La restitución del territorio cofán es una lucha por la supervivencia

Cuando en Bocana de Luzón hablan sobre conflicto armado, los líderes de la comunidad aprietan los puños de las manos, como quien prefiere guardar para sus adentros los malos recuerdos. En ese resguardo, enclavado en la selva de Putumayo, en zona rural de la inspección de El Tigre, viven 253 familias que llevan más de 50 años luchando por recuperar un territorio ancestral que colinda con dos consejos comunitarios (Los Andes y Villa Arboleda) y que buscan librar de la economía de la coca.

Hablar sobre este resguardo indígena implica mostrar el problema más profundo de la tierra en Colombia. Sobre su territorio hay segundos y terceros ocupantes, reclamos de consejos comunitarios y zonas campesinas, así como una zona todavía controlada por grupos armados como los autodenominados Comandos de la Frontera, una fracción de la Segunda Marquetalia (disidencias de las FARC) que opera en ese departamento.

Aunque esta última batalla la han ganado en Bocana de Luzón a punta de bastón de mando y liderazgo. Arely Muñoz, una de las lideresas indígenas, dice con seguridad que son pocos los resguardos indígenas que pueden afirmar que a su territorio no entran grupos armados. “La lucha que hemos ganado aquí ha sido por darles a entender a todos los actores, legales o ilegales, que a nuestro resguardo no pueden entrar porque nos ponen en riesgo. Y lo han respetado, porque el proceso de gobernanza acá es sólido”, cuenta.

Lea: En Bocana de Luzón trazan el camino para la justicia

La rutina en Bocana de Luzón es poco común. La gente se levanta sobre las 5 de la mañana no solo con el sonido de los gallos y las gallinas, sino con el de tres loras que reposan sobre uno de los árboles frente a la cancha principal. El resguardo es más un lugar de convivencia entre las familias Muñoz y Salazar; casi todos llevan uno de esos dos apellidos. En las mañanas reciben a los 61 niños y niñas que llegan en lancha desde El Tigre y el consejo comunitario Villa Arboleda a estudiar en esa escuela pluriétnica y trilingüe: enseñan español, cofán e inglés, aunque en la práctica nadie maneja las dos últimas.

En junio de este año, un abogado y una trabajadora social de la Comisión Colombiana de Juristas llegaron para acompañar el proceso de acompañamiento que llevan con ellos desde 2018. Ese día borraron las palabras en inglés escritas en el tablero y las reemplazaron por oraciones en cofán, su lengua indígena. Sobre esas palabras pusieron dos mapas en tela que bordeaban el croquis de su resguardo: 1.413 hectáreas de tierra colectiva del resguardo y otras 4.565 hectáreas de lo que ellos denominan su territorio ancestral.

Ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), desde 2015, se surte una demanda que radicaron los líderes del consejo comunitario Villa Arboleda, en la que piden reconocimiento y titulación, justo en zona de territorio indígena. No es un asunto menor, los líderes afros denuncian haber sido víctimas del conflicto armado en esa zona en los años 90, en medio de una de las olas de desplazamiento más grandes de población étnica en el país por cuenta de la guerra.

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Aunque todavía no se ha emitido una decisión de fondo en el proceso, la pretensión de los líderes de Bocana de Luzón no es otra que llegar a acuerdos con los consejos comunitarios y recibir claridad sobre la titulación de la tierra que habitan. Para ello, también tienen un proceso ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el que buscan que se haga una caracterización de la zona y que las autoridades definan si se hace un proceso de ampliación del resguardo. De hecho, fue el Juzgado Primero de Restitución de Tierras el que le ordenó a la ANT adelantar este trabajo que va andando, pero no se ha terminado.

De hecho, quien más ha adelantado esa labor es justamente Arely Muñoz, que en 2020, en medio de la pandemia y junto a otros líderes de la comunidad, comenzaron a andar el territorio para hacer una caracterización de lo que encontraban allí. El primer recorrido lo hizo a pie y con tres meses de embarazo. Le tomó cuatro días caminar las más de 4.000 hectáreas de bosque y selva. La segunda vez que lo hizo le tomó dos días, porque recorrieron gran parte del territorio en lancha.

Empezaron su camino con apenas unas coordenadas que tenían de unos mapas que en algún momento el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les dejó en una visita en los años 90. Con esos mapas e indicaciones sacó un primer croquis, que hoy es el referente de las entidades de Gobierno, para determinar la dimensión del territorio indígena.

Para el abuelo Tulio Adonías, la intención de la ampliación no es caprichosa y tiene su fundamento en que este resguardo indígena, en 1950, fue una reserva ambiental que llegó a tener protección constitucional. Sin embargo, entre 1965 y 1975 comenzaron a entrar diferentes empresas a solicitar licencias ambientales para explotar el carbón y petróleo que hay bajo la tierra y las plantas. En esa época no existía en Colombia la Ley 21 de 1991, que le dio vida a la consulta previa y que reglamenta que cualquier proyecto que se quiera hacer en zona de influencia étnica debe ser consultado y consensuado con las comunidades.

Freddy Alonso Rondón, gobernador indígena de Bocana de Luzón, menciona que la historia de la disputa de tierras tuvo su origen en que en 1985 no existía la gobernanza indígena, sino que vivían junto a comunidades campesinas y afros en la misma zona. “Esto era territorio campesino porque había Junta de Acción Comunal, pero cuando se conformó el cabildo ellos empezaron a ocupar tierras y a hacer familia”. El problema fundamental, según ellos, no es que no puedan estar en un mismo espacio indígenas y afrodescendientes, sino la urgencia que existe por proteger la zona de reserva forestal de otras intervenciones.

Eso lo explica el abogado Juan David Albarracín, de la Comisión Colombiana de Juristas, quien explicó que el proceso que acompañan tiene como fin proteger a la comunidad del riesgo de extinción cultural y física en el que están los indígenas cofán. “El territorio indígena es crucial para ellos, además porque hemos identificado lugares de esa selva que buscan proteger donde hay plantas medicinales que les pertenecen a ellos. También identificamos dos zonas donde han nacido autoridades del pueblo cofán que ellos buscan preservar”.

Vea: En la JEP, el enfoque de género ha sacado a flote las atrocidades del reclutamiento

La lucha que hoy pueden adelantar, basados en el acceso a la justicia que tienen, en el pasado les costó muchas vidas. Una lideresa, que pidió reserva de su nombre por seguridad, susurra que a uno de sus hermanos lo asesinaron por ser reclamante de tierras. La gente en Bocana de Luzón habla con la voz bajita, como si desde las copas de los árboles los escucharan, pero son los rezagos de la guerra que han vivido por tantos años. Lo dice con conocimiento: en 2005 fue secuestrada por paramilitares que la tuvieron durante ocho días retenida en venganza a su liderazgo social.

La lideresa sabe que la guerra en Putumayo que se vive hoy no es la misma de la de hace 20 o 30 años. En 1998, cuenta que la gente veía pasar diariamente dos o tres cuerpos que flotaban sobre el río Guamuez, que es la única vía de acceso. “Pero nadie podía decir nada y mucho menos recogerlos, porque eso era causal para terminar igual”, recuerda. En esa época, quizá la preocupación menos latente era la dimensión de su resguardo. “Nos ocupábamos de sobrevivir”, confiesa. Y aunque el conflicto no ha dado tregua, las problemáticas hoy son otras.

Se refiere al lío que hay con los terrenos baldíos, al incumplimiento del Estado con las sentencias y resoluciones que constituyen su territorio como reserva forestal (como la T-177-21), y a la importancia de recuperar sus tradiciones culturales y orales para prevenir su extinción. En el tablero del salón principal de clases de Bocana de Luzón esperan que ya no se escriba “Winter” y “Summer” para enseñar inglés, sino que la generación que recibirá una lucha de tierras heredada pueda traducirla como pueblo bilingüe a la lengua cofán, para hablar del na’e (río) con la tranquilidad de no volver a ver muertos sobre sus aguas.

