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No todos los problemas entre particulares deben solucionarse a través de un abogado o llegar al despacho de un juez. Al menos esa es la premisa que se tiene desde el Ministerio de Justicia al intentar difundir los Métodos de Resolución de Conflictos (MRC): figuras legales que buscan que un tercero imparcial pueda ayudar a solucionar problemas que van desde líos de linderos hasta demandas de alimentos.
En diálogo con El Espectador, Andrés Peña, director de la división de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de la cartera, explicó cómo la justicia puede ser de fácil acceso mediante estas herramientas. Para él, estos caminos pueden ser un elemento crucial para descongestionar el sistema judicial y, a su vez, crear una cultura donde prime el diálogo y los acuerdos pacíficos.
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¿Cómo es la radiografía del acceso a la justicia para los colombianos?
Acceder a la justicia es complejo en este momento y es un tema histórico. La mayoría de juzgados y lugares donde se atienden conflictividades están en cabeceras municipales y ciudades principales, pero no están en esos municipios donde la gente no tiene acceso a la justicia.
Cuando por fin se tiene acceso a la justicia, hay tanto volumen de casos y procesos que la justicia llega, pero tardíamente. Se pueden demorar dos, tres o cuatro años dependiendo de la conflictividad que estemos hablando. Algunos incluso más tiempo. El 72 % de procesos que llegan a jurisdicción civil son ejecutivos (un título o valor que se hace exigible cheque, letra, pagaré u obligación con un banco) y este cúmulo de procesos se está demorando entre dos y cuatro años en salir (tener respuesta). Hay acceso a la justicia, pero tardío.
Nuestro compromiso desde MinJusticia es cambiar esto: dar acceso a la justicia desde otras alternativas como son los Métodos de Resolución de Conflictos (MRC).
¿En qué consisten los Métodos de Resolución de Conflictos?
La resolución de conflictos hay que entenderla como una alternativa a la justicia ordinaria y al acudir a los jueces. Es algo mucho más rápido donde prevalece el diálogo, la autocomposición (voluntad de las partes de solucionar sin acudir a un tribunal) y que hay un tercero imparcial que ayuda a solucionar las controversias.
El país se para en un escenario de diálogo dejando el escenario de conflicto que se lleva a instancia judicial y se deja en manos de un tercero imparcial que se llama conciliador. Esto se entiende como conciliación extrajudicial en derecho, pero hay otros mecanismos como la conciliación en equidad, mediación escolar o mediación penal. Todos estos mecanismos permiten que un problema jurídico, social o comunitario pueda arreglarse.
¿Quiénes y cuándo pueden acceder a estos mecanismos? ¿Aplica para temas recurrentes en Colombia, como, por ejemplo, violencia de género?
Si estamos hablando de violencia de género, violencia intrafamiliar, no estamos hablando de temas conciliables. Deben tener una revisión distinta, deben tomar una ruta de atención específica y no es por la vía de la conciliación. Dentro de nuestras 115 Casas de Justicia hay que identificar si un conflicto se puede llevar al nivel de conciliación.
Pero, ¿qué se puede conciliar? Temas de arriendos, como por ejemplo en pandemia, que la gente perdió sus trabajos y se atrasó con los cánones de arrendamiento con sus arrendadores. La conciliación puede arreglar esas figuras. Temas de tránsito: accidentes donde no haya lesión grave ni heridos, que sean choques simples.
Temas de linderos que se dan en la ruralidad. Cuando dicen que “usted me corrió la cerca, usted está usurpando los frutos de mi árbol”, esos son temas coloquiales que al parecer son muy comunes pero que si se siguen escalando pueden generar violencias, agresiones físicas y mayor conflictividad en un territorio. Si ese proceso pequeño de lindero se arregla a través de una conciliación es perfectamente válido.
En cuanto a baldíos, ocupación y posesiones, esos son temas que tienen que ir al conocimiento de un juez. Los temas más sencillos como alimentos, si no hay un proceso avanzado en lo penal, e incluso con adultos mayores, se puede.
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¿Hay forma de solucionar con estas herramientas los temas penales?
Existe un mecanismo que está desde la ley 906 de 2004, que es la mediación penal y que abarca procesos que tienen como posible pena más de cinco años. Se pueden llevar a la mediación penal a través de un tercero imparcial elegido por la Fiscalía y desde el Ministerio lo apoyamos.
Ya hemos autorizado dos centros de conciliación en el país para que adelanten mediación penal y la gente pueda solucionar esos problemas penales, y no tengamos que ir a juicio oral, que toma trabajo administrativo y un desgaste enorme que requiere de mucho tiempo y es una justicia que llega, pero llega tarde.
Cuando el proceso termina la víctima y el victimario han pasado mucho tiempo. Cuando ambos están de acuerdo en que haya mediación penal, que es un proceso restaurativo, en que se arregle lo que se afectó en el hecho delictivo, creemos que hay una mayor justicia que solo ir a la cárcel. Pero recordemos que es para delitos menores y no incluye para delitos sexuales
¿En temas penales hay escenarios donde no aplique la mediación?
Hay temas especializados. Si estamos frente a un delito de acceso carnal violento no podemos ir a un proceso de conciliación porque no es viable que se concilie frente a ese hecho delictivo. Pero si hay un hurto menor, que no es calificado, no hay violencia de por medio y la víctima está de acuerdo en que haya mediación penal, este proceso acaba de forma rápida. No es necesario desgastar todo el aparato judicial en un proceso oneroso, costoso, largo, donde interviene la Procuraduría, Fiscalía y un juez; donde demanda mucho esfuerzo. Hay que identificar muy bien cuáles casos se pueden llevar y cuáles no.
