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Uno de los esfuerzos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sido socializar que la justicia no solo se asocia a jueces y fiscales. También tiene componentes ancestrales y hasta para resolver conflictos sin la necesidad de acudir a abogados. Un ejemplo de ello, según Anupama Rajaraman, directora de USAID Colombia, son los 13.348 acuerdos que se han pactado gracias a los métodos alternativos para resolver conflictos. En entrevista con El Espectador, Rajaraman entregó detalles sobre la participación de la agencia en el sector justicia, los apoyos que han brindado a los entes de control y sus desafíos para 2024. Además, dio algunas puntadas sobre nuevos proyectos, como “Raíces”, una iniciativa de financiamiento a organizaciones locales con el fin de impulsar el desarrollo en sus comunidades.
(Conozca: Raíces: una forma de apoyo para organizaciones afro e indígenas en temas de paz)
¿En qué consiste la estrategia “Raíces” que impulsa USAID?
Quisiera iniciar con algunos datos para contextualizar la situación que enfrentan las comunidades étnicas en Colombia. Cerca del 38% de los afrocolombianos y 27% de los pueblos indígenas están registrados como víctimas del conflicto armado. Estamos hablando de más de 1,8 millones de personas. Y cuando uno compara esa estadística con comunidades no étnicas cuenta una historia muy diferente. Por supuesto, hay otras poblaciones vulnerables: campesinos, mujeres, jóvenes, poblaciones rurales y población LGBTIQ+, pero relacionado con cualquier indicador socioeconómico, las comunidades étnicas sufren mucho más que cualquier otra en el país. ¿Por qué? Porque han sido históricamente discriminadas. Han enfrentado una falta de servicios básicos y oportunidades que se traduce en condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad.
El núcleo de nuestra estrategia en Colombia es la inclusión, que es un tema transversal, y Raíces es una de muchas respuestas a ese contexto que mencioné. Raíces es una nueva oportunidad de financiamiento de USAID, mediante la cual vamos a financiar alrededor de US$20 millones en múltiples iniciativas, limitando la competencia a organizaciones colombianas. Reconocemos que las organizaciones locales tienen experiencia en trabajar directamente con las comunidades étnicas, pues conocen sus necesidades mejor que otras. Tenemos que escuchar sus visiones para el desarrollo en sus propios territorios porque son las comunidades quienes tienen las soluciones. No vamos a tener las soluciones dentro de una sala de conferencia de USAID.
¿Con cuántas organizaciones esperan contar en este proyecto para este año?
Es un proceso con varios pasos. Lo primero que hicimos fue abrir sesiones de escucha en cinco regiones (Pacífico, Sur, Central, Norte y Oriente) para informar el diseño de Raíces. Luego, el 2 de febrero, abrimos la convocatoria, que irá hasta el 5 de abril. Hasta el momento hemos recibido más de 500 expresiones de interés. Y, para asegurar la mejor difusión y transparencia sobre Raíces, realizaremos sesiones de divulgación en seis municipios (Quibdó, Tumaco, Valledupar, Cali y Florencia) incluyendo también a Bogotá. En esos espacios presentaremos los criterios de la convocatoria, el proceso de evaluación y selección, y también es una oportunidad de responder las preguntas que tienen las organizaciones. Tenemos confianza que al final del proceso vamos a tener socios muy fuertes porque la idea es que trabajemos juntos diseñando estrategias. Las organizaciones locales estarán al frente de todo el proceso, no nosotros.
Es un beneficio en doble vía, tanto para ustedes como agencia de cooperación internacional, como para las organizaciones locales…
Sí. Estamos evolucionando nuestro modelo de asistencia y de desarrollo fuera de unas relaciones entre donante y beneficiario. A mi no me gusta la palabra beneficiario porque tiene un significado de recipiente de asistencia, pero estas organizaciones son mucho más que eso, son nuestros socios. Toda esa dinámica en sociedad va a ser integrada en estos nuevos acuerdos con las organizaciones locales. Ellos van a ser los líderes en la implementación de los proyectos, vamos a estar aquí para apoyarlos, pero son ellos quienes van a implementar sus iniciativas de desarrollo en sus comunidades.
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Durante gran parte de 2023, el programa Justicia Inclusiva de USAID le apostó a la justicia centrada en las personas. ¿Cómo puede valorar los logros y esfuerzos que hizo el programa durante el año pasado?
El año pasado, a través del programa Justicia Inclusiva, trabajamos muy de cerca con la Fiscalía General de la Nación para alcanzar algunos logros específicos. Con nuestro apoyo, la Fiscalía avanzó en la investigación de 3.500 casos de violencias basadas en género y en 332 homicidios y amenazas en contra de líderes sociales. También los apoyamos en el desmanetelamiento de dos redes de trata de personas y explotación sexual. Hemos visto una reducción en los homicidios de defensores de derechos humanos, pero el número sigue muy alto, y este tema es una prioridad para el Gobierno de Estados Unidos. Estamos trabajando con nuestros colegas en otras acciones para implementar una estrategia holística en conjunto con el Gobierno colombiano para denunciar esos homicidios que son 100% inaceptables.
También apoyamos a las comisarías de familia, dotándolas con recursos adicionales y con la implementación de la estampilla familiar, que es una realidad en 27 municipios afectados por la pobreza y la violencia. También reconocimos que las herramientas de resolución de conflictos alternativos son métodos valiosos, particularmente en un país como Colombia, donde el acceso a la justicia no está disponible en todas las regiones del país. Entonces, con el Ministerio de Justicia hemos trabajado para fomentar los mecanismos de resolución de conflictos que han facilitado más de 13.348 acuerdos pacíficos. También facilitamos el acceso a la justicia a ciudadanos y ciudadanas a través de las Jornadas de Justicia Móvil, en las que se atendieron necesidades de justicia de 16.575 personas.
