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Un inmenso edificio con aspecto de hangar pasó de ser territorio de guerra a convertirse en “piloto de paz”. Durante los últimos ocho años, el barrio Calle en Quibdó (Chocó) se convirtió en una zona de distensión en donde las pandillas impusieron su control y con él obligaron al cierre de la única planta de producción agrícola de la ciudad con maquinaria para el procesamiento de alimentos en toneladas. Sin embargo, en lugar de abandonar el territorio, los pobladores y productores de arroz lograron reabrir el centro y demostrar que los procesos comunitarios pueden hacerle frente al estruendo de las balas.
El pasado 18 de abril, El Espectador asistió a la reinauguración del Centro Productivo de Paz, en Quibdó. La planta llevaba ocho años abandonada a causa de extorsiones y falta de mínimos básicos como agua potable y energía, pero gracias a Cocomacia, el consejo afro más grande del país, y el apoyo de Usaid, ACDI/VOCA y Acumen, la esperanza ahora recae en que este centro agrícola pueda paliar algunos de los problemas más constantes del departamento, entre ellos el hambre o la falta de oportunidades.
“La reapertura de la planta trae desarrollo. Se nos mejora la vida y hace que la tierra que por tanto tiempo ha sido olvidada, merezca ser recordada”, dijo en la inauguración la poetisa Coco Kilele. Es tanta la importancia de esta reapertura que el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, y la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, asistieron al evento. “Con estabilidad económica se construye paz. Espero que este arroz sea parte de la gran red de empresas productivas que van a hacer de Chocó una marca para comprar en todas partes”, dijo la gobernadora.
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Darío Córdoba aún recuerda ese día de 2015 en que ocho jóvenes armados entraron apresurados a la planta de procesamiento a pedir la extorsión de la semana. Él, acostumbrado a la situación de seguridad de Quibdó, no tenía más remedio que obedecer. Solo desde ese año, la Fundación Círculo de Estudios, contabiliza en más de 500 los jóvenes asesinados a causa de una “guerra de pandillas” que extorsionan, roban o sirven a los intereses de grandes grupos, como ELN, Clan del Golfo o Los Mexicanos. La Policía, por su parte, ha registrado más de 169 asesinatos desde 2022.
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Muchas veces, Córdoba fue a la Fiscalía a denunciar e intentar salvar el negocio. “Ponga la denuncia. Pero eso no va a pasar nada”, fue la respuesta del funcionario que recibió la denuncia. Hasta que, una mañana, cuando los pescadores apenas empezaban a abordar las barcazas en busca de pescado, este hombre recibió la que sería la última amenaza que aceptaría. “Don Darío. Necesitamos $3 millones para las 10:00 a.m., no hay negociación”, dijeron a través de una llamada.
Entonces Córoba decidió, junto con los demás trabajadores, que era hora de cerrar la planta. No podían seguir operando, pues las pocas ganancias que dejaba el procesamiento, secado y empaquetado de arroz tenían que distribuirse en sueldos bajos, mantenimiento y la otra parte en “vacunas”.
A partir de ahí se dio un efecto dominó que solo dejó daños. Con el cierre de la planta se acabó el único procesamiento agrícola a gran escala y comunitario en Quibdó; los campesinos dejaron de cosechar un arroz que nadie les compraría; y Chocó empezó a depender de la importación y el comportamiento del mercado para poder nutrir el departamento con mayor inseguridad alimentaria del departamento.
La situación de seguridad llegó a un punto extremo en época de pandemia. De vez en cuando, Darío o alguno de sus subalternos visitaba la planta buscando alguna solución para poder trabajar, pero en los últimos tres años, nadie podía acercarse al centro a intentar salvar algunas de las máquinas o procesar el arroz a puerta cerrada. La razón: para llegar a la instalación debían atravesar tres de los barrios más peligrosos de Quibdó, como El Reposo, donde hay células de grupos armados, o el barrio 2° de mayo, un territorio que se construyó con los desplazados de la masacre de Bojayá en 2003.
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La reapertura del centro productivo fue un trabajo a varias manos en que todos aportaron, literalmente, su grano de arroz para seguir adelante. La diócesis de Quibdó insistió siempre en el diálogo entre las bandas y los productores. La cooperación internacional ofreció espacios de encuentro y mediadores que se encargaran de llegar a acuerdos pacíficos entre los líderes de los grupos armados y la comunidad.
