Acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esa frase, aunque finalmente no es ley, pues no fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), es a lo que le apuntan ahora organizaciones de la sociedad civil. Consideran que es necesario, al menos, que el país debata sobre las propuestas que hizo este organismo creado con el Acuerdo de Paz, tras finalizar un detallado análisis sobre las raíces del conflicto armado y los motivos por los que se ha perpetuado durante tantos años. Uno de esos factores es la impunidad y el rol que ha tenido la justicia en la guerra.
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Precisamente, en el Informe Final que presentó en junio de 2022, la Comisión de la Verdad propuso, por ejempo, reformar la elección del fiscal general, crear una jurisdicción agraria, mejorar el acceso a la justicia en la ruralidad, entre otras 24 recomendaciones para superar la impunidad, según han identificado Viva la Ciudadanía y la Comisión Colombiana de Juristas. Aunque algunas de ellas fueron incluidas en otros artículos del Plan de Desarrollo, lo cierto es que volver realidad buena parte de ellas depende no solo del Gobierno, también de la rama judicial y del legislativo.
En palabras de Luciano Sanín, director de Viva la Ciudadanía: “tenemos un conflicto armado de 70 años que produjo lesiones, daños, devastaciones, no solamente sobre las personas, sino sobre la sociedad y sobre las instituciones. Uno de esos campos es la justicia. El Informe Final nos propuso una reflexión acerca de cómo se lesionaron las instituciones de la justicia en Colombia, veamos cómo las podemos mejorar para que el conflicto no se repita”. Precisamente es la intención de las organizaciones con una serie de foros que inician este martes, con el apoyo del Programa Justicia Inclusiva de USAID, del que participarán figuras clave de la justicia.
Les invitamos al ⚖ conversatorio: Reflexiones sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad frente a la impunidad y la justicia.
— Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) May 4, 2023
🗓9 de mayo
🕐8:00 a. m.
📍@UNALOficial, auditorio Virginia Gutiérrez
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Sanín considera que, aunque se cerró la ventana que había abierto el Plan de Desarrollo para “acoger”, como decía el artículo eliminado, las recomendaciones del Informe Final, aún hay tres argumentos por los que no deberían despreciarse. El primero, dice, es institucional: al firmar el Acuerdo de Paz y crear la Comisión, el Estado se comprometió a que el trabajo que produjeran tendría un valor. En segundo lugar, está que el propio Gustavo Petro asistió a la entrega del informe y se comprometió a cumplir las recomendaciones “a rajatabla”. Y, finalmente, muchas de las propuestas sí quedaron materializadas en el texto aprobado del PND.
Por ejemplo, la Comisión sugirió judicializar los entramados de crimen organizado y corrupción. El Gobierno logró que se aprobara, en la ley, la creación de una “estrategia nacional de lucha contra la corrupción”. También recomendó fortalecer las capacidades institucionales de la justicia en municipios y departamentos, y el Plan de Desarrollo, permite que se cofinancie la construcción y el mantenimiento de casas de justicia y centros de convivencia; sitios claves para resolver conflictos de manera pacífica. Pero de esta conversación también debe participar la rama judicial, que es autónoma.
A juicio de Luciano Sanín, en Colombia hemos entendido que la independencia de la justicia implica que el poder judicial esté ajeno al debate político. Al mismo, tiempo, los políticos han excluido a los jueces de muchas discusiones, como lo prueban un sinnúmero de reformas a la justicia que se han aprobado sin consultar a los funcionarios judiciales. A todo esto debe sumarse que, como comprobó la Comisión de la Verdad, los jueces, fiscales, policías judiciales y otros funcionarios han sido perseguidos en el conflicto. “Es un mundo de actores muy cerrado en sí mismo, que todavía no ha dialogado mucho sobre qué fue lo que le pasó”, añadió Sanín.
De allí que en la serie de foros que inician este 9 de mayo en la Universidad Nacional estén invitados, por ejemplo, jueces, como la magistrada Nadiezhda Henriquez de la Jurisdicción Especial para la Paz; exmiembro de la Comisión de la Verdad y del comité que le hace seguimiento a su legado, así como académicos, otros miembros de organizaciones de derechos humanos y hasta integrantes del Gobierno, como el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña. También participarán defensores de derechos humanos y operadores de justicia de los territorios, como José Fredy Aguilera, líder social de Sucre.
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El líder Aguilera le dijo a este diario: “Desde el territorio sucreño, que ha sido golpeado fuertemente por la violencia, por los actores armados, creo que sería importante que estas recomendaciones se implementaran, en la medida en que pueden abonar el camino de la reconciliación. Eso es fundamental para sentir que los hechos victimizantes que sucedieron acá no están del todo impunes y que se generen nuevas relaciones sociales en nuestro departamento”. Para comenzar a andar ese camino, considera Sanín, primero hay que poner el debate y eso es lo que pretenden.
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