Son niñas, no esposas: Congreso aprueba la prohibición del matrimonio infantil
Tras ser aprobado en último debate en el Congreso, la ley que prohibirá el matrimonio infantil será sancionada por el presidente Gustavo Petro.
El Congreso aprobó la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas (MIUT) en Colombia, lo que garantiza que ninguna niña o adolescente pueda casarse, una práctica que hasta ahora era permitida a partir de los 14 años con autorización de sus padres. Esta iniciativa marca un hito en la protección de los derechos de niñas y adolescentes, enfocándose en reducir los riesgos asociados a las uniones tempranas, como la violencia, el embarazo infantil y la limitación de oportunidades de desarrollo.
El proyecto de ley aprobado cuenta con dos enfoques principales. El primero es preventivo e impulsa campañas pedagógicas para fomentar proyectos de vida digna y autónomos en la niñez y adolescencia, con el objetivo de evitar las MIUT. El segundo es un cambio en la legislación civil que elimina la posibilidad de matrimonios o uniones formales cuando uno o ambos contrayentes son menores de edad.
(Vea también: Matrimonio infantil en Colombia: cinco razones para prohibirlo)
Aunque los menores de 14 años legalmente no puedan contraer esta unión, las cifras reflejan la gravedad de esta problemática: en 2015, cerca del 28 % de las mujeres colombianas habían contraído matrimonio antes de los 18 años, y Colombia ocupa el puesto número 20 a nivel mundial en matrimonios de niñas menores de 15 años. A nivel global, se registran unos 33,000 casos de MIUT cada día, lo que resalta la urgencia de abordar esta problemática.
Intentar prohibir esta “violencia legal”, como dijo a este diario Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, no es algo nuevo. Desde 2007 se ha intentado que se apruebe la prohibición del matrimonio infantil. Sin embargo, el proyecto se había caído, archivado e incluso aplazado hasta quedar en el olvido en nueve ocasiones. La validez de la unión de menores existe desde 1974 y según reportes de ONG defensores de derechos de los niños, ha ocasionado anualmente que uno de cada siete niños en Colombia esté o haya contraído matrimonio.
Por ello, las consecuencias de estas uniones son profundas. Las adolescentes en uniones tempranas son más vulnerables a la violencia machista, abusos, feminicidios y embarazos precoces, lo que limita sus oportunidades de educación y de autonomía económica. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 y el Censo de 2018, una proporción considerable de adolescentes en unión temprana ya han tenido al menos un hijo, afectando su salud mental y aumentando su riesgo de infecciones de transmisión sexual.
Así lo señalaron las ponentes del proyecto durante el último y cuarto debate. “Estamos de verdad ante un problema y una problemática social de largo alcance, que impide el libre desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes, pero principalmente de niñas”, precisó la senadora Clara López.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) “Colombia Potencia Mundial para la Vida”, el Gobierno de Colombia ha reafirmado su compromiso de implementar políticas para prevenir y erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Este objetivo se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 5.3, que busca eliminar prácticas como el matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030.
(Lea también: Matrimonio infantil: una realidad con profundas secuelas en niñas y adolescentes)
La ley, promovida por las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez y otras congresistas, también busca crear el Programa Nacional de Atención Integral a Proyectos de Vida para niños, niñas y adolescentes. De esta manera, la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas representa un avance significativo en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en Colombia y responde a la creciente demanda de la sociedad por frenar prácticas que vulneran la integridad de las niñas.
Sebastián Rangel, asistente de investigación legal en el Observatorio ESCNNA de Valientes Colombia, señaló que el país ya cuenta con normativas que buscan proteger a las niñas y adolescentes, como la Ley 2081 de 2021, que establece la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos sexuales contra menores, y la Ley 1709 de 2014, que elimina beneficios judiciales para los agresores. Rangel destacó que, junto con estas leyes, las capacitaciones en la Fiscalía General de la Nación buscan fortalecer la respuesta institucional frente a los crímenes contra menores.
“Esta realidad ha perjudicado a miles de niños que han interrumpido su proceso natural de desarrollo para enfrentarse a roles para los que no se encuentran preparados a nivel físico, ni psicológico. Está comprobado que el matrimonio infantil está asociado a la deserción escolar, trabajo doméstico no remunerado, restricción de autonomía, maternidad temprana, y muchas consecuencias más”, explica Royo, de Profamilia.
