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Esta semana se juega que haya, o no, una justicia enfocada en género en la próxima reforma judicial. Más de 20 organizaciones, expertas en temas de género, se sentarán con el Ministerio de Justicia y el de la Igualdad durante tres días para insistir en la necesidad de que el proyecto de ley de reforma judicial que se presentará el próximo 20 de julio tenga los fundamentos de una justicia de género.
Desde este lunes, hasta el jueves 9 de mayo, las organizaciones tocarán punto por punto los pilares que debería, según sus voceras, tener Colombia para convertirse en un país cuyo sistema judicial, en lugar de revictimizar a quienes son violentadas sexualmente, responda y prevenga estas agresiones.
El Espectador habló con Ruta Pacífica de Mujeres, uno de los 21 colectivos que se sentaron en la misma mesa del Ministerio, para conocer qué se espera de estas jornadas. Una de sus voceras explicó a este diario que “la finalidad es precisamente discutir, de forma colectiva, una justicia que responda a las necesidades de las mujeres y la población LGBTIQ+, pero que venga construida a partir de nosotras mismas”.
Aunque las discusiones de la reforma a la justicia comenzaron desde finales de 2023, hasta esta semana se debatirán a fondo el papel del enfoque de género y la búsqueda de una justicia enfocada en prevenir y castigar las violencias contra la mujer. Los colectivos de género precisan que el sistema judicial puede ayudar a proteger, atender y ofrecer justicia a las mujeres con mayor celeridad y precisión.
Entre el comité de 40 expertos que escogió el Ministerio de Justicia para dialogar sobre la reforma, hay juezas con amplio conocimiento sobre justicia restaurativa e integrantes de poblaciones étnicas para que la jurisdicción étnica y la ordinaria puedan trabajar de la mano. Con lo que son altas las expectativas de los próximos días de conversación.
Una de las propuestas a evaluar es la creación de juzgados especializados en temas de género; pero no se limita únicamente a ese punto, sino que habla de conformar un sistema de atención, protección, investigación y judicialización que abarque más allá de lo penal. Por ejemplo, crear cuerpos de investigación especializados en la Fiscalía, así como programas de atención psicosocial, medidas para que la víctima no sea confrontada con su agresor y reglas de valoración de la prueba para casos de violencia sexual. Además, que haya una autoridad como las comisarías de familia que pueda brindar medidas de protección inmediata a las víctimas fuera del contexto familiar, y que estas no tengan que esperar a un proceso penal para pedir auxilio.
El tema resulta urgente discutirlo, pues según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), solo en 2023 se consumaron 630 feminicidios y, de acuerdo con datos de la Policía, el 70 % de los casos de agresiones que se dan dentro de los hogares son cometidos contra mujeres.
“Hay que poner sobre la mesa que la justicia es y ha sido patriarcal, y se debe hablar con nosotras (los colectivos) para construir. No va a haber una justicia que responda a la búsqueda de verdad y de reparación si no se nos escucha desde nuestro activismo y enunciación sobre cómo se podría cubrir esta necesidad jurídica que ha hecho falta para las mujeres y personas LGBTIQ+”, aseguró una de las voceras a este diario.
Para Mariana Ardila, directora de Justicia Transicional del Ministerio, hay muchos puntos provechosos para sacar de estas conversaciones. Uno de ellos es que, “podría haber una coordinación mucho más engranada. El ahondar en los datos y en las conversaciones nos ha llevado a la idea de que no es solo una cuestión de jueces y fiscales o ambos, sino que realmente tiene que ser una cadena mucho mejor articulada, pero que sí sea especializada”.
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