Cuando en Bocana de Luzón hablan sobre conflicto armado, los líderes de la comunidad aprietan los puños de las manos, como quien prefiere guardar para sus adentros los malos recuerdos. En ese resguardo, enclavado en la selva de Putumayo, en zona rural de la inspección de El Tigre, viven 253 familias que llevan más de 50 años luchando por recuperar un territorio ancestral que colinda con dos consejos comunitarios (Los Andes y Villa Arboleda) y que buscan librar de la economía de la coca.

Hablar sobre este resguardo indígena implica mostrar el problema más profundo de la tierra en Colombia. Sobre su territorio hay segundos y terceros ocupantes, reclamos de consejos comunitarios y zonas campesinas, así como una zona todavía controlada por grupos armados como los autodenominados Comandos de la Frontera, una fracción de la Segunda Marquetalia (disidencias de las FARC) que opera en ese departamento.

Aunque esta última batalla la han ganado en Bocana de Luzón a punta de bastón de mando y liderazgo. Arely Muñoz, una de las lideresas indígenas, dice con seguridad que son pocos los resguardos indígenas que pueden afirmar que a su territorio no entran grupos armados. “La lucha que hemos ganado aquí ha sido por darles a entender a todos los actores, legales o ilegales, que a nuestro resguardo no pueden entrar porque nos ponen en riesgo. Y lo han respetado, porque el proceso de gobernanza acá es sólido”, cuenta.

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La rutina en Bocana de Luzón es poco común. La gente se levanta sobre las 5 de la mañana no solo con el sonido de los gallos y las gallinas, sino con el de tres loras que reposan sobre uno de los árboles frente a la cancha principal. El resguardo es más un lugar de convivencia entre las familias Muñoz y Salazar; casi todos llevan uno de esos dos apellidos. En las mañanas reciben a los 61 niños y niñas que llegan en lancha desde El Tigre y el consejo comunitario Villa Arboleda a estudiar en esa escuela pluriétnica y trilingüe: enseñan español, cofán e inglés, aunque en la práctica nadie maneja las dos últimas.

En junio de este año, un abogado y una trabajadora social de la Comisión Colombiana de Juristas llegaron para acompañar el proceso de acompañamiento que llevan con ellos desde 2018. Ese día borraron las palabras en inglés escritas en el tablero y las reemplazaron por oraciones en cofán, su lengua indígena. Sobre esas palabras pusieron dos mapas en tela que bordeaban el croquis de su resguardo: 1.413 hectáreas de tierra colectiva del resguardo y otras 4.565 hectáreas de lo que ellos denominan su territorio ancestral.

Ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), desde 2015, se surte una demanda que radicaron los líderes del consejo comunitario Villa Arboleda, en la que piden reconocimiento y titulación, justo en zona de territorio indígena. No es un asunto menor, los líderes afros denuncian haber sido víctimas del conflicto armado en esa zona en los años 90, en medio de una de las olas de desplazamiento más grandes de población étnica en el país por cuenta de la guerra.

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Aunque todavía no se ha emitido una decisión de fondo en el proceso, la pretensión de los líderes de Bocana de Luzón no es otra que llegar a acuerdos con los consejos comunitarios y recibir claridad sobre la titulación de la tierra que habitan. Para ello, también tienen un proceso ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el que buscan que se haga una caracterización de la zona y que las autoridades definan si se hace un proceso de ampliación del resguardo. De hecho, fue el Juzgado Primero de Restitución de Tierras el que le ordenó a la ANT adelantar este trabajo que va andando, pero no se ha terminado.

De hecho, quien más ha adelantado esa labor es justamente Arely Muñoz, que en 2020, en medio de la pandemia y junto a otros líderes de la comunidad, comenzaron a andar el territorio para hacer una caracterización de lo que encontraban allí. El primer recorrido lo hizo a pie y con tres meses de embarazo. Le tomó cuatro días caminar las más de 4.000 hectáreas de bosque y selva. La segunda vez que lo hizo le tomó dos días, porque recorrieron gran parte del territorio en lancha.

