¿Cómo solicitar una indemnización si es víctima del conflicto armado?

Para las personas víctimas de desplazamiento forzado, homicidios, secuestros o violencia sexual en el marco del conflicto armado, es importante acceder a un proceso de acompañamiento y reparación integral que les restablezca sus derechos. Es por esto, que la Unidad para las Víctimas ha dispuesto una ruta para que la víctima o los familiares del afectado puedan recibir una indemnización económica, que puede ser de 10 a 40 SMLV, de acuerdo al hecho victimizante que hayan vivido.

El primer paso para poder acceder a este beneficio es estar registrado en el Registro Único de Víctimas (RUV). Para este proceso, la víctima debe presentar ante la Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría o Consulados (en caso de estar en el exterior), una declaración escrita en donde detalle los hechos que sufrió en el marco del conflicto armado. En cuanto la solicitud sea aceptada en el RUV, la Unidad tiene 120 días hábiles para notificar la decisión sobre la solicitud de indemnización.

Es importante tener en cuenta que la Unidad en este tiempo definirá a qué Ruta de Atención podrán acceder las víctimas. Tal procedimiento se encuentra reglamentado en la Resolución 1049 de 2019 y contempla tres rutas:

La primera es la Ruta Priorizada, mediante la cual serán atendidas víctimas que por razones de su edad, enfermedad o discapacidad se encuentran en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad; la segunda es la Ruta General, a través de la que se atenderán víctimas que no se encuentren con alguna de las situaciones descritas para acceder a la ruta priorizada; y la tercera es la Ruta Transitoria, en la que se atiende a víctimas que previo al 06 de junio del 2018 hayan adelantado su proceso de documentación con la Unidad para las Víctimas.

Para la entrega de la indemnización, la Unidad para las Víctimas se rige en los principios de gradualidad y sostenibilidad fiscal establecidos en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, la cual reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad y a ser reparadas económicamente y psicológicamente por el daño sufrido. En caso de ser víctima de desplazamiento forzado, también tendrán derecho a acceder a la restitución de tierras y la reubicación por parte de la entidad.

Después de asignar la ruta de priorización, la Unidad analizará diversas características de las víctimas mediante la evaluación de variables demográficas; socioeconómicas; de caracterización del hecho victimizante y de avance en la ruta de reparación, con el propósito de generar un puntaje que permita establecer el orden más apropiado para entregar la compensación administrativa de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad.

Las víctimas que no resulten priorizadas con la aplicación del método, deberán esperar a que se les aplique en el año siguiente, y así de forma sucesiva hasta que obtenga el puntaje necesario que le permita acceder a un turno para el pago de la indemnización administrativa, cabe aclarar que esto podrá tardar varios años.

Según cifras de la Unidad para las Víctimas, en 2023, 143.602 personas fueron beneficiadas con una inversión de 1,6 billones de pesos, de los cuales, el 50% han sido beneficios para mujeres, que en su mayoría son madres cabeza de hogar.

Asimismo, los departamentos en los que más se logró indemnizar, fueron Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Bolívar y Norte de Santander, territorios que durante décadas han vivido las afectaciones de los grupos armados. La entidad espera que para finales del 2024, se logre brindar la reparación económica a 250.000 víctimas, para cumplir la meta del 69% de poblaciones resarcidas por el conflicto.

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Para las personas víctimas de desplazamiento forzado, homicidios, secuestros o violencia sexual en el marco del conflicto armado, es importante acceder a un proceso de acompañamiento y reparación integral que les restablezca sus derechos. Es por esto, que la Unidad para las Víctimas ha dispuesto una ruta para que la víctima o los familiares del afectado puedan recibir una indemnización económica, que puede ser de 10 a 40 SMLV, de acuerdo al hecho victimizante que hayan vivido.

El primer paso para poder acceder a este beneficio es estar registrado en el Registro Único de Víctimas (RUV). Para este proceso, la víctima debe presentar ante la Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría o Consulados (en caso de estar en el exterior), una declaración escrita en donde detalle los hechos que sufrió en el marco del conflicto armado. En cuanto la solicitud sea aceptada en el RUV, la Unidad tiene 120 días hábiles para notificar la decisión sobre la solicitud de indemnización.

Es importante tener en cuenta que la Unidad en este tiempo definirá a qué Ruta de Atención podrán acceder las víctimas. Tal procedimiento se encuentra reglamentado en la Resolución 1049 de 2019 y contempla tres rutas:

La primera es la Ruta Priorizada, mediante la cual serán atendidas víctimas que por razones de su edad, enfermedad o discapacidad se encuentran en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad; la segunda es la Ruta General, a través de la que se atenderán víctimas que no se encuentren con alguna de las situaciones descritas para acceder a la ruta priorizada; y la tercera es la Ruta Transitoria, en la que se atiende a víctimas que previo al 06 de junio del 2018 hayan adelantado su proceso de documentación con la Unidad para las Víctimas.

Para la entrega de la indemnización, la Unidad para las Víctimas se rige en los principios de gradualidad y sostenibilidad fiscal establecidos en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, la cual reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad y a ser reparadas económicamente y psicológicamente por el daño sufrido. En caso de ser víctima de desplazamiento forzado, también tendrán derecho a acceder a la restitución de tierras y la reubicación por parte de la entidad.

Después de asignar la ruta de priorización, la Unidad analizará diversas características de las víctimas mediante la evaluación de variables demográficas; socioeconómicas; de caracterización del hecho victimizante y de avance en la ruta de reparación, con el propósito de generar un puntaje que permita establecer el orden más apropiado para entregar la compensación administrativa de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad.

Las víctimas que no resulten priorizadas con la aplicación del método, deberán esperar a que se les aplique en el año siguiente, y así de forma sucesiva hasta que obtenga el puntaje necesario que le permita acceder a un turno para el pago de la indemnización administrativa, cabe aclarar que esto podrá tardar varios años.

Según cifras de la Unidad para las Víctimas, en 2023, 143.602 personas fueron beneficiadas con una inversión de 1,6 billones de pesos, de los cuales, el 50% han sido beneficios para mujeres, que en su mayoría son madres cabeza de hogar.

Asimismo, los departamentos en los que más se logró indemnizar, fueron Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Bolívar y Norte de Santander, territorios que durante décadas han vivido las afectaciones de los grupos armados. La entidad espera que para finales del 2024, se logre brindar la reparación económica a 250.000 víctimas, para cumplir la meta del 69% de poblaciones resarcidas por el conflicto.

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