El informe que muestra que restaurar puede ser tan útil como castigar

¿En qué piensa cuándo escucha el término justicia restaurativa? Esa pregunta se ha planteado en diferentes escenarios: desde el Ministerio de Justicia, pasando por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y llegando incluso a las casas de justicia y centros de convivencia. Aunque la respuesta por lo general es la misma (la compensación a una víctima por los daños causados por parte de sus victimarios), algunas personas ven esta forma de justicia como un método alternativo y, en ocasiones, la desconocen, algo que puede cambiar por cuenta de la información que reciben. Estos hallazgos fueron consignados por la Universidad Eafit en un estudio que se centró en medir la opinión sobre la efectividad de la justicia restaurativa.

El objetivo de la investigación, que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, fue principalmente conocer la percepción y las actitudes de diferentes personas sobre qué es y cómo funciona la justicia restaurativa en el país y, además, conocer a profundidad las diversas opiniones sobre el sistema judicial. Para ello, la universidad antioqueña entrevistó a más de 2.400 personas en 12 municipios: Apartadó, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Turbo (Antioquia); Montería y Puerto Libertador (Córdoba); Puerto Asís y Valle del Guamuez (Putumayo), El Carmen de Bolívar (Bolívar), Santander de Quilichao (Cauca) y, por último, Tumaco (Nariño).

En estos municipios los investigadores, mediante una encuesta poblacional, se dieron a la tarea de conocer las actitudes de los habitantes hacia la justicia, preguntando si la aplicación de este derecho está orientada hacia un acto de castigo o de reparación. Esto, con el fin de medir aspectos como las “características demográficas y de contexto, comportamientos prosociales y antisociales, creencias sobre justicia restaurativa y normas sociales”, señala el estudio. ¿El resultado? Las personas tienden más al punitivismo, es decir, hay más ciudadanos que entienden la justicia como un mecanismo de castigo y no de reparación.

De acuerdo con los resultados del estudio, en una escala de 0 a 1, el nivel promedio de punitivismo se ubicó en 0,68, dejando entrever que el castigo tiene una asociación directa con lo que se entiende como justicia. Al preguntarles a los habitantes de los 12 municipios sobre cuál es la medida que se debe aplicar a quienes reinciden, los investigadores encontraron que la respuesta es la misma: hay que castigar. Y respecto a los canales de denuncia, “la mayoría de las personas conocen a dónde dirigirse, nueve de cada 10, pero la utilización de estos servicios es relativamente baja (0,37), aunque la disposición a denunciar es alta (89%)”, reseña el estudio.

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Pasar de lo punitivo a lo restaurativo

A pesar de que el nivel de percepción sobre el punitivismo es alto, el estudio plantea que existe la posibilidad de que la ciudadanía conozca cada vez más sobre el concepto de justicia restaurativa y se pueda aplicar en diferentes casos. Para Santiago Tobón, docente y director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Universidad Eafit, hay tres elementos que podrían cambiar el chip: la iniciativa de difundir información sobre justicia restaurativa, qué tipo de información reciben las personas que pueda ser relevante y cómo se transmite esa información.

Respecto al primer punto, Tobón explicó: “En la línea base las personas, en promedio, tienden a tener una visión más punitiva de cómo resolver los problemas. Y un primer hallazgo es que, si se le entrega cierta información a la ciudadanía, por ejemplo sobre el poder que tiene la justicia restaurativa para reducir las tasas de reincidencia, la gente puede cambiar sus percepciones”. El docente explicó que dentro de este escenario lo que se busca, principalmente, es “actualizar las creencias de las personas” respecto al concepto de justicia.

Frente al segundo punto, los investigadores encontraron que la información sobre el potencial que tiene la justicia restaurativa de, efectivamente, reducir las tasas de reincidencia “es el pedazo de información que parece ser el más clave”, dijo Tobón. De acuerdo con los resultados del estudio, cuando las personas tienen información suficiente sobre la justicia restaurativa y cómo esta ayuda a que los delitos no vuelvan a repetirse, o al menos bajen sus índices, eligen el proceso restaurativo antes que el punitivo.

