Procuraduría revela alarmantes cifras de violencia de género y acoso en colegios
A inicios de 2024, la procuradora, Margarita Cabello, lanzó un grito de alarma porque la violencia de género estaba alcanzando cifras “alarmantes” en los colegios, públicos y privados de Colombia. Este viernes, un informe de la Procuraduría demuestra que estos casos se han sistematizado y aumentado conforme pasan los meses.
Luego de visitar más de 300 instituciones educativas de primaria y bachillerato, la Procuraduría lanzó una nueva señal de alarma. Este viernes, el ente de control alertó que los colegios colombianos viven una situación “alarmante” de violencia de género dentro de sus aulas y pasillos.
El informe se da seis meses después de que Margarita Cabello, la procuradora saliente, pusiera esa situación sobre la mesa en el Segundo Encuentro Nacional de Defensores, que organizó la Defensoría del Pueblo en abril.
De acuerdo con las conclusiones de la Procuraduría, hay registros de al menos 1.515 casos de acoso en colegios colombianos. Estas cifras están acompañadas de otro escenario aún más complicado para las niñas del país: los datos de violencia sexual y ciberacoso. En la base de datos de la Procuraduría hay más de 1.000 casos en que los niños han estado expuestos a vulneraciones de sus derechos sexuales.
“También se evidenció el involucramiento presuntamente de docentes o directivos en el 26 % de los casos de acoso escolar y violencia sexual identificados, alertando un posible ambiente de vulnerabilidad que debe ser tratado con mayor atención por parte de las autoridades educativas y los padres de familia”, dice el reporte.
“Se evidenció también el involucramiento presuntamente de docentes o directivos en el acoso escolar y violencia sexual identificados, alertando un posible ambiente de vulnerabilidad que debe ser tratado con mayor atención por parte de las autoridades educativas y los padres de familia”, explica la Procuraduría.
Escenarios retantes
La alerta de la Procuraduría llega en medio de dos escenarios. El primero, tras la elección del nuevo procurador, Gregorio Eljach, que entrará a fungir en su cargo a inicios de 2025. Eljach, que fue escogido por el Senado como el candidato a continuar con los objetivos de la Procuraduría, deberá incluir dentro de sus metas de gobierno alguna estrategia desde esta entidad para que la violencia de género instalada en los colegios sea combatida.
El otro escenario en el que llega la alerta de agresiones basadas en género son las fallas que las instituciones han tenido para prevenir y corregir estas conductas. De acuerdo con el informe y las visitas que se hicieron presencialmente a las instituciones, hay al menos 29 colegios que en sus reglas internas no cuentan, o no implementaron, los protocolos de género para evitar estas agresiones. “No han implementado programas de educación sexual este año, en cumplimiento de la Directiva 001 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional”, explica la Procuraduría.
Pero también hay una tercera situación que agrava aún más las cifras del ente de control: la violencia contras las mujeres que se presentan en otros contextos, como el familiar o en espacios públicos. A inicios de 2024, la entidad aseguró que estas agresiones ocurridas en todos los departamentos del país, debían ser analizados “como un problema estructural y que requiere la atención de todo el aparato estatal”. En sus registros, 2024 ha sido uno de los años más violentos contra las mujeres superando el umbral de los 50.000 registros. Esto es, en otras palabras, más de un centenar de víctimas cada día.
En el comunicado se indica un camino de salvación para remediar este escenario. La delegada para la defensa de los derechos de la infancia de la Procuraduría, junto con otros funcionarios regionales y distritales, tendrán la tarea de hacer recomendaciones y formular una estrategia para cumplirlas. Pero la tarea no depende únicamente de la Procuraduría y de sus funcionarios. Los colegios, como indica el Ministerio de Educación, y la misma Procuraduría, deben ser los primeros no solo en prevenir y educar a los jóvenes de Colombia para que estas agresiones no se sigan perpetuando. Como lo mencionó el ente de control: las agresiones de género son algo estructural, y todos los engranajes del Estado y la sociedad deben cooperar para superarla.
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Luego de visitar más de 300 instituciones educativas de primaria y bachillerato, la Procuraduría lanzó una nueva señal de alarma. Este viernes, el ente de control alertó que los colegios colombianos viven una situación “alarmante” de violencia de género dentro de sus aulas y pasillos.
El informe se da seis meses después de que Margarita Cabello, la procuradora saliente, pusiera esa situación sobre la mesa en el Segundo Encuentro Nacional de Defensores, que organizó la Defensoría del Pueblo en abril.
De acuerdo con las conclusiones de la Procuraduría, hay registros de al menos 1.515 casos de acoso en colegios colombianos. Estas cifras están acompañadas de otro escenario aún más complicado para las niñas del país: los datos de violencia sexual y ciberacoso. En la base de datos de la Procuraduría hay más de 1.000 casos en que los niños han estado expuestos a vulneraciones de sus derechos sexuales.
“También se evidenció el involucramiento presuntamente de docentes o directivos en el 26 % de los casos de acoso escolar y violencia sexual identificados, alertando un posible ambiente de vulnerabilidad que debe ser tratado con mayor atención por parte de las autoridades educativas y los padres de familia”, dice el reporte.
“Se evidenció también el involucramiento presuntamente de docentes o directivos en el acoso escolar y violencia sexual identificados, alertando un posible ambiente de vulnerabilidad que debe ser tratado con mayor atención por parte de las autoridades educativas y los padres de familia”, explica la Procuraduría.
Escenarios retantes
La alerta de la Procuraduría llega en medio de dos escenarios. El primero, tras la elección del nuevo procurador, Gregorio Eljach, que entrará a fungir en su cargo a inicios de 2025. Eljach, que fue escogido por el Senado como el candidato a continuar con los objetivos de la Procuraduría, deberá incluir dentro de sus metas de gobierno alguna estrategia desde esta entidad para que la violencia de género instalada en los colegios sea combatida.
El otro escenario en el que llega la alerta de agresiones basadas en género son las fallas que las instituciones han tenido para prevenir y corregir estas conductas. De acuerdo con el informe y las visitas que se hicieron presencialmente a las instituciones, hay al menos 29 colegios que en sus reglas internas no cuentan, o no implementaron, los protocolos de género para evitar estas agresiones. “No han implementado programas de educación sexual este año, en cumplimiento de la Directiva 001 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional”, explica la Procuraduría.
Pero también hay una tercera situación que agrava aún más las cifras del ente de control: la violencia contras las mujeres que se presentan en otros contextos, como el familiar o en espacios públicos. A inicios de 2024, la entidad aseguró que estas agresiones ocurridas en todos los departamentos del país, debían ser analizados “como un problema estructural y que requiere la atención de todo el aparato estatal”. En sus registros, 2024 ha sido uno de los años más violentos contra las mujeres superando el umbral de los 50.000 registros. Esto es, en otras palabras, más de un centenar de víctimas cada día.
En el comunicado se indica un camino de salvación para remediar este escenario. La delegada para la defensa de los derechos de la infancia de la Procuraduría, junto con otros funcionarios regionales y distritales, tendrán la tarea de hacer recomendaciones y formular una estrategia para cumplirlas. Pero la tarea no depende únicamente de la Procuraduría y de sus funcionarios. Los colegios, como indica el Ministerio de Educación, y la misma Procuraduría, deben ser los primeros no solo en prevenir y educar a los jóvenes de Colombia para que estas agresiones no se sigan perpetuando. Como lo mencionó el ente de control: las agresiones de género son algo estructural, y todos los engranajes del Estado y la sociedad deben cooperar para superarla.
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