Seis razones para recuperar la confianza en la justicia
No hay reclamo jurídico que no importe, ni una barrera que sea imposible de superar. Para acceder a la justicia, las instituciones que componen este sector han apelado a la coordinación, los esfuerzos y poner el lente en las prioridades de la gente para ofrecer justicia a lugares donde no había llegado antes.
Cuando se habla de justicia no hay causas perdidas ni reclamos desoídos. En los últimos dos años, las comunidades, colectivos y todos los demás protagonistas del sistema de justicia han transformado las barreras del acceso a la justicia en nuevas prácticas que han ayudado a que mujeres, grupos étnicos, víctimas del conflicto y todos los demás que antes veían en la justicia un derecho lejano e inalcanzable, una nueva forma de ver cumplidos sus reclamos.
Hablamos con esos diferentes actores de justicia para conocer cuáles han sido esas buenas prácticas de acceso a la justicia que, a punta de imaginación y esfuerzos colectivos, se han creado en los territorios. La conclusión: por más barreras que haya, siempre habrá personas dispuestas a utilizar su resiliencia y liderazgo para ver materializada la justicia.
En los territorios más alejados, esos donde solo se accede después de horas de trocha y kilómetros por el cauce de algún río, las Jornadas de Justicia Móvil, lideradas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y apoyadas por el programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), han servido para devolver los derechos que por años estuvieron ausentes a las comunidades. Estas actividades, además de cerrar brechas entre la institucionalidad y las comunidades, demuestran que sí es posible llegar a las zonas apartadas, siempre y cuando haya voluntad y empeño en saldar deudas históricas.
No hay que ir muy lejos en el mapa de Colombia para observar que la justicia también se clama en las ciudades grandes, como Bogotá, Medellín o Cali. En estas capitales, la justicia llegó en forma de Jornadas de Conciliación durante días enteros en los que líderes comunitarios sientan a miles de personas cara a cara y, con paciencia y conocimientos jurídicos, para tender puentes y solucionar conflictos sin la necesidad de un juez o un largo proceso judicial. Al final de esos espacios, también liderados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y apoyadas por programas como el de Justicia Inclusiva de Usaid, la mayoría de sus participantes salen de allí con ese percance resuelto y con la gratificación de que el diálogo y la cultura de paz sí puede aplicarse en el país.
En tiempos en que la violencia contra las mujeres arrecia y muta en diferentes formas, la Fiscalía General de la Nación también ha puesto de su parte. Con la creación e implementación de Peer to peer, el ente investigador ha sentado las bases de cómo ofrecer justicia, prevención y lucha contra la impunidad con enfoque de género.
En algunas zonas, especialmente resguardos indígenas y consejos comunitarios afro, se aplicaron nuevas fórmulas. Por dos años, y gracias a encuentros a apoyados por el programa Justicia Inclusiva de Usaid, se ha logrado que comunidades étnicas, históricamente alejadas del sistema judicial, puedan sentarse con jueces y magistrados y crear una guía para que las jurisdicciones, en lugar de tropezar entre sí, trabajen juntas y combatan la impunidad.
La profesora María Yovadis Londoño, una educadora afro de San José de Uré, recuerda una práctica que, más que acercar la justicia, salvó a esa comunidad negra del sur de Córdoba de extinguirse: “La etnoeducación ha servido para no perder el arraigo étnico y cultural de las comunidades. El niño afro que aprende sobre sus danzas africanas y su espiritualidad es un potencial líder que guiará a la comunidad hacia sus luchas, porque las entiende y sabe lo que como pueblo hemos pasado”, relata Londoño.
Al final, cada esfuerzo suma para ofrecer justicia y lograr que Colombia, poco a poco, siga en el camino de garantizar los derechos de su población, pero también para lograr que la justicia, aunque lejana o tarde, llegue.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
Cuando se habla de justicia no hay causas perdidas ni reclamos desoídos. En los últimos dos años, las comunidades, colectivos y todos los demás protagonistas del sistema de justicia han transformado las barreras del acceso a la justicia en nuevas prácticas que han ayudado a que mujeres, grupos étnicos, víctimas del conflicto y todos los demás que antes veían en la justicia un derecho lejano e inalcanzable, una nueva forma de ver cumplidos sus reclamos.
Hablamos con esos diferentes actores de justicia para conocer cuáles han sido esas buenas prácticas de acceso a la justicia que, a punta de imaginación y esfuerzos colectivos, se han creado en los territorios. La conclusión: por más barreras que haya, siempre habrá personas dispuestas a utilizar su resiliencia y liderazgo para ver materializada la justicia.
En los territorios más alejados, esos donde solo se accede después de horas de trocha y kilómetros por el cauce de algún río, las Jornadas de Justicia Móvil, lideradas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y apoyadas por el programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), han servido para devolver los derechos que por años estuvieron ausentes a las comunidades. Estas actividades, además de cerrar brechas entre la institucionalidad y las comunidades, demuestran que sí es posible llegar a las zonas apartadas, siempre y cuando haya voluntad y empeño en saldar deudas históricas.
No hay que ir muy lejos en el mapa de Colombia para observar que la justicia también se clama en las ciudades grandes, como Bogotá, Medellín o Cali. En estas capitales, la justicia llegó en forma de Jornadas de Conciliación durante días enteros en los que líderes comunitarios sientan a miles de personas cara a cara y, con paciencia y conocimientos jurídicos, para tender puentes y solucionar conflictos sin la necesidad de un juez o un largo proceso judicial. Al final de esos espacios, también liderados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y apoyadas por programas como el de Justicia Inclusiva de Usaid, la mayoría de sus participantes salen de allí con ese percance resuelto y con la gratificación de que el diálogo y la cultura de paz sí puede aplicarse en el país.
En tiempos en que la violencia contra las mujeres arrecia y muta en diferentes formas, la Fiscalía General de la Nación también ha puesto de su parte. Con la creación e implementación de Peer to peer, el ente investigador ha sentado las bases de cómo ofrecer justicia, prevención y lucha contra la impunidad con enfoque de género.
En algunas zonas, especialmente resguardos indígenas y consejos comunitarios afro, se aplicaron nuevas fórmulas. Por dos años, y gracias a encuentros a apoyados por el programa Justicia Inclusiva de Usaid, se ha logrado que comunidades étnicas, históricamente alejadas del sistema judicial, puedan sentarse con jueces y magistrados y crear una guía para que las jurisdicciones, en lugar de tropezar entre sí, trabajen juntas y combatan la impunidad.
La profesora María Yovadis Londoño, una educadora afro de San José de Uré, recuerda una práctica que, más que acercar la justicia, salvó a esa comunidad negra del sur de Córdoba de extinguirse: “La etnoeducación ha servido para no perder el arraigo étnico y cultural de las comunidades. El niño afro que aprende sobre sus danzas africanas y su espiritualidad es un potencial líder que guiará a la comunidad hacia sus luchas, porque las entiende y sabe lo que como pueblo hemos pasado”, relata Londoño.
Al final, cada esfuerzo suma para ofrecer justicia y lograr que Colombia, poco a poco, siga en el camino de garantizar los derechos de su población, pero también para lograr que la justicia, aunque lejana o tarde, llegue.
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