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No han sido muchos los espacios que las autoridades indígenas o negras han tenido en su vida para ser escuchados por algunas de las personalidades más importantes del mundo judicial; hasta ahora. En los últimos dos años, líderes de resguardos indígenas y sabedores de consejos comunitarios afro han logrado sentarse cara a cara con jueces, fiscales y magistrados para poder explicarles la importancia de que la justicia ordinaria, en lugar de tropezarse con la jurisdicción indígena o la Justicia Propia Afrocolombiana, trabaje de la mano con ellas.
Esta es la historia de cómo en cuestión de dos años, casi el 30 % de los departamentos del país pudieron sentar los pilares para que en el futuro la justicia ordinaria se entienda con las costumbres ancestrales de los indígenas y afros. Con el apoyo del programa Justicia Inclusiva, al menos 10 departamentos han sido testigos de mesas interinstitucionales de coordinación entre las diferentes justicias. Esto, aunque en algunos casos solo es el primer paso para pavimentar un futuro de cooperación y armonía entre las justicias, fue histórico, pues en algunos casos como el de Córdoba, nunca antes existió un encuentro en que la Rama Judicial y los líderes afro se reunieran y, a partir de su encuentro, llegaran a compromisos para entenderse y articularse.
La importancia de entenderse
Por décadas, afros e indígenas han utilizado sus propias formas de justicia para mantener la armonía en sus territorios y solucionar conflictos sin necesidad de violencia. Aunque parecidas, ambas costumbres tienen algunos rasgos que contrastan entre sí, pero el objetivo es el mismo. “Nuestra justicia tiene el propósito de solucionar sin odiar. Resolver sin castigar. Se mueve en ejes como el buen vivir y la armonía con el territorio”, cuenta Leovigildo Vivanco, un líder negro de Montelíbano (Córdoba) que a mediados de 2023 asistió a una de estas mesas interjurisdiccionales en el departamento.
Pero no basta con que estas comunidades a lo largo y ancho del país existan e impartan justicia en sus territorios. Es necesario que la jurisdicción ordinaria (la que usan todos los demás ciudadanos sin pertenencia étnica), las comprendan, respeten y, lo más importante, coordinen con ellas para evitar impunidad y desconfianza hacia la justicia.
Gracias a los encuentros propiciados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) se han podido sentar las bases para que los jueces, fiscales y magistrados, más allá de entender cómo funciona el universo judicial de las comunidades étnicas, sepan cómo actuar cuando algún caso relacionado a ellos llega a su despacho.
En Cauca, departamento donde uno de cada dos ciudadanos es o afro o indígena, ya se han empezado a materializar las peticiones de décadas atrás. Por ejemplo, gracias a estos encuentros, diferentes entidades como el Instituto Penitenciario (Inpec), el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía han establecido protocolos internos para poder ofrecer justicia con enfoque étnico y distinguir en qué casos, un expediente judicial debe ser solucionado por las autoridades étnicas o, por el contrario, debe ser juzgado en un estrado judicial por un juez.
Avances de ese tipo también se han visto en otros departamentos predominantemente étnicos, como Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Sucre y Bolívar. Tal ha sido la importancia de empezar a coordinar y articular la justicia con las jurisdicciones afro e indígenas, que este año, el Consejo Superior de la Judicatura anunció que premiará a dos funcionarios de la Rama Judicial que, en sus sentencias, hayan incorporado el enfoque étnico y demostrado que la justicia ordinaria sí puede compaginarse con otras costumbres, por más disímiles que sean.
Caminos pendientes
Aún faltan varios pasos por recorrer. Con la Constitución de 1991, la justicia indígena quedó legalmente reconocida ante los ojos del Estado colombiano. Ese estatus no solo les brinda autonomía de poder administrar justicia dentro de sus territorios, sino también decidir, dependiendo del caso, qué castigo o medida toman las autoridades cuando se presenta un conflicto o una persona transgrede las normas del resguardo.
Pero ese escenario de reconocimiento no llegó para las poblaciones negras del país. La Constitución, en el papel, excluyó la Justicia Propia Afrocolombiana de ser reconocida por una “omisión legislativa”, que es en pocas palabras, haber dejado de la sintaxis de la ley de la justicia negra. Pero eso no ha sido impedimento para los consejos comunitarios afro. Aún con ese obstáculo en contra, los líderes afrocolombianos han aplaudido los espacios de interjurisdiccionalidad. Incluso, cuenta Leovigildo, no pierden la esperanza de que en un futuro cercano, la Corte Constitucional, que se encarga de velar por los derechos de las personas, reconozca que las personas afro en Colombia y su justicia sí fueron excluidos de ser reconocidos y, luego de décadas de luchas judiciales, les otorgue el estatus que han demandado.
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