¿Qué expectativas tienen para este 2024?
Este año queremos seguir trabajando en el sector justicia y el sistema de justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y también con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), para consolidar la visión de la justicia centrada en las personas, principalmente para aquellas que fueron afectadas por el conflicto armado: mujeres, población LGBTIQ+, líderes sociales, defensores de derechos humanos y también las poblaciones étnicas. Vemos una alineación muy fuerte con el Gobierno colombiano y queremos aprovechar esa visión para institucionalizar nuestros esfuerzos.
Un ejemplo de acceso a la justicia para las víctimas de hechos violentos fue la creación del Museo de Mampuján. Allí, por ejemplo, la justicia llegó a través de la reparación. Lo mismo sucedió en municipios y poblaciones con herencias de la guerra y el abandono estatal. Ante eso, ¿por qué es importante apostarle a fortalecer la justicia?
Mampuján es un ejemplo que demuestra que estamos convencidos de que la justicia transicional es la ruta para Colombia en cuanto a paz y convivencia. Esperamos continuar apoyando comunidades que se están sanando y recuperando de actos violentos. Tuvimos el gran honor de apoyar y acompañar a la comunidad de Mampuján en su sueño de compartir su historia a través del Museo de la Memoria, que es también el primer museo afro del país.
Mampuján es una comunidad que ha visto el impacto del conflicto armado y cómo sus miembros pueden unirse para obtener justicia y convertir un pasado atroz para sanar, reparar y construir tejido social. Fue maravilloso visitarlo, salí de esa visita con mucha esperanza porque antes de ir leí muchas notas sobre violencia, homicidios, masacres y es difícil imaginar cómo una comunidad puede sobrevivir a ataques sobre sus derechos humanos de una manera tan violenta y siguen como sobrevivientes. Y no solo eso: también son inspiración para muchas otras comunidades en el país.
(Más información: Mampuján: un museo para hacer memoria por las víctimas)
Luego de adentrarse en el ecosistema de la justicia en Colombia, ¿Cómo evalúa este derecho en Colombia? ¿Qué retos hay aún pendientes en la materia teniendo en cuenta el trabajo que han hecho?
El camino hasta ahora ha tenido muchos avances, pero también quedan desafíos que dificultan una garantía integral del derecho fundamental del acceso a la justicia de los colombianos. Hay poblaciones específicas que sufren más que otras, y hay comunidades que tienen aún más acceso a esa justicia. El enfoque de la justicia centrada en personas permite que tanto las políticas públicas como la gestión investigativa y judicial de los casos se base en las necesidades de las personas, facilitarles el tránsito por estas rutas y resuelva problemas que afectan su vida. En Colombia ha habido muchos avances con este enfoque; la sociedad civil ha sido un actor clave para poner en la agenda pública la necesidad de poner a las víctimas, comunidades y ciudadanos en el centro de decisiones.
Pienso que un desafío principal en todos nuestros esfuerzos es la impunidad: es el motor del conflicto, el motor de todos esos crímenes, homicidios y masacres, pues permite que siga ese tipo de violencia. Por esa razón seguimos trabajando y urgiendo a la Fiscalía a avanzar en estos casos y dar símbolos al país y a todos los actores criminales y grupos armados; que entiendan que no es aceptable y habrá consecuencias a esos tipos de acciones. Enfrentarla es central a todos nuestros esfuerzos.
El programa Justicia Inclusiva, con el fin de centrar la justicia en las personas, ha estado presente en varios escenarios: restitución de tierras, temas de género, jurisdicción indígena y afro, y también ha hecho parte importante en la protección de los derechos humanos. ¿Se puede entender la presencia del programa en estos ámbitos como un intento de construcción de paz? ¿Por qué?
La justicia es el pilar de cualquier democracia en el mundo y también es un derecho fundamental. En Colombia lo más importante es reconocer las diversidades, las necesidades de comunidades étnicas, campesinos, poblaciones rurales, comunidad LGBTIQ+. Un ejemplo de cómo estamos apoyando al Estado a reconocer, respetar y trabajar de una forma que garantice las diferencias es una actividad que apoyamos con la Fiscalía para sobrellevar algunos protocolos específicos para enfrentar casos de violencia contra la comunidad LGBTIQ+. Luego de apoyarlos, adoptaron esos protocolos y al principio fueron opcionales, vistos como una recomendación. Pero la Fiscalía hace un par de meses incluyó esos protocolos para que fueran requeridos para dar trámite a los casos de violencia contra esa comunidad.
(Entérese: Gloria López, nueva presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial)
¿Cuáles son los retos y desafíos de USAID en Colombia para este 2024 respecto a la construcción de paz y el acceso a la justicia?
Para 2024 un reto y oportunidad tiene que ver con los nuevos mandatarios locales. Ya hemos empezado nuestro acercamiento con nuevos alcaldes, alcaldesas y gobernadores para construir relaciones productivas y aliviar nuestros esfuerzos en todos los temas que trabajamos, incluyendo materia de acceso a la justicia, programas de comunidades étnicas y la protección de derechos. Tengo mucha esperanza porque estamos bien alineados en estas prioridades. Por ejemplo, estamos trabajando para ejecutar los nuevos planes de desarrollo y estos planes representan una oportunidad clave para asegurar que esas prioridades sean integradas en sus municipios y departamentos.
Estamos trabajando muy de cerca para integrar estos temas: justicia, paz, medio ambiente, inclusión, violencia basada en género. Hay mucha esperanza con este trabajo y en que vamos a tener unos años muy productivos y unas colaboraciones muy valiosas con esos mandatarios.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador