Muchos aplaudieron esa noche de 2016, cuando el Estado y las Farc firmaron el Acuerdo de Paz, pero después de ese documento para intentar acabar con décadas de conflicto, aún quedaba un reto en Tumaco: solucionar 40 años de disputas territoriales que conocen de minas antipersonales, terrenos fumigados por glifosato, un catastro prácticamente inexistente y miles de peleas entre comunidades indígenas, afros y campesinos por la tierra. Esta es la radiografía de cómo los tumaqueños, que han luchado casi dos décadas con las esquirlas de la guerra, aún siguen viviendo un “tierrero” en su municipio.
Una perla opacada por los conflictos
Tumaco es de los municipios con mayor extensión del país y en sus más de 360.000 hectáreas, confluye uno de los problemas de tierras más álgidos de Colombia. Este pueblo, conocido como “la perla del Pacífico”, se ha convertido en las últimas dos décadas en un cóctel de problemas territoriales que dañan el tejido social, sedimentan conflictos y no permiten que este municipio incluido en el PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y considerado como fundamental para alcanzar la paz, supere sus problemas.
Son varios los líos territoriales que hay dentro de Tumaco, pero el más importante es el de su catastro. La última vez que el Estado hizo un inventario de sus tierras fue en 2014. Es decir que, durante la última década, todo lo relacionado con inversión, ordenamiento o desarrollo ha sido un trabajo a ciegas.
¿Qué tan grave es este problema? Según los registros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en Tumaco no se sabe quién es dueño de qué en más del 70 % de los casos. Es decir, siete de cada 10 lotes, parcelas, sembradíos o construcciones, aunque existan y estén habitados, no tienen un dueño formal y el Estado desconoce completamente qué se hace en esos predios. Las actividades pueden ser desde oficios completamente legales, como un emprendimiento o un comercio, hasta el cultivo de docenas de hectáreas de hoja de coca en los lugares rurales, lo cual complica el escenario.
A Tumaco, también, han llegado otros vientos de conflicto que han terminado por embrollar aún más el panorama de tierras. El más dañino y persistente es el de la guerra y los actores que la protagonizan. A diferencia de otros territorios de Colombia que conocieron el conflicto desde la década de los 80 o antes, en Tumaco los hombres de las guerrillas y autodefensas llegaron en el 2000. Su arribo empeoró una situación de abandono estatal crónica, pero complicó aún más las disputas por la tierra, según explica desde hace años la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “La guerra se ha convertido en un preludio de crisis humanitaria en el departamento”, asegura la Fundación.
Las Farc, por ejemplo, tuvieron control del municipio durante 16 años, cuentan los habitantes de la zona. Bajo el albedrío de sus comandantes se definían problemas de linderos, e incluso imponían multas por comportamientos sin su autorización.
La presencia de las botas y los fusiles, además de hacer que la mayoría de los conflictos se resolvieran con violencia, contaminó el territorio con hoja de coca y un efecto dominó que, a hoy, deja a Tumaco posicionado como uno de los municipios donde más minas antipersonales, desapariciones forzadas y rezagos de la hoja de coca se dan de Colombia, entre ellos el cultivo y la fumigación con glifosato.
Por ejemplo, la Misión de la ONU contra las Minas Antipersonal reportó que Tumaco fue el lugar donde más víctimas de minas hubo en 2023. La Comisión de la Verdad, por su parte, contabilizó en casi 100.000 las víctimas de la guerra en la ciudad; mientras que la Fundación Pares atribuyó que el municipio tiene una “maldición a causa del abandono del Estado”.
Territorios blindados
Pero solucionar los problemas de tierras y el eco de las balas encuentra un gran reto: la inmensa presencia de comunidades y áreas protegidas constitucionalmente y ante todo, la deuda con ellas. Aunque es uno de los municipios con mayor diversidad étnica del país, algunos de los esfuerzos para poder contabilizar los predios, se han visto imposibilitados por estas zonas protegidas.
