En los últimos ocho meses, casi 300.000 colombianos han asistido a casas de justicia de todo el país para realizar trámites que van desde sacar el duplicado de sus cédulas hasta iniciar el proceso para ser reconocidos como víctimas del conflicto armado. Estos lugares se han convertido en un mecanismo para incluir a las comunidades en la resolución de sus conflictos; así como para brindar orientación y servicios de forma gratuita. ¿Cómo funcionan estos centros que ya cumplen 20 años y que operan en al menos 30 departamentos? ¿Qué les depara en el futuro próximo?
El programa de casas de justicia, liderado por el Ministerio de Justicia, les da facultades a los entes territoriales para hacerse cargo de estos centros, pues son quienes deben encargarse de que funcionen en cada uno de los municipios donde son instalados, incluyendo labores de mantenimiento. El programa, de esta forma, lleva servicios de justicia de más de 15 entidades distintas a lugares de Colombia donde hay altos índices de vulnerabilidad, marginalidad económica y social, criminalidad y conflictividad comunitaria.
De ahí la importancia en impartir una orientación enfocada en la prevención del delito, la lucha contra la impunidad y la promoción de mecanismos alternativos en la resolución de conflictos. “Es fundamental comprender que el programa responde a una necesidad de orden municipal donde se promueve el desarrollo de la justicia local, por lo tanto, dentro del marco constitucional de descentralización y autonomía administrativa y financiera de las entidades territoriales, es su responsabilidad garantizar que la presencia del programa en su territorio conlleve algunos beneficios”, explicó el Ministerio de Justicia.
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Entre los objetivos que tiene esta iniciativa están desescalar los conflictos y contener la violencia; integrar la labor de entidades nacionales, locales, y las comunidades, generando confianza entre ellos; fomentar y fortalecer la construcción y reconstrucción del tejido social; establecer espacios de participación ciudadana para favorecer el acceso a la justicia, entre otros. Ahora, atender a los altos números de personas que acuden a las casas de justicia es todo un reto, por la cantidad de entidades que confluyen en un espacio reducido.
Por ejemplo, en una casa de justicia pueden encontrarse la Comisaría de Familia, la Personería Municipal y la Inspección de Policía, una oficina de asuntos étnicos, una de desarrollo comunitario, centros de conciliación y los consultorios jurídicos de diferentes universidades. A su vez, pueden operar allí mismo: la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal, la Registraduría, la Unidad de Víctimas, la Agencia para la Reincorporación, Prosperidad Social y hasta la Policía.
De hecho, uno de los principales desafíos de las Alcaldías y Gobernaciones es garantizar la participación y permanencia de estas entidades pues, para que el programa avance, es necesaria la representación de cada una. Por ejemplo, en Buenaventura, el año pasado estuvo cerca de cerrarse una casa de justicia, debido al descuido en la infraestructura y seguimiento de los procesos, según le explicó a este diario Andrés Orlando Peña, director de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia.
“Hay una financiación por parte del Ministerio, pero queda en manos de las autoridades territoriales hacerse cargo. La idea es que todas las entidades que se comprometan permanezcan y se cumpla la oferta institucional. Esto hace que la gente acuda y pida atención, pero, si se retiran las entidades por desatención local, la población deja de asistir”, agregó, dejando claro que la efectividad de los centros debe medirse por esta presencia de los servicios de justicia.
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Las cifras del Ministerio muestran que los colombianos sí acuden a estos centros. Desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 20 de abril de 2023 las casas de justicia alrededor del país habían atendido 446.892 casos por parte de 296.288 ciudadanos. En Chía, Cundinamarca, está ubicado el centro que más casos ha recibido con 28.761, seguido de la Casa de Justicia Alfonso López (en Cali), con 26.230. Completando el listado de las cinco más concurridas están: la de Aguablanca (Cali), con 21.378 casos; la de Pasto (Nariño), con 20.705 y la de La Plata (Huila), con 17.062 casos atendidos.
Y aunque la variedad de escenarios por los cuales las comunidades solicitan atención y orientación es amplia, El Espectador identificó cuáles son los más frecuentes. En el listado figuran relaciones familiares conflictivas, cuotas alimenticias, custodias, reglamentación de visitas y duplicados de cédula. Entretanto, la orientación y apoyo al migrante, los comportamientos contrarios a la integridad urbanística, la recepción de declaración de poblaciones desplazadas y la mediación policial han sido algunos de los temas que más han cobijado las entidades nacionales.
Finalmente, las asesorías jurídicas, la atención psicológica y el trabajo social (de la mano de las comisarías de familia), cierran la lista de los hechos por los cuales se solicita atención. De acuerdo con el Ministerio, para finales de 2023 y 2024, se abrirán dos nuevas casas de justicia en Mocoa (Putumayo) y Chipaque (Cundinamarca), respectivamente, donde se espera que la participación ciudadana garantice el cuidado de los espacios. “Lo que se busca es que el usuario se sienta más cercano al operador de justicia y que no sea simplemente una ventanilla de atención. Por eso, en las casas se aplican líneas estratégicas y se profundiza en las rutas de atención, así como en la articulación con los operadores”, concluyó Peña.
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