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Este martes 11 de junio, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hizo entrega de siete predios que pertenecieron a la mafia, a la comunidad universitaria del Valle del Cauca. La entrega se dio en las instalaciones de la Unidad Central del Valle del Cauca en Tuluá. En este evento estuvieron presentes los movimientos estudiantiles y la comunidad universitaria de la ciudad.
Los predios se dan con el fin de mejorar la infraestructura educativa y garantizar los derechos de cada estudiante. “Estos siete inmuebles están destinados a proporcionar a los estudiantes del norte del Valle una infraestructura académica digna y adecuada, que fomentará el desarrollo educativo y social en el sur del país. Con esta entrega, se busca acercar aún más a las y los estudiantes a una educación de calidad, promoviendo un entorno propicio para el aprendizaje y el crecimiento personal” comentó Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE.
En la ciudad de Buga, la SAE entregó dos predios que estarán destinados al Desarrollo del Departamento de Idiomas y otro para establecer un Consultorio Jurídico. También, en Roldanillo, la entidad destino un inmueble urbano para la extensión del Departamento de Idiomas del plantel educativo, ampliando así la oferta académica en esta área.
Uno de los más importantes desarrollos será en la ciudad de Tuluá, en donde la finca “Rancho Mexicano”, del narcotraficante Pacho Herrera, se convertirá en un Centro de Investigación y en Cali los predios se destinarán para albergar las Sedes Administrativas, facilitando así la gestión y coordinación de las actividades académicas y administrativas.
La SAE comenta que la entrega de estos predios busca beneficiar a 7.000 estudiantes de pregrado y posgrado y reconstruir lugares donde la violencia impuso miedo durante décadas. Asimismo, este evento se da en medio del Día del Estudiante Caído, donde hace 70 años, varios estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia alzaron su voz para exigir la renuncia de los funcionarios que estuvieron involucrados en la Masacre de las bananeras y recibieron violencia policial como respuesta estatal.
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