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El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) tomó este año una decisión de avanzada para la justicia étnica. Se trata de un concurso que busca promover y premiar las mejores sentencias de jueces y magistrados que contengan un enfoque étnico. Es la primera vez en la historia de la Rama Judicial que se hace una convocatoria para aplaudir la interjurisdiccionalidad en el país y, según conoció este diario, podría llegar a promover que desde la justicia ordinaria se busque la coordinación con los grupos indígenas y su autonomía jurídica.
El concurso de sentencias con enfoque étnico es una nueva oportunidad para poner a hablar a la justicia colombiana de la importancia de que jueces y magistrados ordinarios se articulen con las comunidades étnicas a la hora de emitir sus fallos.
Las sentencias, además de ser las máximas providencias judiciales, pueden servir de ejemplo para que casos similares, o no se repitan, o sean tratados con el mismo enfoque en el futuro.
¿Qué busca este concurso de enfoque étnico? El Consejo Superior de la Judicatura aseguró que hay varias metas. Lograr que cada vez más jueces y magistrados tengan un enfoque intercultural a la hora de impartir justicia, así como promover la diversidad étnica y cultural, garantizar el respeto por la Jurisdicción Especial Indígena, el fuero indígena y facilitar el diálogo con los pueblos indígenas”.
Abecé del concurso
De acuerdo con la convocatoria pueden postularse: “magistrados de altas cortes, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de los tribunales superiores y de lo contencioso administrativo, de las comisiones seccionales de disciplina judicial, y los jueces y juezas de todos los distritos judiciales del país”.
La segunda regla del juego consistió en definir qué categorías habrá en el concurso. El CSJ informó que habrá tres categorías para entregar su premio: sentencia en despachos de altas cortes, sentencia de magistrados de tribunales superiores, administrativos o de disciplina judicial y finalmente, mejor sentencia proferida por un juzgado.
En último lugar está lo más importante del concurso, es decir, los ganadores. Integrantes de universidades públicas, privadas e integrantes del programa de Justicia Inclusiva de Usaid harán un examen minucioso de todas las postulaciones y definirán cuáles son las decisiones judiciales que cumplen todos los requisitos para otorgarles el premio. El CSJ aseguró que se valorarán cinco criterios: mecanismos para el diálogo, valoración de los hechos, análisis probatorio, argumentación y fallo y finalmente, que la sentencia tenga un impacto judicial y social. Todos estos criterios, por supuesto, deberán estar guiados con enfoque étnico.
La convocatoria está abierta desde el 18 de septiembre y finalizará esta semana, el sábado 5 de octubre. Si desea postularse a este certamen puede hacerlo a través de este enlace y, si aún tiene dudas sobre el concurso, puede resolver sus dudas escribiendo a acovells@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.
Casos similares
Concursos de este tipo ya existen en los estrados judiciales de Colombia. Por ejemplo, desde hace siete años se premia anualmente dos sentencias (una de un magistrado y una de un juez) que adoptaron el enfoque de género para impartir justicia. En 2022 ese galardón lo ganó un juez de Yopal, Casanare, que luego de recibir una solicitud de indemnización por parte de la familia de una mujer víctima de feminicidio, halló que su asesinato, en pocas palabras, se dio por fallas en el servicio del Estado y que esos errores estuvieron motivados por estereotipos de género.
Otra de las ganadoras de ese certamen de sentencias con enfoque de género fue una jueza de Quibdó, Chocó. A su despacho en el Pacífico llegó un caso de una mujer embarazada que tras rogar por atención médica, le fue negado el servicio y en su sentencia la togada encontró que, más que una negligencia médica y violencia obstétrica, el caso tenía tras bambalinas todo un componente de violencia de género y estereotipos que privaron que la mujer fuese atendida y, como consecuencia, perdiera a su bebé.
Los indígenas, cabe recordar, tienen la autonomía de ejercer su propia justicia desde que fue proferida la Constitución de 1991. Así como tienen el libre albedrío de decidir por su territorio, educación y costumbres, desde ese año ha funcionado la Jurisdicción Especial Indígena, que es, en resumidas cuentas, una manera de resolver conflictos dentro de sus comunidades y lograr que los delitos o faltas no deterioren el tejido social en los resguardos.
(Puede interesarle: Las diferencias y similitudes de la jurisdicción indígena y la justicia afro)
Pero eso no significa que todos los delitos puedan ser tratados por las autoridades indígenas o que, debido a que hay una justicia ordinaria y una indígena, haya casos que quedan en la impunidad. En agosto de 2022 la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sanción contra de un indígena que fue condenado por tráfico de drogas, luego de que su comunidad remitiera el caso a los jueces ordinarios. El alto tribunal ordenó restablecer sus derechos al permitirle pagar su pena en un centro de reclusión en su resguardo indígena. Su situación muestra cómo no todos los casos quedan en manos de la jurisdicción indígena: los delitos graves o gravísimos, como los homicidios, amenazas o las violencias basadas en género, se remiten a la Fiscalía.
Concursos de este tipo ya existen en los estrados judiciales de Colombia. Por ejemplo, desde hace siete años se premia anualmente dos sentencias (una de un magistrado y una de un juez) que adoptaron el enfoque de género para impartir justicia. En 2022 ese galardón lo ganó un juez de Yopal, Casanare, que luego de recibir una solicitud de indemnización por parte de la familia de una mujer víctima de feminicidio, halló que su asesinato, en pocas palabras, se dio por fallas en el servicio del Estado y que esos errores estuvieron motivados por estereotipos de género.
Otra de las ganadoras de ese certamen de sentencias con enfoque de género fue una jueza de Quibdó, Chocó. A su despacho en el Pacífico llegó un caso de una mujer embarazada que tras rogar por atención médica, le fue negado el servicio y en su sentencia la togada encontró que, más que una negligencia médica y violencia obstétrica, el caso tenía tras bambalinas todo un componente de violencia de género y estereotipos que privaron que la mujer fuese atendida y, como consecuencia, perdiera a su bebé.
Los indígenas, cabe recordar, tienen la autonomía de ejercer su propia justicia desde que fue proferida la Constitución de 1991. Así como tienen el libre albedrío de decidir por su territorio, educación y costumbres, desde ese año ha funcionado la Jurisdicción Especial Indígena, que es, en resumidas cuentas, una manera de resolver conflictos dentro de sus comunidades y lograr que los delitos o faltas no deterioren el tejido social en los resguardos.
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Pero eso no significa que todos los delitos puedan ser tratados por las autoridades indígenas o que, debido a que hay una justicia ordinaria y una indígena, haya casos que quedan en la impunidad. En agosto de 2022 la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sanción contra de un indígena que fue condenado por tráfico de drogas, luego de que su comunidad remitiera el caso a los jueces ordinarios. El alto tribunal ordenó restablecer sus derechos al permitirle pagar su pena en un centro de reclusión en su resguardo indígena. Su situación muestra cómo no todos los casos quedan en manos de la jurisdicción indígena: los delitos graves o gravísimos, como los homicidios, amenazas o las violencias basadas en género, se remiten a la Fiscalía.
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