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Hace poco más de 33 años, la Constitución Política de 1991 le ordenó al Estado colombiano en uno de sus artículos (Art. 246) garantizar más justicia para los pueblos indígenas que ocupan el país. Pero, no fue sino hasta esta semana que realmente se dio el primer paso para materializar esa orden que ayudaría, al menos en una pequeña parte, a saldar la deuda con esas comunidades.
Este martes, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia radicaron en el Senado un proyecto de ley que busca saldar la deuda de tres décadas con las justicias indígenas del país. La iniciativa propone, en pocas palabras, que la justicia ordinaria y la indígena —que es impartida en los 115 pueblos indígenas— no entren en conflicto, sino que trabajen de la mano.
“La ley establece mecanismos de coordinación interjurisdiccional, como la formación para autoridades indígenas y operadores judiciales. También implica capacitación para intérpretes y promover una justicia más inclusiva”, explicó el Ministerio de Justicia durante la radicación de la iniciativa.
Desde que la Constitución de 1991 les reconoció a las comunidades indígenas de Colombia su autonomía, han luchado para que el Estado escuche uno de sus pedidos más importantes: la necesidad de que su justicia propia sea reconocida, respetada y entendida por el resto del país. Actualmente, aunque cada uno de los 115 pueblos indígenas ejercen una forma de justicia propia que se ajusta a su cosmovisión y a sus conocimientos ancestrales, la mayoría de ellas enfocadas en la restauración del tejido social y en la armonía colectiva, entran en conflicto con la jurisdicción ordinaria.
Cuando una autoridad indígena toma una decisión que a los ojos de la Carta Política autónoma y válida, se presentaban varios escenarios de conflictos de competencias y zonas grises que causaban que un delito o violación a las normas quedara en la impunidad o tomara aún más tiempo del usual en resolverse. Igualmente, una barrera que encuentra la jurisdicción indígena es el lenguaje. A la justicia ordinaria han llegado casos de indígenas procesados por la jurisdicción ordinaria sin siquiera hablar español, que pone en entredicho las garantías del acusado.
“El proyecto de ley refuerza el derecho de los pueblos indígenas a gobernar y administrar sus territorios de manera autónoma, proporcionando un marco de coordinación que garantiza respaldo y seguridad jurídica”, aseguraron miembros del gobierno tras la radicación del proyecto. Por parte del Ministerio de Justicia aseguran que este proyecto es una de sus prioridades, por lo que buscan impulsar su pronta discusión en el Congreso y que arranque lo más pronto posible su primer debate en el Senado.
El artículo pendiente
Cuando la Constitución de 1991 fue proferida se aplaudieron varios avances frente a las comunidades étnicas de Colombia, especialmente a los pueblos indígenas. El primero de ellos versaba sobre la autonomía: los indígenas son libres de decidir, organizar y administrar justicia conforme a sus conocimientos y tradiciones ancestrales. Así quedó establecido, por ejemplo, en 12 artículos de la Constitución.
Sin embargo, hubo uno que quedó pendiente de cumplirse durante 33 años: el 246. Allí se emitió una orden al Estado, especialmente al poder Ejecutivo, para que formulara y radicara una política pública que permitiera asegurar que la justicia indígena fuese entendida, en especial, por la justicia ordinaria, es decir jueces, magistrados y fiscales
El paso que acaba de anunciar el Ministerio de Justicia es una oportunidad para que se mejore la confianza que los grupos étnicos tienen sobre el sistema judicial colombiano. Además, delitos muy recurrentes en los resguardos, como los relacionados al tráfico de estupefacientes o la violencia de género, podrían ser resueltos en la justicia ordinaria. Y lo más importante, se puede avanzar en garantizar los derechos de las víctimas con una hoja de ruta.
La deuda continúa
La radicación del proyecto fue aplaudida, pero despertó nuevos reclamos por parte de las poblaciones afro que viven prácticamente el mismo escenario. Con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, la Rama Judicial ha venido encontrando espacios para que las justicias afro de Colombia también logren un acuerdo con la jurisdicción ordinaria.
Pero las comunidades negras tienen el camino aún más difícil para obtener el logro que esta semana obtuvieron los indígenas. Desde la Constitución, hasta en diferentes leyes promulgadas en los últimos años, ha existido algo llamado “omisión legislativa”, que es, en pocas palabras, una falla del Congreso que, al momento de debatir y aprobar las leyes, no ha tenido en cuenta poblaciones como la afro. En esos vacíos, por ejemplo, se eximió que los indígenas prestaran servicio militar, sin embargo, en la ley no se mencionaron a los afros. Así sucede también con las justicias afro, que aunque existen, no han tenido una ley que reglamente su entendimiento y coordinación con la jurisdicción ordinaria.
“La jurisdicción afro no existe porque la Constitución no lo señala de esa manera. Como en Colombia tenemos un derecho ordinario, todas nuestras normas deben estar escritas para poder cumplirlas. Pero eso no significa que los pueblos ancestrales étnicos como los grupos afro no necesiten de ese reconocimiento. Esto es una discusión que viene decantándose desde hace años y viene acompañado de un proceso legislativo. Es una tarea que ellos están haciendo a través de tutelas y demandas constitucionales para que exista una jurisdicción afro”, explicó sobre esos vacíos Isamary Marrugo, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba.
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