Según registró el DANE, en Tumaco no solo confluyen 16 resguardos indígenas, sino 16 consejos comunitarios, afros y miles de campesinos que, tras el Acuerdo de Paz, luchan en los estrados judiciales para que se les adjudiquen zonas protegidas. Así sucedió, por ejemplo, en 2022 con la Asociación Porvenir, que reúne cerca de 6.000 campesinos y reclaman la entrega y reconocimiento de 5.800 hectáreas como una forma de “blindarnos de victimizaciones y hacerle frente a las estigmatizaciones que vivimos por ser campesinos”, como dijo Ricardo Arboleda presidente de ese colectivo a este diario en ese momento.
El conflicto por la tierra de las comunidades y el Estado no solo se disputa en los territorios, también en los despachos judiciales. En numerosas ocasiones, la Corte Constitucional ha reiterado que es responsabilidad de la institucionalidad proteger, además de indígenas, afros y campesinos, sus territorios colectivos.
El último llamado que hizo fue a través de la sentencia T-387 de 2013 en la que cataloga esta protección como un “derecho fundamental”, luego que el INCORA, que fue la máxima autoridad agraria de Colombia en el Siglo XX, desconoció la creación de un resguardo indígena en 1996 y razón por la cual fue responsabilizado de haber vulnerado los derechos del grupo étnico Kofán, en Putumayo.
Pero esa protección, aunque establecida en la máxima de las normas jurídicas, no ha llegado tampoco para estos pueblos. Así como los ciudadanos del casco urbano de Tumaco, indígenas, afros y campesinos han sufrido los efectos colaterales del conflicto y la falta de catastro. En 2017, ocho campesinos que se oponían a la sustitución forzada de cultivos ilícitos fueron masacrados. Además, entre estos tres grupos se han traspasado las fronteras de las zonas protegidas, lo que crea no solo disputas étnicas, sino aún más informalidad en la tierra, pues al llegar a los territorios se asientan y para tener una solución, deben pasar años para que los despachos judiciales den alguna respuesta.
La vida de las personas y el problema de tierras
Aunque parezca una cuestión que solo tiene repercusiones en la sala de máquinas del Estado, son miles las personas que ven complicada su cotidianidad por los problemas territoriales. Un caso notorio es el de Óscar Landázuri, un campesino del casco urbano que durante dos décadas ha emprendido una lucha judicial para formalizar tierras que su familia siempre poseyó.
Pero no es el único caso. La Agencia Nacional de Tierras confirmó que, a hoy, son más 20.000 los predios disputados que campesinos, afros o indígenas tienen en Tumaco para solucionar sus problemas de linderos. Estos no solo aumentan la conflictividad por la tierra, sino que obliga a que los ciudadanos se enfrasquen en procesos judiciales que, al ser civiles, demoran entre dos y cuatro años, según explicó el Ministerio de Justicia y cifras del Consejo Superior de la Judicatura.
¿Cómo solucionar el problema? Actualmente, hay un programa organizado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) que tiene como objetivo, como contaron sus directores, ayudar a “ordenar la casa” en Tumaco. Con el proyecto Nuestra Tierra Próspera, de esta entidad, se busca actualizar el catastro, negociar con grupos afro, indígenas y campesinos para así poder entregarle al Estado y sus instituciones toda la información de tierras para poder solucionar estos problemas.
Javier Florez, subdirector del programa en Tumaco, asegura que el municipio, a pesar de sus particularidades, puede ver una salida a todos sus problemas de tierras. “Esperamos que para 2025 tengamos un catastro actualizado y demostremos que, si los líos y problemas territoriales de Tumaco pueden ser solucionados, cualquier otro lugar en Colombia puede resolver retos similares”, cuenta.
En este especial, El Espectador le contará diferentes historias de cómo la resistencia, los procesos comunitarios y la resolución de conflictos se han convertido en una solución para casi medio siglo de líos territoriales. A pesar de la guerra y del abandono estatal, los tumaqueños guardan la esperanza de llevar a buen puerto peleas judiciales que han emprendido durante años y así, convertirse en un “municipio prototipo” en el que, a pesar de los retos, la justicia pudo llegar a sus habitantes.
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