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“Uno de los mayores retos que tenemos como víctimas es encontrar una atención psicológica y jurídica que no nos revictimice cuando decidimos contar que hemos sido víctimas de violencia sexual”. Con esta frase inicia Mónica*, una mujer víctima de violencia de género durante las décadas más álgidas del conflicto armado colombiano. Desde hace unos años lucha para que las mujeres puedan acceder a servicios integrales de justicia y reparación que le apuesten a la transformación social. Para ella, esta búsqueda de atención digna se basa en la garantía de los derechos de las mujeres para no recaer en la violencia institucional y que permita el acceso a la justicia desde un enfoque diferencial de derechos humanos que pueda centrarse en el bienestar psicológico y físico de la víctima.
Mónica, oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, fue víctima de violencia sexual y desplazamiento forzado por parte de actores armados en dos ocasiones: a los 17 y 25 años. La segunda vez decidió denunciar ambos hechos. Lo hizo en 2002, cuando se acercó a la Fiscalía, pero no pudo interponer ninguna denuncia porque, le dijeron, no tenía evidencia de lo sucedido. A pesar de que el artículo 205 del Código Penal indica que los hechos de violencia sexual en el marco del conflicto armado no prescriben, a Mónica le negaron el derecho de acceder a una atención digna. Pese a que el sistema de justicia le dio la espalda, ni siquiera eso fue un obstáculo para que buscara justicia. Inició un proceso de liderazgo para que las rutas de atención que brindan las instituciones sean más efectivas en temas de violencia de género.
Durante su lucha ha visto cómo se han sumado más organizaciones, como la Corporación Sisma Mujer, que actualmente le apuesta a la defensa de víctimas de violencia sexual u otras violencias de género a través de la reparación con enfoque feminista. Para Juliana Ospitia, psicóloga de la organización, el acceso a la justicia en estos casos va mucho más allá de la representación jurídica, y por eso “en los casos que nos llegan buscamos entender cómo la discriminación de género ha afectado de manera diferencial a las mujeres”. En ese proceso, Sisma Mujer, solo en 2023, ha brindado atención psicojuridica a más de 300 víctimas a quienes ha ayudado a enfocarse en una restauración colectiva e individual que se basa en los derechos fundamentales de las mujeres.
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De acuerdo con Ospitia, la falta de pedagogía y de personal que se enfoque en derechos humanos de las mujeres significa un retraso para que las mujeres se sientan seguras al momento de denunciar. Por eso, una de sus mayores apuestas desde Sisma Mujer ha sido crear una ruta de atención integral para que las mujeres también accedan a una atención psicosocial. “Una de las mayores afectaciones que deja la violencia sexual es el estrés postraumático. Muchas mujeres dejan de interactuar en la sociedad, comienzan a sufrir ataques de pánico y esto conlleva en muchas situaciones a los intentos de suicidio. Por eso desde Sisma el trabajo de acompañamiento es individual y colectivo”, señaló la psicóloga.
Estas afectaciones, de hecho, las conoce Mónica de primera mano. En 2002, cuando ella decidió denunciar, la violencia sexual contra las mujeres no cesaba y tampoco se había visibilizado lo suficiente para que las víctimas tuvieran atención prioritaria e inmediata. Ante esto, pasaron más de 15 años para que ella pudiese hablar e iniciar un proceso psicosocial y jurídico que respetara su testimonio. En ese trayecto, las iniciativas de organizaciones feministas y de derechos humanos han abierto el camino para que la violencia de género tenga un tratamiento digno.
En alianza con el programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), organizaciones como Sisma Mujer han utilizado la atención psicosocial como una estrategia para que las víctimas accedan a la justicia. Pero no es la única. Caribe Afirmativo, a través de la implementación de estrategias integrales de investigación, incidencia y acceso a la justicia, ha podido interceder de manera positiva en el norte de Antioquia, sur de Córdoba, Montes de María, Cauca y Bajo Cauca, principalmente defendiendo los derechos de la población LGBTIQ+. En sus rutas de atención también cuentan con el acompañamiento jurídico y psicológico de expertos en violencias basadas en género, que con sus enfoques contribuyen a la paz.
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Angie Posso, psicóloga de la organización, le dijo a este diario que, solo en 2023, en las regiones anteriormente mencionadas, 48 personas han sido acompañadas psicosocialmente y 19 han sido representadas con sus abogados. “Si bien la representación jurídica es menor, esto se debe a un proceso de empoderamiento que cada víctima tiene. Por lo general, muchas de las personas que buscan ayuda no optan por denunciar de una vez, por el miedo y los perjuicios que las rodean, pero en ese proceso psicológico que realizamos, motivamos a la víctima a romper los patrones de silencio por medio de la denuncia”, añadió Pozo.
Esta labor ha costado esfuerzos y voluntades. A pesar de que siempre han existido leyes que garantizan el acceso a la justicia para víctimas del conflicto armado, solo en 2011, con la Ley 1448, se ordenó la asistencia en salud, rehabilitación física, mental y la atención psicosocial a las víctimas. El objetivo de este apartado es mitigar el impacto y el daño a la integridad que los hechos de violencia les generaron. Esta ley, también conocida como Ley de Víctimas, ha sido ampliamente estudiada por organizaciones como Sisma Mujer y Caribe Afirmativo, para que la atención psicojurídica, más allá de enviar a los victimarios a prisión, permita recuperar los proyectos de vida que fueron pausados en razón de la guerra.
