Víctimas en Córdoba y Antioquia ven esperanza en las Jornadas Móviles de Justicia

Vivir y recordar dinámicas violentas es una constante para diferentes comunidades de zonas rurales alrededor del país que se han visto inmersas en el amplio conflicto armado colombiano. Esto, sumado a la ausencia del Estado y la revictimización, se ha convertido en el pan de cada día para habitantes de corregimientos que exigen que la justicia se asome en sus territorios, un requerimiento que se ha aterrizado con más fuerza con la creación de las Jornadas Móviles de Justicia.

Esta iniciativa, liderada por los Sistemas Locales de Justicia, tiene como objetivo atender casos particulares y necesidades en los espacios rurales de diferentes municipios, llevando actores institucionales y organizaciones sociales civiles, no solamente para hacer pedagogía sobre rutas de atención de diferentes delitos, sino, también, para atender denuncias.

En abril de este año, por ejemplo, en el corregimiento de El Dos, en Turbo (Antioquia), 300 personas accedieron a servicios de justicia como orientación enfocada en la prevención del delito, acceso a canales de acción frente a la impunidad y la promoción de mecanismos alternativos en la resolución de conflictos, de la mano, también, de la Alcaldía del municipio. Durante esa jornada, que trasladó los servicios de las Casas de Justicia hacia la ruralidad, la Fundación Probono acogió más de 30 casos legales y, además, dos casos de violencias basadas en género fueron atendidos por organizaciones sociales civiles.

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Aunque en la mayoría de casos pareciera que las problemáticas que afrontan los municipios son similares, cada territorio cuenta con necesidades distintas. Por esa razón, las Jornadas Móviles de Justicia se proponen identificar esos aspectos diferenciales para, así, gestionar recursos de justicia disponibles y movilizarlos hacia las zonas rurales afectadas. A fin de cuentas, se busca que la ciudadanía alcance un efectivo acceso a la justicia y logre el reconocimiento de las instituciones del Estado que prestan servicios judiciales.

“Se busca que las comunidades de zonas rurales también obtengan información sobre trámites y reciban orientación psicosocial por parte no solo de instituciones estatales, también de organizaciones sociales”, le dijo a este diario Yeimis Paternina, quien le dio vida a Abrigando Sueños, una fundación que busca acompañar y respaldar a mujeres de la zona rural de Tierralta, en Córdoba. De acuerdo con Paternina, estas jornadas son también una forma de monitorear las zonas que han sido azotadas por el conflicto. Asegura que con los servicios de justicia, a las víctimas se les da la posibilidad de declarar sobre situaciones violentas que vivieron durante más de 50 años.

La fundadora de Abrigando Sueños aseguró que la violencia sexual y psicológica han sido algunas de las dinámicas que más han sufrido las mujeres en los municipios de Córdoba, por lo que dentro de sus funciones en las Jornadas Móviles de Justicia en ese departamento, acompañan a las víctimas desde diferentes frentes. Por ejemplo, llevan un récord de su situación jurídica que se acompaña ante las instancias judiciales. Además, brindan orientación y capacitación para denunciar estos casos y ofrecen atención psicológica.

De hecho, Abrigando Sueños hizo parte de una jornada móvil de justicia el 17 de mayo en Santa Fe de las Claras, en Puerto Libertador (Córdoba), junto a otras organizaciones feministas como Caribeñxs, y que contó con los servicios de la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía, la Defensoría, la Personería Municipal y la Unidad para la Reparación Integral de Víctimas, con el apoyo del programa de Justicia Inclusiva de USAID. Durante esta jornada se profundizaron, precisamente, temas de género, y se recibieron declaraciones al respecto sobre varios casos que se conocían pero que no habían sido reportados.

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Pero estas no son las únicas zonas de Córdoba en donde las Jornadas Móviles de Justicia hacen lo propio. El pasado 5 de abril se llevó a cabo, durante dos días, una jornada móvil en las veredas de Quebrada De Acosta, Corinto, Galones, Aguaditas, Nuevo Paraíso, Charúa, Bonito Viento, Juan León, Severinera y Pastos en el corregimiento de Santa Fe Ralito, en Tierralta. Esta zona, conocida por el pacto de Santa Fe de Ralito, mediante el cual el Gobierno firmó un documento que abría la puerta a las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2003, recibió atención por parte organizaciones e instituciones, donde se vieron beneficiadas más de 120 personas.

