablo Cala, defensor de derechos humanos, escribió para este diario que el artículo del PND es una muestra de voluntad política que “pretende resolver un cuello de botella de más de 20 años, consistente en la articulación de las diferentes instituciones responsables de dar cuenta sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”.
Siguiendo esa línea, Ardila explicó que este artículo no solo pretende reunir colectivos y organizaciones que han hecho “activismo” para la búsqueda de desaparición forzada. Además, pretende que sea el inicio para que el auxilio y apoyo a las víctimas no se convierta únicamente en una política de Gobierno sino en un lineamiento de Estado que pueda ser aplicado en el futuro independientemente de quién ocupe la Casa de Nariño.
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La incógnita de Mancuso
Otro de los avances que se han registrado en la búsqueda de desaparecidos, señaló Ardila, son las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que otorgó datos fundamentales para el hallazgo de hornos crematorios y fosas comunes en Venezuela. Desde que se conoció la noticia, cuenta Ardila, tanto MinJusticia como la Cancillería iniciaron trámites para conocer las coordenadas de las tumbas que el antiguo comandante de las Autodefensas aseguró haber construido mientras dirigió sus tropas paramilitares.
“Es un excelente ejemplo sobre lo que debería empezar a pasar más a nivel de Estado. Se da un espacio extrajudicial de reconocimiento y responsabilidad de parte de Mancuso y él manifiesta su voluntad de entregar esa información y ahí es donde se une la UBPD, el Ministerio de Justicia, la Cancillería y empezamos a trabajar articuladamente entre instituciones para saber cómo nuestras autoridades estatales vayan a territorio venezolano y verifiquen esta información”, explica Ardila.
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Las deudas pendientes
Ardila reconoció que aún existen varios retos para cumplir las exigencias de los colectivos de víctimas que aún buscan a sus desaparecidos. La directora de Justicia Transicional aseguró que aprobar un artículo en el PND, crear una institucionalidad articulada y verificar las declaraciones de Mancuso han significado expectativas para las víctimas. Sin embargo, insiste que todas estas ideas “deben traducirse en algo concreto.” “Tenemos que pensar cómo hacer para que el sistema empiece a dar resultados: de acceso a la información o poder exhumar cuerpos y hacer una entrega digna”, agregó.
Y añadió: “Uno de los retos es seguir apoyando las instituciones que tienen competencias en la búsqueda de personas desaparecidas. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia no busca a estas personas, pero tiene incidencia en política pública y justicia transicional”.
En su concepto, una de las tareas pendientes en el ejercicio de búsqueda de desaparecidos es saber escuchar a las instituciones para “saber que es lo que necesitan” y así poder continuar con sus labores de forma efectiva. Prueba de ello es que Medicina Legal ha solicitado más laboratorios y la UBPD necesita que haya más capacidad para identificar cuerpos. “No sirve mucho de tener instituciones fortalecidas de forma independiente, se debe trabajar articuladamente”, dijo.
De esta forma, los retos frente a la búsqueda de los desaparecidos son mayúsculos. Y aunque se continúan ejerciendo labores desde las instituciones, son las víctimas quienes siguen haciendo un llamado para que los nombres de sus familiares dejen de estar en extensas listas de conteo de personas que no aparecen.
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