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El Congreso aprobó la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas (MIUT) en Colombia, lo que garantiza que ninguna niña o adolescente pueda casarse, una práctica que hasta ahora era permitida a partir de los 14 años con autorización de sus padres. Esta iniciativa marca un hito en la protección de los derechos de niñas y adolescentes, enfocándose en reducir los riesgos asociados a las uniones tempranas, como la violencia, el embarazo infantil y la limitación de oportunidades de desarrollo.
El proyecto de ley aprobado cuenta con dos enfoques principales. El primero es preventivo e impulsa campañas pedagógicas para fomentar proyectos de vida digna y autónomos en la niñez y adolescencia, con el objetivo de evitar las MIUT. El segundo es un cambio en la legislación civil que elimina la posibilidad de matrimonios o uniones formales cuando uno o ambos contrayentes son menores de edad.
(Vea también: Matrimonio infantil en Colombia: cinco razones para prohibirlo)
Aunque los menores de 14 años legalmente no puedan contraer esta unión, las cifras reflejan la gravedad de esta problemática: en 2015, cerca del 28 % de las mujeres colombianas habían contraído matrimonio antes de los 18 años, y Colombia ocupa el puesto número 20 a nivel mundial en matrimonios de niñas menores de 15 años. A nivel global, se registran unos 33,000 casos de MIUT cada día, lo que resalta la urgencia de abordar esta problemática.
Intentar prohibir esta “violencia legal”, como dijo a este diario Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, no es algo nuevo. Desde 2007 se ha intentado que se apruebe la prohibición del matrimonio infantil. Sin embargo, el proyecto se había caído, archivado e incluso aplazado hasta quedar en el olvido en nueve ocasiones. La validez de la unión de menores existe desde 1974 y según reportes de ONG defensores de derechos de los niños, ha ocasionado anualmente que uno de cada siete niños en Colombia esté o haya contraído matrimonio.
Por ello, las consecuencias de estas uniones son profundas. Las adolescentes en uniones tempranas son más vulnerables a la violencia machista, abusos, feminicidios y embarazos precoces, lo que limita sus oportunidades de educación y de autonomía económica. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 y el Censo de 2018, una proporción considerable de adolescentes en unión temprana ya han tenido al menos un hijo, afectando su salud mental y aumentando su riesgo de infecciones de transmisión sexual.
Así lo señalaron las ponentes del proyecto durante el último y cuarto debate. “Estamos de verdad ante un problema y una problemática social de largo alcance, que impide el libre desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes, pero principalmente de niñas”, precisó la senadora Clara López.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) “Colombia Potencia Mundial para la Vida”, el Gobierno de Colombia ha reafirmado su compromiso de implementar políticas para prevenir y erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Este objetivo se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 5.3, que busca eliminar prácticas como el matrimonio infantil, precoz y forzado para 2030.
(Lea también: Matrimonio infantil: una realidad con profundas secuelas en niñas y adolescentes)
La ley, promovida por las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez y otras congresistas, también busca crear el Programa Nacional de Atención Integral a Proyectos de Vida para niños, niñas y adolescentes. De esta manera, la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas representa un avance significativo en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en Colombia y responde a la creciente demanda de la sociedad por frenar prácticas que vulneran la integridad de las niñas.
Sebastián Rangel, asistente de investigación legal en el Observatorio ESCNNA de Valientes Colombia, señaló que el país ya cuenta con normativas que buscan proteger a las niñas y adolescentes, como la Ley 2081 de 2021, que establece la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos sexuales contra menores, y la Ley 1709 de 2014, que elimina beneficios judiciales para los agresores. Rangel destacó que, junto con estas leyes, las capacitaciones en la Fiscalía General de la Nación buscan fortalecer la respuesta institucional frente a los crímenes contra menores.
“Esta realidad ha perjudicado a miles de niños que han interrumpido su proceso natural de desarrollo para enfrentarse a roles para los que no se encuentran preparados a nivel físico, ni psicológico. Está comprobado que el matrimonio infantil está asociado a la deserción escolar, trabajo doméstico no remunerado, restricción de autonomía, maternidad temprana, y muchas consecuencias más”, explica Royo, de Profamilia.
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