Empezaron su camino con apenas unas coordenadas que tenían de unos mapas que en algún momento el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les dejó en una visita en los años 90. Con esos mapas e indicaciones sacó un primer croquis, que hoy es el referente de las entidades de Gobierno, para determinar la dimensión del territorio indígena.

Para el abuelo Tulio Adonías, la intención de la ampliación no es caprichosa y tiene su fundamento en que este resguardo indígena, en 1950, fue una reserva ambiental que llegó a tener protección constitucional. Sin embargo, entre 1965 y 1975 comenzaron a entrar diferentes empresas a solicitar licencias ambientales para explotar el carbón y petróleo que hay bajo la tierra y las plantas. En esa época no existía en Colombia la Ley 21 de 1991, que le dio vida a la consulta previa y que reglamenta que cualquier proyecto que se quiera hacer en zona de influencia étnica debe ser consultado y consensuado con las comunidades.

Freddy Alonso Rondón, gobernador indígena de Bocana de Luzón, menciona que la historia de la disputa de tierras tuvo su origen en que en 1985 no existía la gobernanza indígena, sino que vivían junto a comunidades campesinas y afros en la misma zona. “Esto era territorio campesino porque había Junta de Acción Comunal, pero cuando se conformó el cabildo ellos empezaron a ocupar tierras y a hacer familia”. El problema fundamental, según ellos, no es que no puedan estar en un mismo espacio indígenas y afrodescendientes, sino la urgencia que existe por proteger la zona de reserva forestal de otras intervenciones.

Eso lo explica el abogado Juan David Albarracín, de la Comisión Colombiana de Juristas, quien explicó que el proceso que acompañan tiene como fin proteger a la comunidad del riesgo de extinción cultural y física en el que están los indígenas cofán. “El territorio indígena es crucial para ellos, además porque hemos identificado lugares de esa selva que buscan proteger donde hay plantas medicinales que les pertenecen a ellos. También identificamos dos zonas donde han nacido autoridades del pueblo cofán que ellos buscan preservar”.

Vea: En la JEP, el enfoque de género ha sacado a flote las atrocidades del reclutamiento

La lucha que hoy pueden adelantar, basados en el acceso a la justicia que tienen, en el pasado les costó muchas vidas. Una lideresa, que pidió reserva de su nombre por seguridad, susurra que a uno de sus hermanos lo asesinaron por ser reclamante de tierras. La gente en Bocana de Luzón habla con la voz bajita, como si desde las copas de los árboles los escucharan, pero son los rezagos de la guerra que han vivido por tantos años. Lo dice con conocimiento: en 2005 fue secuestrada por paramilitares que la tuvieron durante ocho días retenida en venganza a su liderazgo social.

La lideresa sabe que la guerra en Putumayo que se vive hoy no es la misma de la de hace 20 o 30 años. En 1998, cuenta que la gente veía pasar diariamente dos o tres cuerpos que flotaban sobre el río Guamuez, que es la única vía de acceso. “Pero nadie podía decir nada y mucho menos recogerlos, porque eso era causal para terminar igual”, recuerda. En esa época, quizá la preocupación menos latente era la dimensión de su resguardo. “Nos ocupábamos de sobrevivir”, confiesa. Y aunque el conflicto no ha dado tregua, las problemáticas hoy son otras.

Se refiere al lío que hay con los terrenos baldíos, al incumplimiento del Estado con las sentencias y resoluciones que constituyen su territorio como reserva forestal (como la T-177-21), y a la importancia de recuperar sus tradiciones culturales y orales para prevenir su extinción. En el tablero del salón principal de clases de Bocana de Luzón esperan que ya no se escriba “Winter” y “Summer” para enseñar inglés, sino que la generación que recibirá una lucha de tierras heredada pueda traducirla como pueblo bilingüe a la lengua cofán, para hablar del na’e (río) con la tranquilidad de no volver a ver muertos sobre sus aguas.