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Que haya un enfoque de género a la hora de restituir tierras ha dejado de ser un pendiente en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para convertirse en un objetivo principal. La entidad reconoció que las mujeres, aparte de ser desplazadas, sufrieron otros hechos que las revictimizaron y dificultaron su acceso a tener tierras propias.
Por esta razón, desde marzo la Unidad implementó una estrategia que busca que la justicia de la tierra, un pedido de décadas hechas por las víctimas de despojo, tenga prioridad para las mujeres. Son muchas las historias de desplazamiento que resuenan dentro de las oficinas de la Unidad: campesinos que huyeron de sus parcelas, comunidades desarraigadas de sus territorios y miles de mujeres que una vez desarraigadas, debieron enfrentarse a algunos retos diferentes que los hombres para poder sobrevivir.
Liliana Rodríguez, beneficiaria de restitución de tierras, recordó en diálogo con El Espectador que, “en el momento de salir de su predio hubo mucho dolor porque ya estábamos asentados como familia”. Rodríguez, que recibió una nueva parcela hace nueve años de manos de la URT, reconoce que en Córdoba, departamento donde fue despojada predomina el machismo y las mujeres en muchos escenarios están obligadas a cumplir las decisiones de sus cónyugues
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Tanto la Corte Constitucional como el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) han encontrado, por separado en decisiones judiciales e investigaciones este impacto diferenciado. Es decir, que si bien el despojo de tierras afectó a hombres y mujeres, fue esta última población quien más afectada resultó por condiciones de género.
Por ejemplo, Dejusticia concluyó en un informe que, en la inmensa historia del conflicto armado y los desplazamientos forzados, fueron las mujeres quienes “salieron perdiendo en el juego social”. En “Restitución de tierras y enfoque de género”, los investigadores de este centro de pensamiento explican que las mujeres siempre han estado en un escalón debajo de los hombres cuando se habla de tierras y de la propiedad.
“La enorme concentración de la tierra no se debe solo a razones de clase, sino también de género”, dice el estudio. A su vez, afirma que las mujeres víctimas de desplazamiento tienen acceso restringido a la tierra, desconocen sus derechos para poseer propiedades y se enfrentan a mayor informalidad que los hombres.
Un caso que explica estos problemas son los datos divulgados por la III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de población desplazada. De acuerdo con los resultados, de los ocho millones de desplazados que hay registrados en Colombia, un 64,2 % de ellos eran hombres con propiedades mientras que las mujeres que eran propietarias de sus tierras era únicamente el 26,5 %.
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Si bien en cuanto a los números y registros de despojo hombres y mujeres estuvieron igualmente afectados, es en lo cualitativo donde se evidencia que la población femenina sufrió más afectaciones, explica Dejusticia en su informe.
En el caso de Liliana Rodríguez, cuando finalmente recibió una parcela en Cedro Cocido, en el norte de Córdoba, empezó a emprender “y a luchar por mis sueños y seguir adelante. No depender de mi esposo”. Al recibir su tierra, Rodríguez fundó un emprendimiento y se convirtió en la cabeza de una organización de 30 mujeres restituidas que, además de luchar por sus derechos como mujeres, buscan empoderar a todas las mujeres víctimas del conflicto en ese municipio.
Restituir con enfoque de género
Giovanni Yule, director general de la Unidad, explica que la decisión se tomó debido a que “las afectaciones (de las mujeres) han sido reconocidas tanto por legisladores como por la Corte Constitucional” en donde se señala la “importancia de implementar medidas dirigidas a las mujeres para atender vulneraciones específicas y afectaciones que se dieron en el marco del conflicto armado”.
Hasta el momento, adoptar la óptica que diferencia hombres y mujeres ha tenido sus réditos, cuenta la URT. Por ejemplo, en el último balance de resultados de la Unidad se registran más de 11.000 mujeres que han salido beneficiadas de procesos y sentencias de restitución.
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Paula Villa, directora jurídica de la entidad, asegura que este enfoque permite que “se destaque el papel transformador de la mujer en el territorio”, algo que en el pasado no era fácil de lograr debido a que la mayoría de las propiedades, transacciones o procesos jurídicos de las tierras eran llevadas a cabo por los hombres.
De acuerdo con la URT, se busca que las mujeres puedan “tener participación activa en todas las etapas del proceso de restitución: desde solicitar las tierras hasta recibir una sentencia judicial que adjudique que ellas se convierten en propietarias de un predio”. La Unidad también destaca que se han implementado estrategias para que las mujeres, cuando lleguen a las tierras restituidas, puedan tener acceso a actividades productivas que hagan sostenible la parcela que les fue restituida.
La Unidad explica que el enfoque de género para reparara a las mujeres víctimas de despojo tiene varios puntos. Por ejemplo, reciben las solicitudes de las mujeres y las radican a su nombre. También se priorizan los casos que son presentados por mujeres y se evalúa las situaciones que tuvieron que pasar luego de ser desplazadas. En caso de ser restituidas y adjudicadas con un predio, la URT diseño un módulo que se encarga del cuidado, independencia y entorno de las mujeres. Esta división se enfoca en que las mujeres, una vez en sus nuevas tierras, puedan tener acceso a una distribución equitativa del trabajo, replantear roles de género y tener voz a la hora de tomar decisiones tanto familiares como comunitarias.
Dina Montalvo, directora de la URT para Córdoba y el Bajo Cauca, recuerda que tener perspectiva de género en la restitución no es algo voluntario, sino un mandato. La funcionaria asegura que “tener perspectiva de género acerca a las mujeres a la justicia. Rediseña que la restitución esté dirigida a las mujeres que han tenido vulnerabilidad por el conflicto armado”. Además, Montalvo añade que el trabajo de la URT no solo consiste en adjudicar un predio a las mujeres, sino prevenir violencias basadas en género y que se “garantice el ejercicio pleno de sus derechos”.
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