Pero las personas que más mérito se llevan en este proceso son los integrantes de Cocomacia, el consejo afro más grande del país. Creado desde 1982, es uno de los garantes de convencer a las comunidades de apostarle a producir arroz y enfocarse en la paz. Su tarea no se ha quedado solo ahí. Desde hace 40 años, los líderes negros de este consejo “son los responsables de que aún haya personas habitando Chocó y Antioquia en medio de la guerra. Hemos ido a confrontar autodefensas, guerrillas y militares para rescatar a los jóvenes afro reclutados o exigir la entrega inmediata de los secuestrados”, recuerda Santiago, líder afro de Cocomacia.
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Siguiendo las costumbres de resolver los problemas a través del diálogo y el bien común, varios de los integrantes de Cocomacia hablaron con los líderes de las pandillas para vender la idea de que “si hay seguridad alimentaria, hay oportunidades. Si hay oportunidades, puede que haya menos guerra en nuestra ciudad y esto repercute en todo el pasado de violencia que hemos tenido”, dijo uno de sus miembros a El Espectador.
El esfuerzo comunitario de Cocomacia, aunque importante, no era suficiente para revivir una empresa que estaba abandonada y debía ser resucitada desde cero. Para poder volver al mercado necesitaban maquinaria y dinero que ni la Gobernación, Alcaldía o Gobierno Nacional entregaron para reabrir la planta.
Al conocer la propuesta de apostarle a la paz y lograr réditos sociales, Acumen, una empresa inversionista, decidió desembolsar un capital para poder darle vida nuevamente a la planta de arroz. Jorge de Angulo, director de esta industria en Latinoamérica, explicó que el propósito de la inversión es “tener un impacto social. En Chocó y Quibdó no hay oportunidades porque la situación de conflicto armado causa mucha desconfianza a las empresas. Pero alguien tenía que decir ‘oiga, apostémosle a esto’. Desde Acumen nos propusimos a sacar esta comunidad hacia adelante y sentar el precedente de que incluso en circunstancias adversas”.
Mientras Acumen se encargaba de los temas financieros, fue tarea de Cocomacia idear un proyecto social para que, a futuro, la planta no fuera blanco de extorsiones. Con meses de diálogos y negociaciones entre los grupos armados, los líderes negros lograron que la planta fuera considerada como un piloto de paz. Es decir, que al igual que colegios, hospitales o ancianatos, se pactó con las bandas, que ese edificio, sus trabajadores y los productos no podrían ser incluidos dentro de las dinámicas de guerra.
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Quibdó continúa siendo, según el DANE, la ciudad más pobre del país y el territorio con mayor inseguridad alimentaria de Colombia. Sus ciudadanos sobreviven a diario con menos de $30.000 pesos y, apenas durante la última semana, hubo unas tres balaceras entre bandas. Para Santiago, el líder afro de Cocomacia, estas son problemáticas que deben ser superadas y que no son nuevos para la capital chocoana.
De ahí que su principal preocupación actual es que la Alcaldía y Gobernación proporcionen mínimos básicos para que el proyecto sea sostenible. Por ejemplo, vías y carreteras, que hoy son trochas intransitables, para que el arroz pueda ser transportado desde el centro de procesamiento hasta el centro de Quibdó. También, que haya electricidad (que constantemente es cortada) para que las máquinas puedan utilizarse y así producir las cuotas mínimas.
Por su parte, Jorge de Angulo, de Acumen, asegura que lo más importante del proyecto es crear una cultura en que los miembros de la planta aprovechen la ayuda para posicionar la empresa en un lugar alto del mercado. “No pretendemos ser asistencialistas, entregar el dinero y ya. Queremos que Cocomacia y Espiga del Atrato, que es la empresa que se creó para producir y distribuir el arroz, se sostenga a través de un modelo diferente al de la cooperación, que es solo apoyar económicamente y esperar resultados”, dijo el inversionista.
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Lo que produce esta planta podría ser utilizado, por ejemplo, por el Plan de Alimentación Escolar en Chocó, que adjudica contratos superiores a los $10.000 millones. Incluso, desde la Alcaldía se podría pactar compras de toneladas de arroz para abastecer hospitales o cárceles. Además, cuenta Darío Córdoba, no se descarta la posibilidad de exportar el arroz, pues solo el primer día en que entró a funcionar la planta, lograron vender 300 bultos de este grano y concertar contratos con restaurantes y privados.
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Al finalizar la inauguración de la planta, Darío recuerda todos los años que vivió con miedo a causa de las extorsiones. Para él, la planta de arroz es un gesto de paz simbólico, ya que lo que realmente causa este centro de producción, es que los chocoanos, en vez de sumergirse en el universo de la guerra o el crimen organizado, sientan un arraigo por su tierra y le apuesten a desarrollar, a pesar de las condiciones adversas, un territorio que “siempre le voltearon la cara, pero hoy puede convertirse en referente de resiliencia”.
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