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Y frente al tercer aspecto mencionado por el profesor, y que tal vez es el más incidente para cambiar la idea de castigo por reparación, se enmarca en la transmisión de la información. Según Tobón, quien es doctor en Economía, una opción es mostrarle a la ciudadanía, mediante una gráfica, las tasas de reincidencia al aplicar la justicia restaurativa, lo que él califica como el “dato duro”. Sin embargo, existe otra opción: contar una historia. Como resultado de ese experimento, añadió, contar una historia sobre esta forma de justicia tiene un mayor impacto en la ciudadanía para actualizar sus creencias respecto a lo punitivo y lo restaurativo.

En cifras, el estudio revela que suministrar información sobre la efectividad para reducir reincidencia aumenta la disposición a usar la justicia restaurativa entre el 7 y 9%. “En esta misma línea podemos afirmar que la forma es importante. Las historias tienen un efecto mayor a la representación gráfica (entre 11 y 12%)”, resume el estudio de la Eafit. No obstante, Tobón le dijo a El Espectador que esta es solo una primera fase de un análisis que continuará.

“Estos hallazgos de esta primera fase nos dan muchos insumos para la próxima intervención. Por ejemplo, para explorar la idea de que contar una historia es muy potente, y la vamos a poner en práctica”, anotó. Para esa segunda fase, agregó Tobón, la iniciativa principal será recrear, mediante una simulación, una situación en la que la justicia restaurativa sea la protagonista. Con esto, los investigadores buscan llevar “al siguiente nivel” la idea de que las historias son un mecanismo efectivo para hablar, socializar y entender a mayor profundidad los efectos de la justicia restaurativa.

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Este es, precisamente, uno de los avances más significativos en la materia, teniendo en cuenta que, antes de conocer las historias sobre esta forma de justicia, los habitantes de los 12 municipios encuestados manifestaron no estar familiarizados con la oferta de justicia restaurativa. Solo cuatro de 10 la conocen. Sin embargo, su interés por participar en los procesos de justicia restaurativa es alto, pues siete de cada 10 personas encuestadas tendrían esa disposición. Al desagregar los datos, se encontró que del total de hombres encuestados (33% del estudio), solo el 48% dice tener conocimiento sobre la justicia restaurativa, mientras que del total de mujeres encuestadas (66%), el dato es menor, pues llegó al 36%.

Entre otros hallazgos expuestos por la universidad antioqueña resalta la baja confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones. Aunque la disposición general para denunciar es del 89%, es un resultado que podría variar dependiendo de quiénes fueron o no víctimas del conflicto armado. Según las cifras del estudio, un 62% de los encuestados se consideran víctimas del conflicto, mientras que un 17%, víctimas de delitos como hurto o lesiones personales. “Quienes han sido víctimas del delito tienen una menor disposición a denunciar (82%) que quienes no lo han sido (91%)”.

Sin ir muy lejos, la confianza en diferentes entidades, medida a través de las encuestas, deja ver cómo las alcaldías, gobernaciones, Gobierno Nacional y entidades de justicia registran los índices más bajos de confianza por parte de la ciudadanía. Entretanto, a nivel institucional, son la Iglesia y el Ejército los de mayor nivel de confianza. Y al poner la lupa sobre la confianza interpersonal, es la familia el núcleo en el que más confían las personas, seguido de los amigos y posteriormente los compañeros de trabajo o estudio.

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El problema de las normas sociales

Aunque a simple vista parezca sencillo, esta afirmación es a su vez uno de los hallazgos más representativos del estudio de la Eafit. Vamos por partes. Lo primero que hay que decir es que una de las conclusiones a las que llegó la investigación es que, así como con las creencias, también existe la posibilidad de cambiar las normas sociales. “Una cosa es mi pensamiento, lo que creo. Otra cosa es la norma social, lo que está estandarizado, que es lo que pienso que otros piensan de alguna persona o situación”, explicó Tobón.

