Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La semana pasada se conoció una sentencia proferida por la Corte Constitucional que ofreció justicia a una mujer de 76 años que durante meses fue violentada dentro de su propio hogar. La ciudadana, considerada como víctima de violencia intrafamiliar e institucional, reclamó por casi cinco años a que sus derechos fueran protegidos y acudió a Comisarías de Familia y tribunales, pero nadie escuchó sus gritos.
En un último intento de acceder a la justicia, la mujer radicó una tutela que llegó a la Corte Constitucional y en la que alegaba que fue violentada y sus reclamos ignorados. El alto tribunal estudió su petición, examinó las pruebas y determinó que, en efecto, hubo una cadena de errores institucionales que vulneraron aún más la situación de la mujer. Esto se debió, en parte, a discriminaciones y la falta de un enfoque diferencial y de género por parte de los funcionarios de las Comisarías, explicó la Corte.
Pero la sentencia, además de ofrecer justicia, recordó uno de los mayores logros judiciales que se han logrado en la última década: obligar a que todos los funcionarios de las Comisarías de Familia estén capacitados en género. En la sentencia referida, la Corte aseguró que desde 2023 se ordenó que el Ministerio de Justicia tiene la tarea de ofrecer pedagogía y capacitaciones a absolutamente todos los integrantes de estas entidades que resuelven casos de violencia intrafamiliar.
Las Comisarías son, según ha explicado el Ministerio de Justicia a este diario, un organismo fundamental para prevenir violencias y reestablecer derechos violentados. Incluso, hay quienes consideran que las acciones que se tomen dentro de la Comisaría pueden prevenir tragedias, como por ejemplo, feminicidios, violencias sexuales o agresiones irreparables.
“Todo el personal que labora en las Comisarías debe tener una formación y actualización periódica en aquellas materias relacionadas con violencias en el contexto familiar, violencias por razones de género, administración de justicia con perspectiva de género, prevención de la violencia institucional, las competencias subsidiarias de conciliación extrajudicial en derecho de familia, calidad de la atención con enfoque de género y étnico, y demás asuntos relacionados con su objetivo misional”, explicó la Corte.
Pero la orden no es tan fácil de cumplir, pues en la actualidad las Comisarías de Familia enfrentan un panorama de escasos recursos que, o bien no les permite brindar un servicio eficaz, o les representa limitaciones para ofrecer justicia. Funcionarios de la Casa de Justicia de Buenaventura le explicaron a El Espectador que es tal el déficit de presupuesto, que entre los mismos funcionarios deben costear algunas de las cosas más elementales, como las resmas de papel para imprimir las medidas de protección o los transportes que deben tomar para visitar a las víctimas y cerciorarse de que sus derechos sí se estén protegiendo.
Laura Forero, politóloga e investigadora del centro académico Dejusticia, aseguró en una publicación digital que el enfoque de género es fundamental para tratar casos de violencia intrafamiliar. “Emplear este enfoque es esencial porque no sólo se encuentra en riesgo la vida de la mujer, sino también la estabilidad de un tejido familiar. La familia es sujeto de especial protección constitucional por ser considerada la institución básica y núcleo fundamental de la sociedad. En ese sentido, es responsabilidad del Estado el uso de dicho enfoque con el fin de proteger también a la familia y evitar cualquier tipo de violencia física o moral contra ella, procurando prevenir toda amenaza y daño irreparables que atenten la dignidad humana de los individuos que la integran”, explicó.
Enmendar los errores
Con este nuevo llamado de la Corte, ahora es tarea del Ministerio de Justicia diseñar un nuevo “pensum” para que los funcionarios de las Comisarías cumplan el requisito que les fue ordenado en la sentencia. Sin embargo, aún hay otros desafíos que afrontar, como por ejemplo la falta de presupuesto que tanto la cartera de justicia como las Comisarías enfrentan para ofrecer un servicio eficaz.
En 2022, funcionarios de las Comisarías de Familia de Medellín entraron a paro porque, de acuerdo con sus exigencias, no había mínimos para garantizar la justicia a las familias. Entre algunos casos se encontraban sedes que no tenían puertas, impresoras para digitalizar las denuncias o medidas de protección o, como sucede en Maicao (La Guajira), no hay siquiera oficinas para que las víctimas puedan narrar la violencia que fueron sometidas en un espacio privado.
Toda esta situación ha intentado ser enmendada por el Congreso, que en 2021 aprobó la Estampilla Familiar: un impuesto del 2 % a los contratos públicos para que ese dinero fuese reinvertido en las Comisarías y así mejorar su servicio. Pero la situación sigue en un escenario adverso, pues como detalló este diario a principios de 2024, de 1.122 zonas de todo el país que deberían aprobar la Estampilla, según una recomendación de varias entidades del Estado, como la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, tan solo 285 de ellas la han adoptado. Es decir, poco más del 25 % de los territorios le han dado un espaldarazo financiero a sus Comisarías. Por escenarios como los que se vivían las Comisarías de El Tambo o Valencia, Néstor Osuna, exministro de Justicia, reconoció que el Estado tenía una deuda frente a la violencia intrafamiliar. Según ordena la ley, debe haber una Comisaría por cada 100.000 habitantes con condiciones óptimas para funcionar.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
