¿Qué es la UNP y cuáles son sus funciones?

Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La entidad encargada de proteger y salvaguardar la vida de miles de personas que son amenazadas en el país está en un nuevo velo de incertidumbre. Este martes, en la vía que conduce de Medellín a Anorí, siete personas fueron detenidas por un comando militar del Ejército mientras se transportaban en vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP); una institución creada desde 2011 para garantizar que defensores, líderes sociales, firmantes de paz y personas de alto riesgo en Colombia, sean protegidas y se mitiguen los riesgos de sufrir atentados.

Las críticas aumentaron cuando, en ese retén, las autoridades comprobaron que en esos vehículos se transportaban siete integrantes del Estado Mayor Central que tenían vigentes órdenes de captura en su contra y, además, que portaban con ellos $60 millones en efectivo, armas y equipo tecnológico de inteligencia.

Los hombres inicialmente fueron capturados y una oleada de dudas se elevó sobre qué papel cumple la UNP y en qué escenarios debe, o no, prestar sus activos para la protección de los colombianos. Le contamos.

¿Qué es la Unidad Nacional de Protección?

La Unidad Nacional de Protección nació oficialmente el 31 de octubre de 2011. Su creación estuvo determinada por el cierre definitivo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que se encargaba de la protección e inteligencia y que quedó retratado en repetidas ocasiones de haber violado su mandato de proteger a las personas en riesgo. Por ejemplo, según constató la Corte Suprema de Justicia al condenar a Jorge Noguera, director de esa entidad, los despachos que hacían el trabajo de la UNP, en su momento, fue acusada bajo su dirección de haberse puesto al servicio de grupos paramilitares.

Juan Manuel Santos, presidente en ese entonces, firmó el decreto que dio nacimiento a la UNP. Además, le otorgó autonomía financiera, un patrimonio determinado y estableció que esa institución, de ahí en adelante, estaría adscrita al Ministerio del Interior para salvaguardar la vida de quienes estén en riesgo a causa de su trabajo, como políticos, funcionarios públicos, líderes sociales, defensores de derechos humanos o, como sucedería años después, firmantes de paz de las extintas Farc.

“El Estado debe proteger de manera especial a las personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad (...) y adelantar funciones relacionadas para la ejecución de planes, programas, proyectos, acciones y estrategias orientadas para ello”, reza el decreto.

¿Cómo funciona?

Su trabajo, en pocas palabras, es estudiar denuncias de amenazas y posibles riesgos que las personas reportan para que sus funcionarios diseñen programas de protección y garantía de derechos. Pero hay una condición: la o las personas que están en riesgo deben presentar una solicitud formal para recibir medidas de protección. De lo contrario, la UNP no puede intervenir.

Sin embargo, en 2015 un nuevo decreto organizó aún más las funciones de la UNP y determinó que todo su trabajo debería estar orientado a los tipos de riesgo que enfrentan las personas a la hora de garantizar su vida o continuar haciendo su trabajo. Así las cosas, el decreto 1066 de 2015 estableció que existen tres tipos de riesgos: ordinario, extraordinario y extremo.

Dependiendo de las amenazas que reporta, por ejemplo, un líder indígena, la UNP acepta o no brindar protección a esta persona y puede entregar escoltas, camionetas, chalecos antibalas, un teléfono celular o un programa completo en que se busque proteger la vida de los denunciantes.

Varios han sido los casos en que quienes están en riesgo aseguran que su vida depende de que la UNP los proteja o, de lo contrario, queden desprotegidos frente a una amenaza inminente. Hace poco más de un mes se conoció el caso del director de la cárcel La Modelo, el coronel Élmer Fernández, que a causa de su trabajo en un lugar de alto riesgo como es una prisión, debía contar con un esquema de seguridad por parte de la UNP. Sin embargo, tramites administrativos al interior del Inpec impidieron que la solicitud llegara a la UNO y, justo en esa demora burocrática, fue asesinado en Bogotá.

Las personas que les son asignadas medidas de protección como camionetas y escoltas son especialmente quienes están en riesgo extremo; es decir, personas que demuestran que un atentado en su contra es “inminente y grave” y usualmente son líderes sociales, periodistas, testigos de casos judiciales vinculados a la violación del Derecho Internacional Humanitario o servidores públicos que trabajen en la lucha contra el crimen o la corrupción.

También entran en esa categoría magistrados, jueces o apoderados que, a causa de los expedientes que llevan en las cortes, pueden correr riesgos de ser atacados a causa de su trabajo, pues ponen contra las cuerdas a estructuras o cabecillas del crimen organizado con sus decisiones en los estrados.

Fallas en el servicio

Que siete integrantes de un grupo armado estuvieran utilizando los bienes de la Unidad Nacional de Protección originó preguntas sobre si la entidad está siendo utilizada para los fines con los que fue creada. Colombia +20 explicó ayer que estos integrantes sí pueden movilizarse en estos automotores, pero con excepciones, debido a que actualmente vienen adelantando diálogos de paz con el Gobierno y eso les da algunos beneficios.

Pero no ha sido la única queja que esta entidad ha tenido. Humans Rights Watch (HRW), una ONG de derechos humanos aseguró en 2021 que a sus despachos han llegado docenas de denuncias de fallas en el servicio dentro de las oficinas de la UNP a la hora de proteger líderes, campesinos, indígenas y defensores de derechos.

Así sucedió con Rodrigo Salazar Quiñones, un vocero indígena awá que fue asesinado en Tumaco y que en reiteradas ocasiones pidió protección a la UNP. Salazar, que llevaba clamando ayuda desde 2014, le fue asignado tres escoltas y una camioneta blindada para proteger su vida. Pero las cosas cambiaron cuando la UNP redujo su esquema de seguridad a un solo escolta y un teléfono celular, algo que Los Contadores, un grupo criminal de Nariño, aprovechó para asesinarlo por “interferir en la circulación de sus integrantes en la zona”, según explica HRW.

Hay otros casos en los que voceros, líderes o políticos hacen todo el trámite de medidas de protección y a causa de demoras administrativas o decisiones internas en la UNP, no se aprueba el esquema y finalmente, estas personas son atacadas.

“Hay una implementación lenta de los planes de protección colectiva para comunidades y organizaciones en riesgo. El Gobierno todavía no ha implementado un plan de protección integral a cargo del Ministerio del Interior que fue establecido en 2018. Los esfuerzos por parte de la UNP para implementar su propio programa de protección colectiva han enfrentado graves restricciones presupuestarias, entre otras”, asegura HRW.

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