Para ejemplificar la situación, el docente y economista expuso un caso de un análisis similar en Arabia Saudita: “En ese estudio encuestaron a varios hombres y les preguntaron si estarían dispuestos a que sus esposas tuvieran la oportunidad de trabajar. La gran mayoría dijo que sí. Pero si les preguntaban si ellos creían que otros hombres estaban dispuestos a que las esposas pudieran trabajar pensaban que no. Los resultados de ese análisis arrojaron que había un desequilibrio, pues ningún hombre dejaba trabajar a su esposa porque otros hombres veían con malos ojos esa situación”.

En ese caso, añadió, se presentó una intervención que logró actualizar esa norma social, ya que a los hombres se les dijo que los otros hombres de la comunidad sí estaban dispuestos a que las mujeres pudieran obtener un trabajo, algo que, dijo, abrió las puertas para que más mujeres en ese país pudieran entrar a la fuerza laboral, un dato que ha evolucionado pasando del 15% en 1990 al 29% en 2021, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los cambios en la norma social, entonces, podrían ser grandes catalizadores de transformaciones estructurales en la sociedad, concluye el estudio.

Esta misma dinámica la aplicó la Universidad Eafit para entender la percepción sobre la justicia restaurativa. Y en los resultados, Tobón detalló que las personas efectivamente sí están dispuestas a utilizar mecanismos como la justicia restaurativa, pero creen que otras personas no. “Actualizar esa norma social puede hacer que más gente la use”, señaló. De hecho, volviendo a las cifras, los encuestados creen, en promedio, que cuatro de cada 10 personas pertenecientes a su comunidad podrían participar en procesos de justicia restaurativa.

Así las cosas, la justicia restaurativa se ha ido instaurando como una opción viable para la resolución de conflictos. Mediante un acceso efectivo a mejor información, este concepto podría equiparar los niveles de percepción del modelo punitivo. Para Tobón, ese modelo no tiene los mejores resultados y, por el contrario, puede generar otro tipo de problemas, como la saturación del sistema, y resultar, incluso, en que haya afectaciones en las condenas. “Lo que hemos aprendido es que hay que superar varias barreras para entregarle a la gente mejor información para que así decidan si pueden actualizar sus creencias”, concluyó el investigador.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador

¿En qué piensa cuándo escucha el término justicia restaurativa? Esa pregunta se ha planteado en diferentes escenarios: desde el Ministerio de Justicia, pasando por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y llegando incluso a las casas de justicia y centros de convivencia. Aunque la respuesta por lo general es la misma (la compensación a una víctima por los daños causados por parte de sus victimarios), algunas personas ven esta forma de justicia como un método alternativo y, en ocasiones, la desconocen, algo que puede cambiar por cuenta de la información que reciben. Estos hallazgos fueron consignados por la Universidad Eafit en un estudio que se centró en medir la opinión sobre la efectividad de la justicia restaurativa.

El objetivo de la investigación, que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, fue principalmente conocer la percepción y las actitudes de diferentes personas sobre qué es y cómo funciona la justicia restaurativa en el país y, además, conocer a profundidad las diversas opiniones sobre el sistema judicial. Para ello, la universidad antioqueña entrevistó a más de 2.400 personas en 12 municipios: Apartadó, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Turbo (Antioquia); Montería y Puerto Libertador (Córdoba); Puerto Asís y Valle del Guamuez (Putumayo), El Carmen de Bolívar (Bolívar), Santander de Quilichao (Cauca) y, por último, Tumaco (Nariño).

En estos municipios los investigadores, mediante una encuesta poblacional, se dieron a la tarea de conocer las actitudes de los habitantes hacia la justicia, preguntando si la aplicación de este derecho está orientada hacia un acto de castigo o de reparación. Esto, con el fin de medir aspectos como las “características demográficas y de contexto, comportamientos prosociales y antisociales, creencias sobre justicia restaurativa y normas sociales”, señala el estudio. ¿El resultado? Las personas tienden más al punitivismo, es decir, hay más ciudadanos que entienden la justicia como un mecanismo de castigo y no de reparación.