Durante esos dos días, además de brindar orientación y asesoría jurídica, se llevó a cabo una revisión de casos para conocer sus avances. “Los procesos han avanzado. A algunos miembros de la comunidad ya los han llamado para suministro de datos y otros ya han recibido la notificación de radicado”, señaló una lideresa de la región. De acuerdo con cifras de esa jornada, fueron 44 declaraciones tomadas en las que los ciudadanos aseguraron ser víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta que sus casos deben haber sucedido después del primero de enero de 1985 para ser inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV).

No obstante, para que este mecanismo judicial pueda llevarse a cabo y tenga éxito, es necesario contar con una planeación previa, donde se definen los actores que harán parte de la jornada, con base en las necesidades de la comunidad y las acciones que se requieren. Posteriormente se debe establecer un plan de difusión y convocatoria para desarrollar actividades que refuercen la aceptación de las jornadas. Y, finalmente, estas entran en una etapa de ejecución y monitoreo, donde se trata de hacer un seguimiento a los casos recogidos por los actores estatales y civiles.

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Así, este mecanismo puede ser de ayuda no solamente en casos de denuncia de conflicto o violencias basadas en género. Incluso, otros trámites como sacar un duplicado de la cédula o sacar por primera vez el pasaporte pueden ser parte de los servicios que ofrece esta iniciativa. En Envigado, por ejemplo, desde el 2 hasta el 6 de mayo se llevó a cabo una jornada móvil para el trámite del pasaporte.

Este mecanismo, que ha sido de ayuda para habitantes de zonas rurales que han sufrido el paso del conflicto armado, ha dejado resultados positivos, lo que hace más fácil que las jornadas se repitan, que al final es lo que buscan los actores que la componen. “Esta estrategia es fuerte para contrarrestar los efectos del conflicto que se traducen en altas cifras de víctimas. Con las jornadas, al menos, se les da la posibilidad de declarar”, concluyó Paternina.

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Vivir y recordar dinámicas violentas es una constante para diferentes comunidades de zonas rurales alrededor del país que se han visto inmersas en el amplio conflicto armado colombiano. Esto, sumado a la ausencia del Estado y la revictimización, se ha convertido en el pan de cada día para habitantes de corregimientos que exigen que la justicia se asome en sus territorios, un requerimiento que se ha aterrizado con más fuerza con la creación de las Jornadas Móviles de Justicia.

Esta iniciativa, liderada por los Sistemas Locales de Justicia, tiene como objetivo atender casos particulares y necesidades en los espacios rurales de diferentes municipios, llevando actores institucionales y organizaciones sociales civiles, no solamente para hacer pedagogía sobre rutas de atención de diferentes delitos, sino, también, para atender denuncias.

En abril de este año, por ejemplo, en el corregimiento de El Dos, en Turbo (Antioquia), 300 personas accedieron a servicios de justicia como orientación enfocada en la prevención del delito, acceso a canales de acción frente a la impunidad y la promoción de mecanismos alternativos en la resolución de conflictos, de la mano, también, de la Alcaldía del municipio. Durante esa jornada, que trasladó los servicios de las Casas de Justicia hacia la ruralidad, la Fundación Probono acogió más de 30 casos legales y, además, dos casos de violencias basadas en género fueron atendidos por organizaciones sociales civiles.

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Aunque en la mayoría de casos pareciera que las problemáticas que afrontan los municipios son similares, cada territorio cuenta con necesidades distintas. Por esa razón, las Jornadas Móviles de Justicia se proponen identificar esos aspectos diferenciales para, así, gestionar recursos de justicia disponibles y movilizarlos hacia las zonas rurales afectadas. A fin de cuentas, se busca que la ciudadanía alcance un efectivo acceso a la justicia y logre el reconocimiento de las instituciones del Estado que prestan servicios judiciales.

