Según Medicina Legal, 70 de los más de 600 homicidios que han ocurrido en Quibdó (Chocó) en la última década, se registraron entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024. La disputa territorial entre bandas criminales ha silenciado a su paso cientos de proyectos de vida. Este 23 de agosto de 2024, durante un encuentro con víctimas, madres y jóvenes de la zona, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, estuvo escuchando la gravedad de la situación de la ciudad y anunció la conformación de un grupo de trabajo para investigar la sistematicidad de los asesinados.
El evento, llevado a cabo en Quibdó y auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), mostró cómo seis programas de esta entidad se unieron para colaborar en la desestigmatización de la juventud y la promoción de iniciativas de esperanza, además de facilitar el acceso a la justicia. En entrevista con El Espectador, Anupama Rajaraman, directora de la misión de USAID para Colombia, explicó cómo la organización está transformando vidas y comunidades, abordando de manera integral los retos del territorio.
¿Por qué USAID está enfocando sus programas en un territorio como Quibdó?
Nos preocupa mucho el contexto de violencia, crimen y, en particular, los homicidios de jóvenes en el municipio de Quibdó. Entendemos que la violencia es una extensión de décadas de conflicto armado en Colombia. No solo enfrentamos pandillas, sino que los grupos armados han evolucionado a partir de actores ilegales conectados al conflicto armado en el país. Una estadística que nos preocupa mucho es que, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, más de 600 jóvenes han sido asesinados en Quibdó. Vemos que es la juventud la que está siendo atacada, y eso es inaceptable.
¿Cuáles son esos programas con los que desde Usaid están actuando sobre esta problemática?
Para enfrentar este contexto particular de Quibdó, tenemos un esfuerzo integrado con seis programas activos. Estos programas están trabajando en áreas distintas. Por ejemplo, a través Justicia Inclusiva, estamos documentando más de 100 casos de homicidios, ofreciendo acompañamiento psicológico a más de 200 madres, y representando legalmente a 30 casos. Hay un componente de nuestra asistencia que es apoyo legal y jurídico, algo que responde a lo que hemos escuchado directamente de las madres. También hemos brindado apoyo psicosocial a las madres y cuidadores afectados por la violencia.
Lo que hemos visto en los medios y aprendido de la comunidad es que existe una estigmatización hacia estos jóvenes, como si todos fueran criminales o estuvieran involucrados en actividades ilegales. Eso no es cierto. Los jóvenes en Quibdó, como en cualquier otra región, buscan oportunidades económicas y educativas. Uno de nuestros objetivos centrales es visibilizar y desestigmatizar los homicidios. Hacemos esto a través de campañas como “Galería de sueños apagados” y “Exprésate saludablemente”, que buscan cambiar la narrativa negativa sobre estos jóvenes a una narrativa de esperanza y positividad.
También tenemos actividades que crean oportunidades económicas y educativas para los jóvenes en Quibdó. Por ejemplo, a través de nuestra actividad “Jóvenes resilientes”, hemos apoyado a 32 emprendimientos juveniles, transformando espacios de miedo en entornos protectores. Esto es fundamental porque, como hemos aprendido, en este momento los jóvenes tienen miedo de salir de sus casas, de ir al colegio. Es crucial crear espacios de protección donde puedan sentirse seguros, crecer, desarrollarse y participar en actividades positivas. En esta línea, hemos coordinado con el SENA para ofrecer formación en empleabilidad, también para las madres.
¿Cuáles cree que deben ser las próximas acciones con relación a la investigación sobre los homicidios de los jóvenes?
Empezaré mencionando el compromiso. El hecho de que la fiscal general de la Nación tomara el tiempo para venir aquí, sentarse con las madres y los jóvenes, escuchar y aprender, es una muestra importante de su compromiso. También había fiscales de la región con nosotros, y ellos comunicaron su firme compromiso de entender mejor el contexto y priorizar la situación.
Durante nuestra visita, vimos un documental apoyado por Usaid llamado “A menos que bailemos”. Este documental fue creado para destacar la situación de los jóvenes, específicamente un grupo llamado Black Boys, que se formó hace años para utilizar el arte, la danza y otras formas de expresión como medios para sobrevivir en este contexto de violencia. Actualmente, el grupo Black Boys en Chocó cuenta con más de 200 jóvenes que forman parte de este espacio positivo. El documental también destacó el número de homicidios en Quibdó en los últimos años. Para mí y para la fiscal general fue muy impactante conectar los testimonios compartidos en el documental con los esfuerzos que apoyamos en Usaid y los esfuerzos que está llevando a cabo la Fiscalía.
¿Y cuál es el compromiso de Usaid, especialmente con los anuncios que hizo la Fiscal, como el grupo de trabajo para investigar estos homicidios?
No puedo hablar en nombre de la Fiscalía General. Sin embargo, el compromiso que tenemos juntos es continuar trabajando para enfrentar esta situación. Ya tenemos una colaboración muy valiosa, apoyando mesas de trabajo para priorizar esta situación y casos específicos. Continuaremos trabajando en esa línea de acción juntos.
Quiero reiterar que Usaid está comprometido con los jóvenes y las comunidades de Quibdó. Continuaremos trabajando para mejorar la situación, creando más oportunidades económicas y sociales para los jóvenes y sus familias, para que puedan vivir vidas dignas en Quibdó, para que sus derechos humanos sean protegidos, y para que podamos crear una cultura de paz y seguridad aquí.
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