De acuerdo con los resultados del estudio, en una escala de 0 a 1, el nivel promedio de punitivismo se ubicó en 0,68, dejando entrever que el castigo tiene una asociación directa con lo que se entiende como justicia. Al preguntarles a los habitantes de los 12 municipios sobre cuál es la medida que se debe aplicar a quienes reinciden, los investigadores encontraron que la respuesta es la misma: hay que castigar. Y respecto a los canales de denuncia, “la mayoría de las personas conocen a dónde dirigirse, nueve de cada 10, pero la utilización de estos servicios es relativamente baja (0,37), aunque la disposición a denunciar es alta (89%)”, reseña el estudio.

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Pasar de lo punitivo a lo restaurativo

A pesar de que el nivel de percepción sobre el punitivismo es alto, el estudio plantea que existe la posibilidad de que la ciudadanía conozca cada vez más sobre el concepto de justicia restaurativa y se pueda aplicar en diferentes casos. Para Santiago Tobón, docente y director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Universidad Eafit, hay tres elementos que podrían cambiar el chip: la iniciativa de difundir información sobre justicia restaurativa, qué tipo de información reciben las personas que pueda ser relevante y cómo se transmite esa información.

Respecto al primer punto, Tobón explicó: “En la línea base las personas, en promedio, tienden a tener una visión más punitiva de cómo resolver los problemas. Y un primer hallazgo es que, si se le entrega cierta información a la ciudadanía, por ejemplo sobre el poder que tiene la justicia restaurativa para reducir las tasas de reincidencia, la gente puede cambiar sus percepciones”. El docente explicó que dentro de este escenario lo que se busca, principalmente, es “actualizar las creencias de las personas” respecto al concepto de justicia.

Frente al segundo punto, los investigadores encontraron que la información sobre el potencial que tiene la justicia restaurativa de, efectivamente, reducir las tasas de reincidencia “es el pedazo de información que parece ser el más clave”, dijo Tobón. De acuerdo con los resultados del estudio, cuando las personas tienen información suficiente sobre la justicia restaurativa y cómo esta ayuda a que los delitos no vuelvan a repetirse, o al menos bajen sus índices, eligen el proceso restaurativo antes que el punitivo.

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Y frente al tercer aspecto mencionado por el profesor, y que tal vez es el más incidente para cambiar la idea de castigo por reparación, se enmarca en la transmisión de la información. Según Tobón, quien es doctor en Economía, una opción es mostrarle a la ciudadanía, mediante una gráfica, las tasas de reincidencia al aplicar la justicia restaurativa, lo que él califica como el “dato duro”. Sin embargo, existe otra opción: contar una historia. Como resultado de ese experimento, añadió, contar una historia sobre esta forma de justicia tiene un mayor impacto en la ciudadanía para actualizar sus creencias respecto a lo punitivo y lo restaurativo.

En cifras, el estudio revela que suministrar información sobre la efectividad para reducir reincidencia aumenta la disposición a usar la justicia restaurativa entre el 7 y 9%. “En esta misma línea podemos afirmar que la forma es importante. Las historias tienen un efecto mayor a la representación gráfica (entre 11 y 12%)”, resume el estudio de la Eafit. No obstante, Tobón le dijo a El Espectador que esta es solo una primera fase de un análisis que continuará.

“Estos hallazgos de esta primera fase nos dan muchos insumos para la próxima intervención. Por ejemplo, para explorar la idea de que contar una historia es muy potente, y la vamos a poner en práctica”, anotó. Para esa segunda fase, agregó Tobón, la iniciativa principal será recrear, mediante una simulación, una situación en la que la justicia restaurativa sea la protagonista. Con esto, los investigadores buscan llevar “al siguiente nivel” la idea de que las historias son un mecanismo efectivo para hablar, socializar y entender a mayor profundidad los efectos de la justicia restaurativa.

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Este es, precisamente, uno de los avances más significativos en la materia, teniendo en cuenta que, antes de conocer las historias sobre esta forma de justicia, los habitantes de los 12 municipios encuestados manifestaron no estar familiarizados con la oferta de justicia restaurativa. Solo cuatro de 10 la conocen. Sin embargo, su interés por participar en los procesos de justicia restaurativa es alto, pues siete de cada 10 personas encuestadas tendrían esa disposición. Al desagregar los datos, se encontró que del total de hombres encuestados (33% del estudio), solo el 48% dice tener conocimiento sobre la justicia restaurativa, mientras que del total de mujeres encuestadas (66%), el dato es menor, pues llegó al 36%.