“Se busca que las comunidades de zonas rurales también obtengan información sobre trámites y reciban orientación psicosocial por parte no solo de instituciones estatales, también de organizaciones sociales”, le dijo a este diario Yeimis Paternina, quien le dio vida a Abrigando Sueños, una fundación que busca acompañar y respaldar a mujeres de la zona rural de Tierralta, en Córdoba. De acuerdo con Paternina, estas jornadas son también una forma de monitorear las zonas que han sido azotadas por el conflicto. Asegura que con los servicios de justicia, a las víctimas se les da la posibilidad de declarar sobre situaciones violentas que vivieron durante más de 50 años.

La fundadora de Abrigando Sueños aseguró que la violencia sexual y psicológica han sido algunas de las dinámicas que más han sufrido las mujeres en los municipios de Córdoba, por lo que dentro de sus funciones en las Jornadas Móviles de Justicia en ese departamento, acompañan a las víctimas desde diferentes frentes. Por ejemplo, llevan un récord de su situación jurídica que se acompaña ante las instancias judiciales. Además, brindan orientación y capacitación para denunciar estos casos y ofrecen atención psicológica.

De hecho, Abrigando Sueños hizo parte de una jornada móvil de justicia el 17 de mayo en Santa Fe de las Claras, en Puerto Libertador (Córdoba), junto a otras organizaciones feministas como Caribeñxs, y que contó con los servicios de la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía, la Defensoría, la Personería Municipal y la Unidad para la Reparación Integral de Víctimas, con el apoyo del programa de Justicia Inclusiva de USAID. Durante esta jornada se profundizaron, precisamente, temas de género, y se recibieron declaraciones al respecto sobre varios casos que se conocían pero que no habían sido reportados.

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Pero estas no son las únicas zonas de Córdoba en donde las Jornadas Móviles de Justicia hacen lo propio. El pasado 5 de abril se llevó a cabo, durante dos días, una jornada móvil en las veredas de Quebrada De Acosta, Corinto, Galones, Aguaditas, Nuevo Paraíso, Charúa, Bonito Viento, Juan León, Severinera y Pastos en el corregimiento de Santa Fe Ralito, en Tierralta. Esta zona, conocida por el pacto de Santa Fe de Ralito, mediante el cual el Gobierno firmó un documento que abría la puerta a las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2003, recibió atención por parte organizaciones e instituciones, donde se vieron beneficiadas más de 120 personas.

Durante esos dos días, además de brindar orientación y asesoría jurídica, se llevó a cabo una revisión de casos para conocer sus avances. “Los procesos han avanzado. A algunos miembros de la comunidad ya los han llamado para suministro de datos y otros ya han recibido la notificación de radicado”, señaló una lideresa de la región. De acuerdo con cifras de esa jornada, fueron 44 declaraciones tomadas en las que los ciudadanos aseguraron ser víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta que sus casos deben haber sucedido después del primero de enero de 1985 para ser inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV).

No obstante, para que este mecanismo judicial pueda llevarse a cabo y tenga éxito, es necesario contar con una planeación previa, donde se definen los actores que harán parte de la jornada, con base en las necesidades de la comunidad y las acciones que se requieren. Posteriormente se debe establecer un plan de difusión y convocatoria para desarrollar actividades que refuercen la aceptación de las jornadas. Y, finalmente, estas entran en una etapa de ejecución y monitoreo, donde se trata de hacer un seguimiento a los casos recogidos por los actores estatales y civiles.

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Así, este mecanismo puede ser de ayuda no solamente en casos de denuncia de conflicto o violencias basadas en género. Incluso, otros trámites como sacar un duplicado de la cédula o sacar por primera vez el pasaporte pueden ser parte de los servicios que ofrece esta iniciativa. En Envigado, por ejemplo, desde el 2 hasta el 6 de mayo se llevó a cabo una jornada móvil para el trámite del pasaporte.

Este mecanismo, que ha sido de ayuda para habitantes de zonas rurales que han sufrido el paso del conflicto armado, ha dejado resultados positivos, lo que hace más fácil que las jornadas se repitan, que al final es lo que buscan los actores que la componen. “Esta estrategia es fuerte para contrarrestar los efectos del conflicto que se traducen en altas cifras de víctimas. Con las jornadas, al menos, se les da la posibilidad de declarar”, concluyó Paternina.

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