Sisma Mujer representa a 300 mujeres ante la justicia ordinaria y la justicia transicional. Precisamente, uno de esos casos es el de Mónica, quien en la búsqueda de justicia y reparación entendió que las organizaciones e instituciones deben ser garantes de los derechos de las víctimas. En esa ruta integral, esta corporación también ha ofrecido asesorías legales a más de 70 mujeres en Bogotá, Cauca y Chocó. “Seguimos evidenciando que las mujeres tienen miedo donde hay un mayor recrudecimiento del conflicto, pero esa no ha sido excusa para que se organicen y busquen nuestros servicios (...) En ese proceso de denunciar ellas, también sanan”, afirmó Juliana Ospitia, de Sisma Mujer.
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En la justicia transicional, Sisma Mujer ha abarcado un gran espacio. Actualmente representan a víctimas de la mayoría de macrocasos que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este espacio que pretende, mediante la justicia restaurativa, comprender la violencia que ejercieron las extintas FARC contra la población vulnerable, ha sido de sus mayores apuestas, pues tienen que atender a víctimas de múltiples violencias. Para la psicóloga Ospitia, “el acceso a servicios de salud, jurídicos y psicológicos es lo que hemos tenido de manera inmediata con las víctimas a fin de que tengan una orientación integral”.
La atención en diferentes vías ha sido una de las grandes apuestas de Sisma Mujer y Caribe Afirmativo, ya que sostienen que la guerra produjo patrones de violencia diferenciales que han afectado a la población LGBTIQ+, población étnica y a mujeres, pero que, a su vez, han sido múltiples. “Muchas veces atendemos mujeres o población LGBTI que ha sufrido desplazamiento forzado, violencia sexual y, además, han asesinado a sus familiares. Ese tipo de casos merecen atención diferencial con el fin de abordar las múltiples violencias y trabajar en un enfoque integral que acompañe todo el proceso judicial”, concluyó Posso, de Caribe Afirmativo.
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Mujer Denuncia y Muévete: atención digna para las víctimas
La Corporación Mujer Denuncia y Muévete (CMDYM) fue fundada por Alejandra Vera en Cúcuta, Norte de Santander, hace cinco años. Vera hace parte de las más de 35.178 víctimas de violencia sexual, documentadas por la JEP, que el conflicto ha dejado en Colombia. La iniciativa surgió de la idea de crear un colectivo de mujeres tejedoras de la paz, que, a través de esa actividad, logran contar sus realidades y las secuelas que la violencia sexual ha dejado en sus cuerpos. En ese proceso, se encontraron con más voces que no solo habían sufrido las afectaciones de la guerra, sino que eran testigo de otras violencias dentro y fuera de sus hogares. Recoger estas experiencias fue para Vera el punto de partida para darle vida a la corporación.
“Norte de Santander es uno de los departamentos de máximo riesgo feminicida, prostitucional y de violencia sexual para las niñas y las mujeres” le dijo Vera a El Espectador. Su afirmación se sustenta con las cifras recogidas por el Grupo de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior, que en 2020 ubicó a ese departamento como el primer destino de explotación de mujeres en Colombia. Frente a ese panorama, su apuesta ha sido la articulación con las instituciones para que el abordaje se haga desde los tratados internacionales que protegen la vida de las víctimas. Este enfoque, para Vera, resulta esperanzador, pues su propuesta busca que la salud mental, emocional y física esté integrada a los procesos judiciales para una garantía real de no repetición.
“El Estado colombiano no se ha encargado de exigir perfiles idóneos que conozcan los tratados internacionales, ni las leyes ganadas por las mujeres. Por esta razón, nacen organizaciones de derechos humanos, para garantizar la salud, la justicia y la protección de las mujeres”, agregó Vera. Ante esta barrera, la corporación cuenta con un equipo profesional con perspectiva feminista y de derechos humanos, la cual se encarga de explicar a las víctimas el proceso judicial y las orienta para identificar otras violencias. Además, la CMDYM con el apoyo de WDI Colombia, se ha encargado de capacitar a lideresas que atienden, desde un enfoque feminista, a las víctimas.
Mediante acciones de tutela, audiencias en el Congreso y duplas con Defensoría del Pueblo, la CMDYM en Cúcuta ha logrado visibilizar su labor para que las mujeres accedan a servicios dignos de justicia. Pero los casos que han recibido no solo son de víctimas de violencia contra las mujeres. También reciben casos de mujeres que han sido desplazadas por actores armados y víctimas de explotación sexual. “Atender a estas mujeres implica saber cuáles son las condiciones de vida que tienen. Saber si tienen un techo dónde dormir, cómo alimentarse, entre otras cosas”, explicó Vera. A lo largo de estos cinco años de labor, la organización ha capacitado a más de 100 mujeres para que sean un vínculo con las instituciones estatales y prevenir la revictimización que se da en la búsqueda de justicia.
De esta forma, diferentes organizaciones que protegen los derechos de las víctimas de violencia de género se han dado a la tarea de implementar mecanismos de atención para abrir caminos hacia el acceso a la justicia. Y aunque las rutas jurídicas y psicosociales son distintas, se han integrado en la mayoría de los casos para que el acompañamiento sea integral y cobije las necesidades de las mujeres, pues, al final, las asesorías en ambos frentes resignifican su memoria y abren las puertas a una mejor calidad de vida, buscando evitar que casos como el de Mónica se repitan.
* Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente
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