¿Qué otros mecanismos se pueden utilizar a la hora de solucionar un conflicto?
Hay un proyecto de ley en este momento, propuesto por el senador Humberto de la Calle, que es el 008 de 2023. Este busca la posibilidad de llevar procesos civiles a un tema arbitral. Es decir, que los jueces no sean los únicos encargados de llevar procesos civiles de nivel ejecutivo, sino que se puedan llevar a temas arbitrales (como centros de arbitraje de las Cámaras de Comercio).
Esto haría que pasáramos de cuatro años a 12 meses desde el inicio del proceso a la ejecución del mismo. Hace que se descongestione ese 72 % de procesos y que los jueces se encarguen de temas más relevantes y que requieran sentencia judicial. Hay que entender que la resolución de conflictos son mecanismos que permiten una solución más rápida.
Nuestra misión es dar a conocer los variados y muchos MRC, que la gente los identifique y los utilice. Que si están lejos en esa ´Colombia profunda´ sepan que hay centros de conciliación, que hay conciliadores, que hay funcionarios públicos que pueden adelantar las conciliaciones sin cobrar un solo peso. También está la posibilidad de pagar un valor muy económico a un centro habilitado por el Ministerio de Justicia y solucionar su conflicto de manera rápida y oportuna.
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¿Qué gana Colombia al invertirle a estas formas de acceder a la justicia?
Ganamos acceso a la justicia más rápida, oportuna, y que la gente entienda que hay una forma distinta a la justicia por propia mano o las demandas. Por eso es tan importante la mediación escolar (otro de los MRC): desde las primeras edades y primeros años de colegio intentamos que los jóvenes se vuelvan conciliadores escolares y hemos formado más de 428 mediadores escolares en el país.
Son ellos, los mismos alumnos, quienes son el tercero imparcial y empiezan a resolver pequeños problemas dentro de las aulas. De esta forma creemos que gana el país a partir de desescalar conflictividades, resolverlas de forma rápida y oportuna y evitar que el sistema judicial se congestione. Estamos generando una cultura de diálogo al aplicar y acudir a la resolución de conflictos.
¿Cómo ha sido el balance de aplicar estos mecanismos hasta ahora?
Tenemos 38.742 conciliadores en derecho de los cuales 7.798 están adscritos a un centro de conciliación. Además, hay 30.000 estudiantes de consultorio jurídico y 223 judicantes en conciliación. Eso muestra que la figura de la conciliación está tomando más fuerza y que tenemos más abogados que se forman no solo para litigar, sino para intentar conciliar.
En cuanto a conciliadores en equidad, tenemos 11.155 registrados. De esos, más o menos unos 3.000 se encuentran activos, porque ellos son voluntarios, no reciben contraprestación económica. Muchos de ellos son voluntarios y por eso es que la mayoría son adultos mayores que ya trabajaron, ya cumplieron un ciclo laboral y hoy le aportan conocimiento a la sociedad.
Debemos formar más conciliadores, pero sobre todo apostar a tener más mediadores escolares para que desde temprana edad se genere cultura de diálogo y resolución de conflictos, que esos niños de hoy que son los mediadores sean los conciliadores del futuro y tengan la posibilidad de resolver tensiones desde otra perspectiva. Esas cifras muestran el crecimiento del país en resolución de conflictos.
Vamos a formar más de 500 funcionarias y funcionarios públicos para que presten un mejor servicio como intermediarios dentro de la conciliación. En principio creímos que se podían capacitar 500 personas para poder acceder y costearse la capacitación, pero para mi sorpresa se postularon 1.500 personas y aún seguimos recibiendo más requerimientos. Eso nos hace darnos cuenta que hay que abrir más esas capacitaciones a funcionarios públicos.
¿Qué retos enfrenta esta forma de acceder a la justicia?
El primero es que la gente los utilice y los conozca. Hay campañas en curso para que a través de radio o televisión lleguen a la ´Colombia profunda´, que la gente utiliza, ve y analiza. Vamos a tener un gran énfasis en apoyar mecanismos nacientes como el arbitraje ejecutivo, mediación escolar, que era algo que se conocía, pero no había una apuesta. Queremos lanzar un concurso este año con todos los mediadores formados para que se sume la empresa privada. Queremos que las empresas le apuesten a fortalecer el acceso a la justicia desde la resolución de conflictos.
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¿Hay algún caso particular en el que la empresa privada haya intervenido para mejorar el acceso a la justicia?
Nestlé, por ejemplo, le apostó a la inversión desde la resolución de conflictos en el Valle del Cauca. Nos ayudó a formar 81 conciliadores, y les donó puntos de atención, computadores, sillas y todos los elementos básicos para que puedan operar y teniendo en cuenta que el Estado no puede hacerlo, ya que la conciliación en equidad es voluntaria, pero a través de responsabilidad empresarial está funcionando muy bien y es uno de los proyectos de conciliación en equidad que mejor funciona y lo hace gracias a la empresa privada.
Eso se traduce en un retorno para las empresas creando sociedades más amigables con menos conflictividades que vean en las empresas figuras no sólo capitalistas, materialistas y que generan plata, sino que también se preocupa por la sociedad y le está aportando no solo con los impuestos al país, sino se preocupa por fortalecer el acceso a la justicia.
En pocas palabras, ¿Cuál es la apuesta?
No todo tiene que ser ir al juez, ni todo puede ser justicia a mano propia. No puede ser que acudamos a la violencia como forma de resolver conflictos. Tenemos un gran abanico de posibilidades que crea un reto, como país, no como Ministerio, para que podamos ayudar a resolver conflictividades y crear una cultura de paz.
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