Entre otros hallazgos expuestos por la universidad antioqueña resalta la baja confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones. Aunque la disposición general para denunciar es del 89%, es un resultado que podría variar dependiendo de quiénes fueron o no víctimas del conflicto armado. Según las cifras del estudio, un 62% de los encuestados se consideran víctimas del conflicto, mientras que un 17%, víctimas de delitos como hurto o lesiones personales. “Quienes han sido víctimas del delito tienen una menor disposición a denunciar (82%) que quienes no lo han sido (91%)”.

Sin ir muy lejos, la confianza en diferentes entidades, medida a través de las encuestas, deja ver cómo las alcaldías, gobernaciones, Gobierno Nacional y entidades de justicia registran los índices más bajos de confianza por parte de la ciudadanía. Entretanto, a nivel institucional, son la Iglesia y el Ejército los de mayor nivel de confianza. Y al poner la lupa sobre la confianza interpersonal, es la familia el núcleo en el que más confían las personas, seguido de los amigos y posteriormente los compañeros de trabajo o estudio.

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El problema de las normas sociales

Aunque a simple vista parezca sencillo, esta afirmación es a su vez uno de los hallazgos más representativos del estudio de la Eafit. Vamos por partes. Lo primero que hay que decir es que una de las conclusiones a las que llegó la investigación es que, así como con las creencias, también existe la posibilidad de cambiar las normas sociales. “Una cosa es mi pensamiento, lo que creo. Otra cosa es la norma social, lo que está estandarizado, que es lo que pienso que otros piensan de alguna persona o situación”, explicó Tobón.

Para ejemplificar la situación, el docente y economista expuso un caso de un análisis similar en Arabia Saudita: “En ese estudio encuestaron a varios hombres y les preguntaron si estarían dispuestos a que sus esposas tuvieran la oportunidad de trabajar. La gran mayoría dijo que sí. Pero si les preguntaban si ellos creían que otros hombres estaban dispuestos a que las esposas pudieran trabajar pensaban que no. Los resultados de ese análisis arrojaron que había un desequilibrio, pues ningún hombre dejaba trabajar a su esposa porque otros hombres veían con malos ojos esa situación”.

En ese caso, añadió, se presentó una intervención que logró actualizar esa norma social, ya que a los hombres se les dijo que los otros hombres de la comunidad sí estaban dispuestos a que las mujeres pudieran obtener un trabajo, algo que, dijo, abrió las puertas para que más mujeres en ese país pudieran entrar a la fuerza laboral, un dato que ha evolucionado pasando del 15% en 1990 al 29% en 2021, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los cambios en la norma social, entonces, podrían ser grandes catalizadores de transformaciones estructurales en la sociedad, concluye el estudio.

Esta misma dinámica la aplicó la Universidad Eafit para entender la percepción sobre la justicia restaurativa. Y en los resultados, Tobón detalló que las personas efectivamente sí están dispuestas a utilizar mecanismos como la justicia restaurativa, pero creen que otras personas no. “Actualizar esa norma social puede hacer que más gente la use”, señaló. De hecho, volviendo a las cifras, los encuestados creen, en promedio, que cuatro de cada 10 personas pertenecientes a su comunidad podrían participar en procesos de justicia restaurativa.

Así las cosas, la justicia restaurativa se ha ido instaurando como una opción viable para la resolución de conflictos. Mediante un acceso efectivo a mejor información, este concepto podría equiparar los niveles de percepción del modelo punitivo. Para Tobón, ese modelo no tiene los mejores resultados y, por el contrario, puede generar otro tipo de problemas, como la saturación del sistema, y resultar, incluso, en que haya afectaciones en las condenas. “Lo que hemos aprendido es que hay que superar varias barreras para entregarle a la gente mejor información para que así decidan si pueden actualizar sus creencias”, concluyó el investigador.

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